el pleno comenzará a las 10:00

Jordi Sànchez pide salir de prisión para ser investido 'president' el 12 de marzo

Lo ha hecho en un escrito al juez, en el que pide que se le ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno. Si no se hace, dice, se vulneran sus derechos

Foto: El expresidente de la ANC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. (Reuters)
El expresidente de la ANC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez. (Reuters)

El número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo que le deje en libertad para poder ser investido en un pleno que se celebrará el próximo 12 de marzo en el Parlament, alegando que su candidatura "es razón de peso suficiente" ​para pedirla y que su voluntad es respetar la "legislación vigente" siempre de manera pacífica. Alega, además, que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el expresidente de la Generalitat Artur Mas están en libertad provisional a pesar de las "graves imputaciones" que se les atribuyen, mientras que él lleva más de cuatro meses en prisión.

La fecha del pleno era una incógnita después de que este lunes el presidente del Parlament, Roger Torrent, propusiera al expresidente de la ANC como candidato a la presidencia de la Generalitat. Nada más conocerse la petición de Sànchez, Torrent ha confirmado que el lunes 12 a las 10:00 se celebrará el pleno de investidura y la primera votación.

En un escrito enviado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, Sànchez solicita que se le ponga en libertad provisional de manera "inmediata" o que se le conceda un permiso para acudir en persona al pleno. Considera, además, que permitirle acudir a su investidura es "la manera más adecuada de garantizar" no solo el "pleno respeto" a su presunción de inocencia, a sus derechos políticos y a los derechos de quienes le han elegido, sino también de "preservar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas" y la "legitimidad democrática" del próximo Govern de la Generalitat. De no hacerlo, "se vulnerarán sus derechos y los de sus millones de votantes" y "se violentaría la voluntad mayoritaria de la Cámara", ya que es el candidato que cuenta con el apoyo de más diputados.

Sobre la posibilidad de que Llarena justifique su negativa de permitirle acudir al pleno para evitar posibles tumultos y actos violentos, la defensa de Sànchez, Jordi Pina, advierte de que estos pueden producirse incluso si se toma esta decisión. "Si el clima social en Cataluña es realmente tan inflamable como parece sostenerse, ¿no existe acaso también riesgo de desórdenes públicos si se impide investir al candidato con mayor apoyo parlamentario?", cuestiona. Por tanto, se argumenta que "no existen razones sólidas" parar sostener la idea de que denegar la libertad es una garantía para preservar el orden público.

Colaboración y respeto al Constitucional

La defensa también recuerda que el candidato a la presidencia ha colaborado de manera activa con la Justicia, por lo que no existe un riesgo de reiteración delictiva. En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, se enumeran las ocasiones en que Sànchez ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo. Además, se argumenta que en todo este tiempo en el que ha estado privado de libertad en ningún momento ha incitado a otros a cometer actos de violencia, porque si realmente esta hubiera sido su "voluntad" lo habría hecho "en sobradas ocasiones dando órdenes a terceros", ya que ha podido comunicarse oralmente y por escrito con decenas de personas desde su ingreso en prisión. Para reforzar esta idea, se recuerda que "en todo momento los breves mensajes que ha podido dirigir a la opinión pública han expresado su firme propósito de preservar la paz social".

Jordi Sànchez pide salir de prisión para ser investido 'president' el 12 de marzo

Por ello, se reitera que su actitud "es una muestra evidente de la voluntad" de Sánchez y de Junts per Catalunya "de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido". "Si realmente la voluntad de mi mandante hubiera sido la de rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo al señor Puigdemont".

Pero la defensa del diputado de JxCAT no solo pide su libertad porque se celebre la investidura en seis días, sino que pone en tela de juicio la decisión del juez Llarena de dejar en libertad provisional a Marta Rovira y a Artur Mas, a pesar de haber cometido graves delitos, mientras su defendido continúa en la cárcel. "¿Cómo justificar el mantenimiento en prisión de mi mandante, que solo era líder de una asociación cívica y que, por carecer de la condición de autoridad o funcionario, no puede ser, de entrada, autor de varios de los delitos imputados en la causa, como la desobediencia, la malversación o la prevaricación?", se pregunta. Pero va a más, ya que asegura que "no acierta a comprender" esta disparidad entre las decisiones judiciales, preguntándose "cuál es la razón para un tratamiento tan radicalmente desigual" entre Sànchez y el resto de diputados, entre los que nombra a Jordi Turull, Carme Forcadell y Raül Romeva, entre otros.

Precedente: el etarra Juan Carlos Yoldi

En el escrito también se recuerda que existe un precedente a la situación actual de Jordi Sànchez. En 1986 la Audiencia Territorial de Pamplona permitió al miembro de ETA y parlamentario de Herri Batasuna Juan Carlos Yoldi acudir a la sesión de investidura como candidato a lendakari. "El tribunal decidió en conciencia que
no podía dejar de amparar los derechos fundamentales de un ciudadano que, pese a la gravedad de las imputaciones que pesaban sobre su persona, merecía ser tratado como inocente a todos los efectos", apunta el texto, que señala que este gesto demostró "gran valentía" por parte de la Justicia.

Si finalmente no se permite a Sànchez acudir al pleno de investidura, se recuerda al juez Pablo Llarena que España protagonizaría "un lamentable paso atrás" en materia de protección de los derechos civiles y políticos, que nos situaría "ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

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