Caos de licencias en Barcelona

'Pelotazo' en ciernes para especular con miles de licencias de motos de alquiler

El Ayuntamiento de Barcelona ha preseleccionado a 21 empresas para adjudicarles 7.000 licencias de motos de alquiler. Algunas de esas compañías denuncian intentos de especulación

Foto: Moto eléctrica de alquiler en Barcelona. (Imagen: Vesping)
Moto eléctrica de alquiler en Barcelona. (Imagen: Vesping)

Cuenta atrás para el que, si nadie lo impide, será un nuevo episodio de especulación a costa de la movilidad en las ciudades. Si primero fueron los taxis, luego las VTC, y más recientemente los patinetes, ahora le toca el turno a las motos eléctricas de alquiler. Y esta vez la gran afectada va a ser Barcelona. La ciudad adjudicó inicialmente a 21 empresas un lote de casi 7.000 licencias de motos compartidas, un negocio en el que hasta ahora apenas operaban tres empresas con cierto volumen. El consistorio no solo obligará a un reparto equitativo de permisos (348 por empresa) que, como en el caso de los patinetes en Madrid, puede abocar al cierre a muchas de las compañías, sino que además el sistema de participación en la adjudicación ha abierto las puertas a la especulación en el sector, con acuerdos 'bajo mesa' prohibidos por la regulación.

El Ayuntamiento de Barcelona publicó a comienzos de febrero la lista de las 21 empresas preseleccionadas y las reacciones fueron instantáneas. "De todos los modelos por los que podían haber optado, han escogido el peor", explicaba un directivo del sector a Teknautas días después de conocerse el reparto. Se refería a cómo la distribución 'salomónica' de 7.000 licencias entre 21 empresas (ahora 20 tras la renuncia de una de ellas, Tier Mobility) iba a conducirles al borde de la ruina. Empresas como eCooltra, la líder del sector con 2.300 motos en Barcelona, se verían obligadas a retirar de las calles más del 80% de su flota.

Lo que no sabía este directivo en ese momento es que varias de las 21 empresas seleccionadas comparten fundadores y accionistas, algo que prohíbe la regulación actual, y habrían acordado "reunir cuantas más licencias mejor" para luego especular con ellas, según ha podido confirmar Teknautas. Otras se crearon justo a finales de 2019 solo para participar en el concurso y otras han recurrido incluso a servicios de creación de empresas que, entre otras cosas, sirven para ocultar la verdadera identidad de los fundadores.

(Reuters)
(Reuters)

El caso más llamativo es el de dos de las 20 seleccionadas: Uualk y Arisharing. La primera está cofundada por Cristina Castillo Cerdà que, a su vez, es cofundadora de Reby Rides, la empresa de patinetes de alquiler que opera en Barcelona, Zaragoza y Gijón cofundada también por Pep Gómez, conocido por haberse enfrentado al Ayuntamiento de Barcelona por inundar sus calles de estos aparatos sin licencia ni permiso del consistorio. Reby es accionista además de Ari Sharing, por lo que las tres organizaciones tienen lazos empresariales directos, algo que choca con el artículo 15 de la nueva regulación del Ayuntamiento.

Empresan aspiranteFecha de constitución
114 sme Projects13 marzo 2017
2Acciona Mobility23 febrero 2000
3Ari Sharing15 octubre 2018
4Avant Fullstep4 julio 2019
5Boltest Txfy10 diciembre 2018
6Cooltra Motos16 marzo 2006
7Eco-Logía Turismo Sostenible21 febrero 2018
8Ecohibrid Protea20 mayo 2019
9Global Mobility Sharing29 octubre 2019
10Mobilitas Futuras (Movo)11 julio 2017
11Oiz Ridesharing30 octubre 2019
12Quasar Mobility14 noviembre 2018
13Respiro (Seat)14 marzo 2019
14Scoot Networks Iberia17 octubre 2017
15Talban Krup (City Scoop)24 julio 2019
16Tirkil Invest3 octubre 2019
17TuCycle BikeSharing1 julio 2017
18Uualk2 enero 2013
19Wind Shared Mobility6 marzo 2019
20Yego Urban Mobility23 mayo 2016

Este artículo establece que "las empresas aspirantes no podrán formar parte de un grupo de sociedades en los términos expuestos en el artículo 42 del Código de Comercio". Este segundo artículo señala a su vez que existe un grupo empresarial cuando "una empresa dominante posee la mayoría de votos sobre empresas secundarias o tiene la capacidad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración". No es la definición literal de lo que está ocurriendo entre Uualk, Airsharing y Reby pero, al compartir cargos y accionariado, las tres pueden actuar de forma coordinada para conseguir un objetivo común.

