Revés judicial de Colau por el descontrol en las motos eléctricas compartidas

Primer revés del Ayuntamiento de Barcelona que encabeza Ada Colau por el descontrol en la concesión a los operadores de motos eléctricas compartidas. El juzgado de lo contencioso número 13 de Barcelona ha admitido las medidas cautelarísimas que había solicitado uno de los operadores al sentirse perjudicado por la decisión de ampliar de manera unilateral y sin concurso las licencias existentes en más de 3.000, tal y como avanzó El Confidencial. Ahora, el juzgado ha aceptado esta medida cautelarísima, con lo que buena parte de la flota que está dando servicio desde la alegalidad tendrá que dejar de hacerlo.

El auto del juzgado, al que ha accedido El Confidencial, falla lo siguiente: “Dispongo haber lugar a la adopción de la medida cautelarísima interesada por el procurador de los tribunales don Ignacio de Anzizu Pigem, en nombre y representación de doña Begoña Mardaras Gaztelurrutia, quien a su vez actúa en nombre y representación de la mercantil Oiz Ridesharing SL”.

Dicha medida suponía, según la resolución judicial, “que se suspendiese la ejecución de la resolución del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 2 de febrero de 2021, en cuanto que en la misma se otorgaba el plazo de 10 días para que la recurrente presentara ante la Administración demandada el modelo de declaración responsable de aceptación de condiciones para participar en el procedimiento de otorgamiento a precario de licencias temporales de uso común especial del dominio público”.

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Marcos Lamelas. Barcelona

El juzgado, sin embargo, ha rechazado la pretensión del demandante de que el ayuntamiento retirase las 3.042 motos eléctricas compartidas que hasta ahora estaban operando sin licencia municipal por entender el juzgado que “que la paralización del procedimiento en su integridad sí podría afectar al interés general”.

El ayuntamiento puede recurrir la decisión, pero ahora se inicia una batalla legal en la que salen perdiendo todos los operadores, no solo el demandante, y también los usuarios. El juzgado no ha condenado a ninguna de las partes en costas.

Las empresas perjudicadas son Ecooltra, que es propiedad en un 80% del fondo de capital riesgo Suma Capital, Acciona, Yego, que ha dado entrada en su accionariado al fondo holandés de 'venture capital' Poonoc, Movo que, por su parte, se encuentra en manos de Mutua Madrileña, Seaya Ventures y Cabify.

La movilidad, en pie de guerra

La movilidad se encuentra en pie de guerra en la capital catalana. El sector de los patinetes compartidos lleva esperando un concurso municipal desde 2019, pero tampoco llega. La regidora de Movilidad, Rosa Alarcón, apunta que podría ser para agosto. Pero no está claro. El estilo del ayuntamiento, para este y otros casos, es una cierta tendencia a la parálisis.

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El Ayuntamiento de Barcelona tiene un doble discurso al respecto. Por un lado, está intentando relegar los coches. Pero, por otro, las alternativas al vehículo privado van topando con problemas en la gestión de las concesiones, como está pasando con los patinetes y con las motos. El sector en estos ámbitos pide contundencia contra las empresas que operan sin licencia. Pero las multas no disuaden. La diferencia con las motos es que ahora la situación se ha judicializado y no empieza con buen pie para el consistorio.

Peligro en la demora

En los razonamientos jurídicos del fallo sobre el conflicto de las motos eléctricas de alquiler, se pone de manifiesto que "en caso de no adoptarse la medida cautelar interesada, la actora se vería abocada a presentar el modelo de declaración responsable requerido por la Administración demandada, que supondría, aceptando cuanto se refiere por la actora (y sin perjuicio de las manifestaciones que puedan realizarse 'a posteriori' por la Administración), que la misma tendría que aceptar las condiciones de adjudicación de las licencias como requisito para poder participar en el procedimiento de adjudicación de las mismas, y entre aquellas, tendría que renunciar a la prórroga de sesenta días desde el momento de concesión de las licencias que beneficiaba a empresas como la actora".

La empresa Tucycle Bikersharing ha demandado al Ayuntamiento de Barcelona porque, si bien no disponía de las motocicletas, esperaba poder fabricarlas en China. Pero al precipitar el consistorio la aparición de golpe de estas 3.042 nuevas licencias, no le daba tiempo a encargarlas y entonces la parte que le hubiera podido corresponder se repartía entre el resto de operadores.