Colau debe indemnizar con más de 4 millones a las constructoras de Les Glòries

El Ayuntamiento de Barcelona deberá pagar indemnizaciones de cuatro millones de euros a las empresas constructoras que comenzaron el polémico túnel de Les Glòries por haberles rescindido el contrato de la noche a la mañana, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. El concurso para realizar esa monumental obra fue convocado y otorgado por el Gobierno municipal de Xavier Trias, el antecesor de Colau, en marzo de 2015, pero los planos que el ayuntamiento entregó a las constructoras estaban equivocados, por lo que las obras se ralentizaron y se pusieron encima de la mesa sobrecostes de casi un 40%. Ahora, el juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona ha sentenciado condenando al consistorio.

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La obra había sido adjudicada a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Rogasa, Copisa, Comsa y Benito Arnó, por un monto de 60 millones de euros. Las deficiencias que se encontraron en las estructuras del subsuelo de Barcelona, así como el nuevo trazado del túnel en cuestión, habrían disparado los costes a casi 100 millones.

El 24 de abril de 2017, el consejo de administración de Bimsa decidió anular el contrato. Esta compañía es la firma pública municipal que se ocupa de la obra pública. La decisión levantó una monumental polémica, al tratarse de la anulación del contrato de una de las mayores obras de la ciudad de Barcelona durante la legislatura, así como una de las obras polémicas que tuvieron que ser pactadas con los vecinos. Con ello, sin embargo, Colau marcaba territorio y se apuntaba un tanto político de primera magnitud.

Las deficiencias que se encontraron en las estructuras del subsuelo y el nuevo trazado del túnel habrían disparado los costes a casi 100 M

El consistorio llegó incluso a comunicar que, por el retraso de las obras, pedía a las constructoras indemnizaciones que llegaban a casi cuatro millones de euros. Lo que escondía la alcaldesa era un informe de sus propios técnicos en que admitían que los fallos de los planos entregados a las empresas eran responsabilidad del mismo consistorio, por lo que la culpa no podía ser achacada a las constructoras.

Lo que ha de pagar el ayuntamiento

Estas compañías, a su vez, demandaron a Bimsa (y, de rebote, al equipo municipal) por la rescisión de contrato. En el fallo, se declara improcedente la resolución del mismo en abril de 2017, obligando al consistorio barcelonés a devolver a las compañías 3.030.647 euros (que les había retenido por daños y perjuicios tras rescindirles el contrato), además de establecer el pago de 574.628,12 euros “en concepto de mayor importe por obra ejecutada” y el pago de gastos indirectos que suman, en total, unos 480.000 euros.

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Todo ello eleva el pago a 4.080.000 euros en indemnizaciones, aunque fuentes cercanas a las empresas señalaron a El Confidencial que a esas cantidades habrá que añadirles el “lucro cesante”. Además, añade la sentencia, “en todos los casos, con los intereses legales desde la presentación de la demanda y, en los casos que sea aplicable, sin perjuicio del ajuste del 4% sobre el importe de la liquidación y con el IVA correspondiente”. La decisión, no obstante, puede ser recurrida a la Audiencia.

Las empresas habían solicitado la devolución de los más de tres millones de euros, además de casi 4,9 millones por la obra ya ejecutada y más de 1,9 millones en concepto de daños. La sentencia (los fundamentos de derecho tienen 32 puntos) establece finalmente unas cantidades menores. En su resumen, establece también que los retrasos de 12 meses en las ejecuciones de las obras fueron culpa del consistorio barcelonés, lo que rebaja la indemnización. También estima que el ayuntamiento ya había pagado más de un millón de euros de indemnización.

Las empresas habían solicitado la devolución de los más de 3 millones, además de casi 4,9 millones por la obra ejecutada y más de 1,9 millones por daños

La chapuza municipal no tenía precedentes: los técnicos de Barcelona habían puesto un túnel de Adif en el lugar que no correspondía y variaron el trazado de un colector. Debido a estas erratas del proyecto, cuando las constructoras comenzaron a horadar para hacer el túnel, se encontraron con las estructuras y tuvieron que paralizar las obras y proponer un nuevo trazado.

La alcaldesa de Barcelona aprovechó que el nombre de Bimsa y la obra de esta plaza aparecían en el sumario del 3% para dar un puñetazo en la mesa y rescindir el contrato. Lo que la Justicia está investigando es si por esas obras se pagaron comisiones del 3% a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La decisión política de zanjar una adjudicación sospechosa de estar ‘contaminada’ por el 3% le podía dar réditos políticos y, sin esperar más tiempo, Colau aprovechó para enterrar el concurso que había hecho su antecesor.

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Lo curioso es que las empresas que ganaron el nuevo concurso que convocó la alcaldesa tienen a sus espaldas un largo currículo de escándalos que dejan pequeños a los de las primeras adjudicatarias. Las nuevas obras fueron licitadas por 80 millones de euros, a los que había que añadir otros 14,8 millones por la urbanización del parque central de Glòries.

La decisión de Colau ha representado para las arcas públicas una notoria sangría, ya que la nueva licitación se acerca ya al coste total que hubiese costado el túnel después del desastre de los planos erróneos del ayuntamiento. Y eso sin contar que la liquidación de obra con las empresas expulsadas de Glòries ascendía a más de 38 millones de euros. Todo un récord para una obra que tendría que estar ya acabada y que, de momento, se prolongará hasta el año 2021.