Llarena se da 5 días para decidir sobre la investidura y amenaza el Pleno de Sànchez

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado este miércoles cinco días a las partes para que pronuncien sobre la petición del candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, de quedar libre o obtener permiso para acudir al Pleno de investidura que está previsto para el próximo lunes. El plazo dado a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox acaba el mismo lunes, fecha fijada para la sesión parlamentaria que debía arrancar a las diez de la mañana.

La decisión del magistrado amenaza los planes del Parlament. La fecha era una incógnita después de que este lunes el presidente del Parlament Roger Torrent, propusiera al expresidente de la ANC como candidato a la presidencia de la Generalitat. Nada más conocerse la petición de formulada por Sànchez, Torrent confirmó que el lunes 12 a las 10:00 se celebraría el pleno de investidura y la primera votación.

Sànchez solicitó ayer, y ha vuelto a hacerlo hoy, al TS que le deje en libertad para poder ser investido en un pleno que se celebrará el próximo 12 de marzo en el Parlament, alegando que su candidatura "es razón de peso suficiente" ​para pedirla y que su voluntad es respetar la "legislación vigente" siempre de manera pacífica. Alega, además, que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas están en libertad provisional a pesar de las "graves imputaciones" que se les atribuyen, mientras que él lleva más de cuatro meses en prisión.

Su defensa puso de manifiesto en su escrito su solicitud de que la cuestión se resolviera con la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en cinco días. Su abogado Jordi Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco.

"Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al 'caso Yoldi' y no desautorizará aquella decisión", arguye Pina. Y añade que "en un sistema constitucional mínimamente respetuoso con las libertades ciudadanas, riesgos difusos para el orden público no pueden legitimar nunca la anulación de derechos políticos elementales, ni alterar tampoco el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente".

"Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político", sentencia. También defiende que, tal jurisprudencia, evidencia que los derechos políticos no pueden limitarse "hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente" pueda presentar su candidatura ante una cámara parlamentaria por muy graves que fueran los delitos imputados.

La experiencia previa del 'caso Yoldi', añade Pina, "demuestra que, pese a las interesadas voces de alarma, la asistencia al pleno se desarrolló con absoluta normalidad y el sistema constitucional español pudo dar una lección al mundo de respeto a los derechos humanos y a la democracia". Por ello, rebate "el (supuesto) peligro para la seguridad pública que puede entrañar la conducción del candidato a la sede parlamentaria", y rechaza que puedan producirse tumultos.