Aena se enfrenta a un roto de 150 millones en sus cuentas por los reveses judiciales

Una cuarta parte de los ingresos comerciales que se ha apuntado Aena en sus cuentas de 2020 está en el aire. El operador aeroportuario comunicó la semana pasada al mercado que, a pesar del desplome del tráfico del 72,4% que sufrió por la pandemia del covid-19, había conseguido cerrar el ejercicio con una cifra de negocio de 4.503 millones, lo que supone una caída mucho menor, del 50%.

En esta cifra están incluidos 620,3 millones de euros correspondientes a las rentas mínimas garantizadas (RMGA) de los negocios (tiendas y restaurantes) que han rechazado la propuesta de ajuste de los alquileres realizada por la empresa pública.

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Entre las compañías que se han negado a suscribir la oferta de Aena, están Áreas y SSP, empresas que acaban de ver cómo la Justicia les ha dado la razón en su petición de que se ponga como medida cautelar impedir al operador aeroportuario ejecutar los avales que tiene como garantía del cobro de sus RMGA. En el caso de la primera, esta factura supera los 110 millones de euros, mientras que en el caso de la segunda, asciende a 40 millones.

Solo estos dos autos dejan en el aire, por tanto, 150 millones de ingresos que Aena se ha apuntado en sus cuentas, cantidad que se suma a otros procesos de menor tamaño, como el de Zea Retail, a quien un juez de Ibiza también aceptó su petición de cautelares hace mes y medio, primer pronunciamiento que hubo a favor de los inquilinos de los espacios comerciales de los aeropuertos, a los que, posteriormente, se han sumado tres más.

Pero el plato fuerte podría llegar de la mano de Dufry, compañía suiza propietaria de los 'duty free', y de su socio en las Islas Canarias, Canariensis, que son los primeros inquilinos de Aena. Los tres lotes en que se dividen todas las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos españoles suman unas RMGA de 350 millones, lo que unido a las posiciones de Áreas y SSP eleva a 500 millones el importe que se juega la compañía pública solo con estos cuatro clientes.

Dufry y Canariensis, por el momento, no han presentado acciones judiciales, ya que están negociando con Aena con base a una oferta que han hecho a la compañía. Si esta llegara a buen puerto, sería un punto de inflexión, porque abriría la puerta al resto de comercios, y si fracasara, dejaría el grupo aeroportuario a expensas de un nuevo revés judicial.

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A esto se suma que, en el auto que concede las cautelares a Áreas, el juez va más allá, al respaldar no solo que el precio que ha intentado facturar Aena por el 100% de la RMGA de 2020 es excesivo y que, por tanto, no puede ejecutar los avales, sino que, además, sostiene que el operador aeroportuario no puede desahuciar a estos negocios, ni impedirles presentarse a futuros concursos de Aena.

Fuentes jurídicas explican que, más allá de este auto, cabe la interpretación de que, desde el mismo momento en que se suspende la obligación de pago, por la aceptación de las cautelares, Aena ya no puede prohibir a estos negocios presentarte a nuevas licitaciones. Unos nuevos contratos que, como publicó este medio, se están sacando con descuentos del 90% para este año, y del 40% para el próximo, y en algunos casos basando todos los ingresos en las rentas variables, en vez de en las fijas, que son las que se están judicializando.

La postura de Aena

Desde la compañía pública (el Estado posee el 51% del capital) señalan que los autos de Áreas y de SSP han sido "inaudita parte", es decir, que el juez ha tomado esta decisión sin escuchar los argumentos de Aena, que ahora podrá recurrir esta decisión. La compañía siempre ha sostenido que, según sus auditores, puede apuntarse los 620 millones de RMGA al tratarse de una renta garantizada y con avales.

La propia empresa indicó en su presentación de las cuentas anuales que si todos los operadores comerciales hubieran aceptado su propuesta, "el importe de las RMGA pendientes facturadas en las actividades afectadas pasaría de los 620,3 millones de euros actuales a 179,5 millones de euros. El impacto en caja se produciría en 2021. En el ámbito de ingresos, la diferencia entre ambas cantidades (440,7 millones de euros) se ajustaría como un menor ingreso de manera lineal desde la fecha de los acuerdos y durante la duración de cada uno de los contratos afectados".

La propuesta del grupo presidido por Maurici Lucena consiste en cobrar el 100% de la renta mínima garantizada desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo del año pasado, el 0% desde que se decretó el estado de alarma y hasta la tercera semana de junio, ya que a partir del 21 de ese mes y hasta el 31 de diciembre de 2020, su propuesta es una quita del 50%, que mantendrá hasta el próximo 8 de septiembre, cuando volverá a cobrar el 100%.

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Sin embargo, el año pasado, la empresa propuso otra fórmula que establecía una relación proporcional entre el número de pasajeros y el RMGA, oferta que aceptaron firmar estas grandes empresas, pero que Aena retiró de la mesa a pocos días de terminar el año alegando que debía someterse a lo recogido en el real decreto de alquileres que se aprobó en diciembre.

A diferencia de los locales de calle o de los que están en los centros comerciales, en las tiendas de los aeropuertos, las empresas no firman sus contratos de alquiler con base en el precio del metro cuadrado de cada zona, sino que en estos negocios la clave son los pasajeros. A pesar de que este elemento es variable, los contratos reflejan unas elevadas rentas fijas o mínimas garantizadas, que se superan con el porcentaje de variable pactado gracias al excepcional tráfico que tiene la red de Aena.

Pero la pandemia y sus limitaciones a la movilidad han echado por tierra todos estos números y han llevado a los comercios a defender que se liguen los ingresos a la caída del tráfico, ya que no se espera que este se recupere hasta 2024.