Así es Carmen Lamela, la jueza que envió a prisión al Govern, a Rosell y a los de Alsasua

Discreta. Así la describen sus compañeros de profesión. Y no es de extrañar: rara vez se la ve ante los medios. Carmen Lamela Díaz (1961) es jueza de la Audiencia Nacional, donde desde octubre de 2015 es titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, en sustitución de Juan Pablo González. La jueza Lamela se licenció en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas en 1984 y dos años después ingresó en la judicatura, trabajando en el Juzgado de Primera Instancia de Orihuela.

Pasó de juzgado de instrucción en juzgado de instrucción hasta que en 1997 llegó a la Audiencia Provincial de Madrid. No fue hasta 2010 cuando su nombre comenzó a sonar para la Audiencia Nacional, en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) buscaba sustituto para Baltasar Garzón, suspendido (por primera vez) por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello. Junto al de Lamela sonaban también los nombres de Carmen Rodríguez-Medel y de Pablo Ruz, siendo este último el que finalmente consiguió el cargo.

La magistrada estuvo a punto de sustituir a Baltasar Garzón después de ser suspendido

A la Audiencia se incorporó finalmente en 2014, primero en comisión de servicios en la sala de lo Penal para después llegar al cargo que ostenta actualmente. Entre los casos que ha instruido destaca el de Abengoa, contra el expresidente Felipe Benjumea y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez, por falsear cuentas de la entidad. La jueza Lamela también instruyó el caso sobre blanqueo de capitales del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, al que llevó a prisión.

También envió a la cárcel a tres de los ocho detenidos por la agresión a un teniente y a un sargento fuera de servicio y a sus respectivas parejas en octubre de 2016 en un bar de la localidad navarra de Alsasua. De los siete que entraron en prisión inicialmente, la magistrada dejó en libertad a cuatro de ellos, manteniendo a los otros tres —Oihan Arnanz, Adur Ramírez y Aratz Urrizola— en prisión desde hace más de un año. Fue Lamela la que ratificó su postura de que la agresión a los agentes constituye un delito de terrorismo, en concurso ideal con lesiones, atentado y delito de odio.

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Después de Abengoa y Alsasua, el 'caso estrella' de la jueza ha sido el presentado por la Fiscalía contra todo el Govern después de la manifestación del 20 de septiembre y del referéndum del 1 de octubre, que llevó a la Generalitat de Carles Puigdemont a declarar unilateralmente la independencia. Eso sí, antes de avanzar en el caso que ha llevado a medio Govern a prisión, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, decidió sumar a Lamela a la lista de sus premiados.

Recién asumida la investigación por un delito de sedición contra los promotores del referéndum y de las protestas del 20-S, los presidentes de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y en vísperas del Día de los Ángeles Custodios (2 de octubre), la magistrada recibió la medalla al mérito policial. Lo mismo ocurrió el año anterior: Lamela recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil en octubre, el mismo mes que asumió la investigación del caso de la agresión de Alsasua.

Lamela vs. Govern

Después de considerar que Cuixart y Sànchez habían tenido un "papel esencial" en la planificación de la independencia de Cataluña, fue Lamela la que decretó prisión sin fianza para ambos, al entender que existía un riesgo muy alto de que reincidieran en el delito de sedición que se les imputa. A raíz de este momento, desde el propio Govern —y también entre la sociedad, no solo entre la parte más independentista— han lanzado una campaña de apoyo a la libertad de 'los Jordis', que ha alcanzado incluso a diferentes clubes de fútbol, como el propio Lleida.

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No pasó ni un mes hasta el momento en el que medio Govern siguió los pasos de 'los Jordis'. Después de declarar la independencia de Cataluña —esta vez, sin suspensión inmediata—, Puigdemont y algunos de los miembros de su Gobierno se trasladaron a Bruselas, desde donde buscan legitimidad a sus acciones mientras el Gobierno central continúa con la aplicación del 155 para hacerse con el control de la Generalitat y regresar "a la legalidad y a la constitucionalidad".

Fue desde Bruselas desde donde Puigdemont escuchó las querellas por rebelión presentadas en su contra desde la Fiscalía. Y también desde Bruselas donde vio entrar a ocho de sus 'exconsellers' en prisión, entre ellos su 'número dos', el 'exvicepresident', Oriol Junqueras. Después de citar a declarar a trece exintegrantes del Govern —cinco de los cuales, entre ellos el propio Puigdemont, no se presentaron—, Lamela ordenó el ingreso en prisión de los que sí lo habían hecho, dejando a Santi Vila fuera del 'pack' de los que recibían prisión sin fianza y otorgándole la posibilidad de pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.