ERC sale en apoyo de los empresarios en la guerra por los alquileres de Aena

ERC ha dado un paso al frente en la guerra que desde hace meses mantienen los comerciantes de los aeropuertos de toda España con Aena por los alquileres que la empresa pública, cuyo primer accionista es el propio Estado, les está cobrando y ha emplazado al Gobierno a tomar medidas para que el gestor aeroportuario se siente a negociar con sus inquilinos.

La formación catalana, que el pasado 19 de febrero ya inquirió al Gobierno por el hecho de que Aena estuviera cobrando el 100% de las rentas, ha redoblado su ofensiva con la presentación de una PNL (proposión no de ley) en la que pide excluir a Aena del real decreto de arrendamientos del pasado diciembre, al tiempo que insta a la empresa pública a que ajuste las rentas en proporción a la caída de tráfico, y ha presentado una nueva batería de preguntas al Ejecutivo, para que aclare cómo justifica que Aena esté dentro del RD si Adif se ha dejado fuera.

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Este movimiento llega en un momento especialmente crítico, ya que, a partir de mañana, Aena podrá empezar a ejecutar los avales a las empresas que han rechazado la propuesta de ajuste que les hizo y que, básicamente, consiste en cobrar el 100% de la renta mínima garantizada desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del año pasado, el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio, ya que a partir del 21 de ese mes y hasta el 31 de diciembre de 2020, su propuesta es una quita del 50%, que mantendrá hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%.

Los comerciantes critican que esta propuesta recoge un ajuste medio del 60% en 2020 y del 50% en 2021, cuando ya el año pasado la caída del tráfico en los aeropuertos de Aena fue del 72% y este está siendo mucho peor. Su postura se basa en negociar un acuerdo que ajuste las rentas a la caída real del tráfico de pasajeros, algo que ya se pactó el año pasado. Sin embargo, cuando iba a firmarse, Aena rompió la negociación alegando que estaba obligada a acogerse al real decreto, que fija un ajuste del 50%.

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Más allá de si es correcta es intepretación, ya que el real decreto marca este listón si no hay previamente un acuerdo entre las partes, es decir, defiende que previamente se busquen soluciones pactadas, el agravio comparativo que supone haber excluido a Adif y no a Aena, cuando ambas compañías están controladas por el Estado, la postura de ERC, que aboga por que Aena también quede fuera, es una vía para obligarla a negociar.

Los cinco mayores inquilinos de Aena, que representan el 90% de sus ingresos comerciales, han rechazado su propuesta y dos de ellos, Áreas y SSP, han logrado ya que dos jueces les admitan como medida cautelar que Aena no pueda ejecutar los avales. Estos dos autos han dejado en el aire 150 millones de ingresos que Aena se ha apuntado en las cuentas de 2020, sobre la base de que es una renta mínima garantizada y de que si hay impago puede ejecutar el aval.