La jueza rechaza ampliar el caso Abengoa a la falsificación de las cuentas de la sociedad

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha rechazado ampliar su investigación contra el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez, por falsear las cuentas de esa entidad. La instructora ha rechazado igualmente tomar declaración como investigado (imputado) al exministro de Obras Públicas y presidente de la comisión de nombramientos de la energética, Josep Borrell, al que los querellantes señalan como la persona que autorizó los pagos -11,4 millones para Benjumea y 4,4 millones para Sánchez- que recibieron al abandonar la entidad y que dieron origen al caso. La magistrada considera que los nuevos hechos planteados por los dos bonistas querellantes no tienen nada que ver con el objeto del proceso: el cobro de millonarias indemnizaciones conociendo la pésima realidad económica de la empresa.

La ampliación de la querella solicitaba que se ampliara la investigación judicial contra ambos ejecutivos de Abengoa al considerar que habrían falseado los estados contables de Abengoa. El escrito relataba como, mientras que al inicio del ejercicio de 2015, la empresa mostraba una situación económica muy buena, en noviembre de ese mismo año, entró en preconcurso de acreedores. La ampliación imputaba a Bejumea y Sánchez dos nuevos delitos societarios al considerarlos responsables de esas falsedades. Hasta ahora, la investigación judicial que dirige Lamela se basa en los delitos de administración desleal (por el que responden ambos) y el de uso de información privilegiada, dirigido contra Sánchez, que, según la juez, habría utilizado los datos sobre la situación real de la compañía en su nuevo puesto en la gestora de fodos Blackrock, que atacó la cotización de Abengoa a la baja.

Borrell "no guarda relación" con los hechos

La ampliación también señalaba al exministro socialista de los gobiernos de Felipe González y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, como máximo responsable de la comisión de nombramientos y retribuciones de Abengoa. Bajo su presidencia de ese órgano, según los querellantes, "se elaboraron y suscribieron los contratos que vinculaban como consejeros ejecutivos a los investigados con la sociedad". Los bonistas no entienden "cómo se autorizó el pago de las cantidades percibidas por los investigados" sin que se reflejaran en esos contratos, sobre todo cuando la empresa "se encontraba en una situación de crisis insolvencia que ahora se ha destapado" y por eso pedían su declaración como investigado (imputado).

Sin embargo, Lamela rechaza las pretensiones de los querellantes al considerar que esos nuevos hechos, la falsedad de la situación financiera de la entidad, "no guardan relación alguna" con los delitos de administración deseleal y uso de información privilegiada que se investigan. Respecto a Borrell, la jueza asegura que "la nueva querella" se dirige "contra otras personas no investigadas hasta el momento (...) y se refiere a hechos distintos y sin conexión alguna con los investigados". Como el fiscal, la instructora considera que incluir esos nuevos delitos en la investigación provocaría "un retraso injustificado en la instrucción del procedimiento".

Sí admite nuevas pruebas

El rechazo, sin embargo, no implica que la jueza rechace todas las diligencias que se solicitaban con la ampliación. En concreto, solicita a Blackrock el contrato de trabajo de Sánchez así como cualquier documento que recoja los bonus que pueda percibir, una declaración jurada de Blackrock en la que se recoja que las retribuciones del exconsejero delegado de Abengoa se limitan a las recogidas en ese contrato y otra declaración jurada del propio Sánchez en la que explique las funciones que le competen como empleado de la gestora de fondos. Esas pruebas "servirían para acreditar (...) el posible conflicto de intereses con Abengoa", afirma la resolución.

A Abengoa, Lamela le pide la reunión del consejo de administración del 23 de septiembre de 2015 en la que cesó Benjumea; el contrato firmado por éste y la compañía para que asesore al nuevo presidente, al vicepresidente y se le permite seguir asistiendo a las reuniones del consejo de administración; y los anexos de los contratos firmados por Benjumea y Sánchez en los que se vinculaban a la entidad como consejeros ejecutivos. Todo ello, según la jueza, aclararía "la condición en la que permaneció el expresidente en Abengoa tras haber cesado en la misma y cobrado la indemnización, lo que es esencial a l ahora de acreditar la comisión del delito de administración desleal".