Una propuesta que refuerza los barrotes de la cárcel para Junqueras y Sánchez

Una de cal y otra de arena. En el independentismo, alguien miente: o los que están en la cárcel o sus compañeros que están fuera, porque lo que unos niegan los otros lo ratifican. En el extenso documento que JxCAT y ERC han enviado a la CUP para que los antisistema se avengan a apoyar a un ‘president’ conservador, se contienen proyectos y afirmaciones que tanto el exvicepresidente Oriol Junqueras como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y candidato a presidente de la Generalitat, Jordi Sànchez, negaron reiteradamente ante el juez. Las propuestas de la hoja de ruta de la ANC aprobadas hace dos semanas y el plan de gobierno de JxCAT y ERC para atraer a la CUP certifican la permanencia en prisión de los encarcelados por rebelión.

Y es que en uno de sus primeros párrafos, el documento deja muy claro que “desde el Gobierno se impulsará un plan de gobierno de obediencia republicana”, por lo que el Govern que salga elegido abrirá un “proceso constituyente” para terminar rompiendo con España. A continuación, se detalla la estructura paralela que los independentistas quieren crear en Bélgica (a lo que se refieren con el eufemismo de Espacio Libre en el Exilio), con una Asamblea de Representantes por la República que dependerá del “muy honorable 'president' Puigdemont”, que es quien convocará en Bruselas su sesión constitutiva y será elegido primer presidente del Consejo por la República. Todo ello, claro, bajo la batuta de un candidato que obtuvo solo 940.000 votos en las últimas elecciones autonómicos (Oriol Junqueras obtuvo casi 930.000 e Inés Arrimadas, de Ciudadanos, más de 1.100.000 votos).

En su hoja de ruta se especifica que “en la presente legislatura se llevará a cabo un proceso constituyente que tendrá que ser de base ciudadana, transversal y participativo”. En la “fase cero” de ese proceso, “se autoimpulsará un pacto nacional constituyente, que tendrá que emplazar a todos los agentes cívicos, sociales y políticos”. Su misión será realizar acciones de “sensibilización” para articular, en una segunda fase, el foro social constituyente, con la misión de sistematizar las propuestas emanadas de la participación popular. Esta segunda fase de participación ciudadana tiene que concluir con una multiconsulta "donde la ciudadanía se pueda expresar en cada uno de los elementos fundamentales de los debates realizados”. Y las conclusiones de ese debate serán “las bases de una propuesta de constitución de la república catalana”.

Plegarse a los designios de la CUP

Lo asombroso de las propuestas es que son radicalmente opuestas a las que plantearon los miembros del Govern y los dirigentes sociales detenidos con motivo de la celebración del referéndum del 1 de octubre. El texto recoge incluso exigencias de la CUP, como la anulación de los conciertos escolares con colegios que segregan por sexo, la retirada de la Generalitat como acusación pública en algaradas callejeras o el control público de infraestructuras estratégicas. La propia inclusión del proceso constituyente o del foro social son imposiciones de los antisistema, así como la prohibición de desfiles militares o de actos de exaltación militar. Porque está claro que sin el apoyo de loa anticapitalistas no podrá haber ningún ‘president’ independentista en la plaza de Sant Jaume.

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Agencias

Todas estas medidas, después de los actos de contrición realizados por los exconsejeros, por el propio exvicepresidente Oriol Junqueras o por el candidato a ‘president’ Jordi Sànchez, suenan a burla y de la grande. Todos los que pasaron por el despacho del juez juraron que tanto la declaración de independencia como las medidas ilegales que pensaban tomar eran simbólicas y que su intención no era ni una proclamación efectiva de la república ni la ruptura de España. Pero tanto la hoja de ruta aprobada por la ANC como el documento que ahora presentan JxCAT y ERC a la CUP dicen lo contrario de lo que juran los presos. Las medidas han vuelto a ser puestas sobre el tapete y el independentismo ha lanzado un órdago al Estado de derecho y a la democracia. Y no son simbólicas, sino que están expuestas para ser aplicadas con toda su crudeza.

Ya lo decía Josep Lluís Carod-Rovira en una intervención reciente en una televisión local barcelonesa: el independentismo tiene que hacer una cosa “que seguramente será lo más difícil en estos momentos, que es decir la verdad a la gente”. Y todo ello porque “con el 47,5% [de los votos] puedes hacer muchas cosas, pero no tantas como quisieras. Nos tiramos a la piscina sin que hubiese agua suficiente”. Pero desde Bruselas se sigue jaleando el triple salto mortal desde el trampolín. Es el precio (muy alto) a pagar para tener un ‘president’ separatista.