Milagro de Colau: en vez de panes y peces, aparecen de golpe 3.000 motos eléctricas

El pasado julio, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, logró el milagro de los panes y los peces, pero con las motos eléctricas compartidas. De repente, aparecieron 3.000 nuevas licencias municipales que antes no estaban. Es decir, de un día para otro, las licencias de motos compartidas pasaron de 7.000 a 10.000, un aumento del 42%, que benefició a los operadores que ya estaban en esta situación. Ahora, esta información ha aflorado porque uno de los operadores que se consideran perjudicados ha demandado al ayuntamiento por la vía del contencioso administrativo.

Colau utilizó esta decisión unilateral para beneficiar a las empresas que ya estaban operando. En un principio, se había fijado la cifra en 381 motos por compañía. En la práctica, estaban operando muchas más. En vez de presentar un nuevo concurso o bien obligar al cumplimiento de la ley, tal y como se había marcado en un principio, se prefirió un juego de manos y aflorar las licencias de un día para otro.

Esto ha beneficiado a los operadores que ya estaban en marcha: Ecooltra, Acciona, Yego y Movo. Pero otros que habían llegado más tarde y que habían cumplido la ley, ya que tenían las motos que marcaba la norma y no muchas más, tal y como estaba pasando, ahora se ven perjudicadas. Y una de ellas, Tucycle Bikersharing, ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona.

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Las firmas que habían violado la ley, teniendo más motos compartidas que las licenciadas, se han visto beneficiadas por esta decisión. Las que habían cumplido la ley ahora no pueden competir por esas licencias, que en la práctica no han salido a concurso. Y de ahí nace este nuevo conflicto legal.

Los responsables de la decisión son dos personas del ayuntamiento. Uno es la concejala de Movilidad, Rosa Alarcón. Y luego, su mano derecha, el gerente de Movilidad, Manuel Valdés, que está investigado por Antifraude por un contrato a dedo de 1,2 millones de euros.

En la demanda presentada contra el Ayuntamiento de Barcelona, se solicitan medidas cautelarísimas, según la documentación de la causa a la que ha accedido El Confidencial. “La actuación municipal resulta aún más merecedora de la suspensión suplicada si se tiene en cuenta que el vertiginoso procedimiento de adjudicación mezcla de manera sorprendente las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios”, se señala en el texto del demandante.

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En la demanda, se denuncia que “parece evidente que el incremento de un 46% en el número de licencias debería haber seguido un procedimiento autónomo respecto al de su adjudicación. Todo indica que la Administración debería haber sometido la decisión de ampliar en 3.042 a un proceso de consulta con los operadores existentes, al objeto de conocer su opinión al respecto, opinión ciertamente relevante, dado que se trataba de una medida dirigida a ellos precisamente, que alteraba las condiciones del proceso de concurso convocado solo unos meses antes”.

Pulso en el capital

Este pulso legal no solo es entre la empresa perjudicada y Colau, sino también en el seno del capital riesgo que controla el grueso de las compañías que se han beneficiado de la mágica aparición de 3.042 nuevas licencias de la nada y para regular unas flotas de motos que estaban operando en la alegalidad. Ecooltra es propiedad en un 80% del fondo de capital riesgo Suma Capital. Yego ha dado entrada en su accionariado al fondo holandés de 'venture capital' Poonoc. Movo, por su parte, se encuentra en manos de Mutua Madrileña, Seaya Ventures y Cabify. Por su parte, Scoot, que también aparece en la demanda, es una multinacional de movilidad con sede en San Francisco que apostó por Barcelona para desplegarse en Europa. Tras la arbitrariedad de Colau, ha preferido retirarse de la ciudad. Su marcha fue efectiva el mes de agosto. Desde entonces, su aplicación ya no es operativa en la capital catalana.

Tras las empresas beneficiadas, están poderosos fondos de capital riesgo

Además, se ha denunciado ante Antifraude al Ayuntamiento de Barcelona por “connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes”. Es decir, por beneficiar de manera injusta a esas empresas controladas por el capital riesgo.

Gestión cuestionada

En la demanda, se cuestiona la gestión de Manuel Valdés en su calidad de gerente de Movilidad. Valdés ha asegurado a la GAIP —Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública— que “actualmente ni los mismos servicios municipales pueden tener de forma fiable el acceso en tiempo real” al número de motos compartidas operando en Barcelona, ni tampoco su ubicación exacta. Esta potestad era clave cuando se concedieron las licencias de motos compartidas.

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Este pleito es uno más de los que se afronta el equipo de Colau en su dos legislaturas. También pasó con los hoteleros, los promotores o los pisos turísticos. En la mayoría de las ocasiones pierde, como le pasó en el túnel de plaza de les Glòries, otra actuación de Valdés, pero como los costes legales corren a costa del consistorio, a la alcaldesa y su equipo les da igual.