Las 'coincidencias' no acaban ahí. Otra de las 20 empresas seleccionadas, TuCycle BikeSharing, tiene un acuerdo comercial con Reby para operar sus patinetes en Gijón. Otra, Quasar Mobility, tuvo como antiguo administrador único a Juan Andrés García, actual apoderado y consultor financiero de Reby. Lo mismo ocurre con Ecohibrid Protea, cuyo antiguo administrador único, Guillem Pagés Giralt, es el otro cofundador de Reby. Más aún, Reby llegó a un acuerdo con otras de las dos seleccionadas, Ari Sharing (de la que es accionista) y TuCycle (con la que mantiene un acuerdo comercial) para "combatir el estacionamiento incontrolado de patinetes en Tarragona". En total, hasta 5 de las 20 empresas aspirantes a licencias tienen relación directa o indirecta con Reby. Es decir, casi 2.000 licencias de motos en manos de empresas con acuerdos directos o indirectos.

Motos de alquiler de Yego.
Motos de alquiler de Yego.

Fuentes consultadas señalan más relaciones no confirmadas entre otras empresas de la lista y elevan a 3.000 el número de licencias sujetas a posible especulación. "Existen relaciones objetivas entre varias empresas participantes en este procedimiento, y esto rompe la igualdad entre los operadores. Estas empresas están vinculadas mediante personas interpuestas, actuales y antiguos cargos. Ya son muchos los actores del sector que sospechan que han llegado a un acuerdo previo para presentarse en este proceso con el objetivo de conseguir más licencias. No sé si esta práctica se puede calificar de especulación en sí, desconozco los términos del supuesto acuerdo previo, pero sí sé que es una violación de las bases de este procedimiento", explica a este diario Benjamin Viguier, cofundador y consejero delegado de Yego, una de las 20 firmas preseleccionadas fundada en 2016.

Consultado por este diario, Pep Gómez, cofundador de Reby, asegura que ni su empresa ni otras empresas con las que tiene relación y han sido preseleccionadas por el Ayuntamiento de Barcelona estén cometiendo alguna irregularidad. "Nosotros no nos hemos presentado al concurso, ni directa ni indirectamnete, pero sí hemos hablado con compañías que lo han hecho para ver cómo podemos colaborar luego", explica Gómez, quien asegura que la única relación que tiene Reby con alguna de las empresas de la adjudicación es con Ari Sharing, de quienes reconoce son accionistas. "En el otro caso, el de Uualk, Cristina tiene ahí un porcentaje que no es mayoritario y tienen un mínimo porcentaje en Reby. Nada de esto está prohibido por el pliego de condiciones del Ayuntamiento. Nosotros no tenemos control directo ni indirecto sobre ninguna de las 20 empresas", remata.

"Por mucho que piensen que la literalidad de la regulación las ampara, la realidad es que no podrán gestionar estas licencias conjuntamente. El Ayuntamiento ha confirmado que cada operador tendrá que funcionar de forma independiente para la explotación de esas licencias, así que si el plan de estas compañías, como parece, es aunar 2.000 o 3.000 permisos en una sola plataforma, no lo podrán ejecutar sin perder las licencias", señala Viguier, de Yego.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (EFE)

Más allá de la estrategia de Reby y el cabreo de operadores existentes, como Yego o Cooltra, que llevaban ya casi 5 años operando y aspiraban a quedarse con todo el sector, sorprende la creación de varias empresas justo a finales de 2019, solo con la finalidad de presentarse a la licitación. Es el caso de Global Mobility Sharing, Oiz Ridesharing y Tirkil Invest. Esta última es aún más desconcertante: su administradora única es la licenciada en farmacia Rosa María Gorgues Rosset quien, según los datos del Registro Mercantil, es administradora única o socia en más de 4.000 empresas. Rosset es a su vez fundadora de Sociquick, una entidad que se dedica a la compra-venta de empresas, una actividad usada muchas veces para ocultar la identidad de los verdaderos impulsores de una compañía.

Consultados por este diario, el Ayuntamiento de Barcelona dice desconocer de momento ninguna supuesta irregularidad en el proceso de adjudicación. "Si la detectamos, actuaremos", añaden. El Consistorio dará a las compañías un plazo de 10 días desde la publicación de la nueva ordenanza en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) para presentar la documentación que acredite que cumplen todos los requisitos exigidos. Aún no se ha publicado en el BOPB, por lo que el plazo no ha arrancado, pero si las empresas no presentan la información o el Ayuntamiento detecta un intento de fraude, comenzarán las bajas. Ahora hay 20 empresas. Veremos cuántas llegan al final.

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