ERC varía su hoja de ruta para dar cabida al referéndum anunciado por Puigdemont

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) asume ya, definitivamente, un referéndum de independencia para finales del verano de 2017, justamente antes de unas 'elecciones constituyentes’. “Nuestra hoja de ruta sigue siendo la misma, pero la hemos enriquecido con la consulta. Siempre hemos dejado una puerta abierta a ir adaptándola. El del referéndum es un paso más, pero eso no quita que esa hoja de ruta continúe siendo inalterable”, explica a El Confidencial Sergi Sabrià, portavoz de ERC.

Los pasos de la estrategia de Esquerra son culminar el último periodo a través de diversas etapas: una declaración de inicio del proceso de independencia, la convocatoria de elecciones constituyentes antes del referéndum de ratificación de la nueva Constitución, el establecimiento de un Gobierno de concentración y la negociación con España para el reparto de activos. Estos eran los pasos iniciales de esa hoja de ruta, que ya se vio modificada tras el 27 de septiembre de 2015 a causa del resultado de las urnas, puesto que Junts Pel Sí (JxSí), la plataforma que engloba a ERC y a Convergència, no obtuvo mayoría absoluta. Pero, sustancialmente, la meta y la estrategia de la última fase continúan casi inalterables. Solo cambia la incorporación del referéndum, fruto de la presión de la CUP, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural.

En los próximos meses, el encargo del Gobierno es crear las estructuras de Estado necesarias para que Cataluña pueda funcionar por sí sola. Ahí entra, por ejemplo, la creación de la Agencia Catalana de la Seguridad Social, que se ampara en una de las tres leyes de desconexión. Pero crear esa agencia es solo una parte del trabajo, puesto que deberá ir acompañada de un nuevo marco de relaciones laborales y otras estructuras, como la Agencia Catalana de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Agencia Catalana de Investigación e Innovación en Salud, la Agencia Catalana de Formación Profesional o el Consejo de Enseñanza. Algunas fuentes de ERC sitúan la culminación de estas estructuras en el primer trimestre de 2017.

La Agencia Tributaria Catalana es otra de las estructuras básicas, cuya ley se está elaborando actualmente. Pero en el ámbito económico, ha de ir acompañada con otras iniciativas, como un banco central y un banco público de desarrollo (creado a partir del Instituto de Finanzas de Cataluña, el ICF), un Consejo Fiscal de Cataluña, Aduanas de Cataluña, la Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria (que integrará el Catastro, el Registro de la Propiedad y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña), la Oficina de la Propiedad Intelectual, la Autoridad Catalana de Inversiones y Mercados, la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional, la Agencia Catalana del Medio Ambiente y el Territorio, el Centro Catalán de Garantía Agraria, el Centro de Seguimiento de la Pesca y los Asuntos Marítimos, un operador del mercado energético, la Comisión de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica y una institución que sustituya al CSIC.

El cambio de marco jurídico

La Ley de Transitoriedad Jurídica es la última de las tres grandes leyes de desconexión, que servirá para cambiar el marco legal español y sustituirlo por uno exclusivamente catalán. De su aplicación saldrán, pues, la convocatoria del referéndum y el encargo de redactar una Constitución catalana al Parlamento que salga elegido en unas hipotéticas elecciones constituyentes. Además, deberá desarrollar otras estructuras de gobernanza, como la creación de un nuevo sistema de justicia, la creación de una Agencia Catalana de Inteligencia y una Agencia Catalana de Ciberseguridad, la creación del Registro de Empleados Públicos de las Administraciones Catalanas, el nuevo DNI, una autoridad reguladora en materia de comunicación audiovisual, el Registro de Entidades Religiosas, la reforma de las estructuras exteriores para convertir “la red de delegaciones de la Generalitat en una verdadera red diplomática y consular”, las leyes de Acción Exterior, de Tratados Internacionales y de Cooperación Internacional, e incluso puede dar cabida a una nueva Ley Electoral.

El nudo gordiano del proceso está precisamente en convocar un referéndum en verano de 2017. “Si ganamos el referéndum, se inicia la última fase del proceso constituyente. Si perdemos, se convocan elecciones también. Lo que tenemos claro es que no puedes hacer el referéndum y después no convocar elecciones”, subraya Sergi Sabrià. El dirigente republicano, en cambio, asegura: “Me cuesta mucho situarlas en el tiempo. En realidad, no sabemos cuándo puede ser la fecha de esas elecciones”. Pero de lo que no hay duda es de que las elecciones se adelantarán y, muy posiblemente, se convocarán en 2017. Serán las cuartas autonómicas desde 2010.

"Lo que tenemos claro es que no puedes hacer el referéndum y después no convocar elecciones”

El presidente catalán, Carles Puigdemont, situó el referéndum en la segunda quincena de septiembre de 2017. Incluso se ha hablado del 17 o el 24 de ese mes, pero en realidad no hay nada decidido. “Ya se verá, hay muchas variables que hemos de tener en cuenta y la hoja de ruta no establece fechas concretas”, añade Sabrià. Lo cierto es que la fecha de finales de junio para tener a punto las estructuras de Estado coincide con la convocatoria poco después del referéndum y la celebración de este en septiembre.

Hacia las elecciones constituyentes

Para poder culminar esa estrategia, es vital la Ley de Transitoriedad Jurídica. La hoja de ruta de ERC detalla que esa norma declarará “la continuidad, salvo excepciones, de la aplicación del derecho autonómico catalán, del derecho español, del derecho de la UE y del derecho internacional. También prevé la continuidad —mediante subrogación— de los contratos del Estado y de la Generalitat, y la posibilidad de que los funcionarios y el personal laboral que presten sus servicios en la Administración del Estado en Cataluña puedan integrarse en la Administración del nuevo Estado. Inmediatamente después de la entrada en vigor de este nuevo marco jurídico transitorio, se aprobará la Ley del Proceso Constituyente, que regulará la fase parlamentaria y refrendaria del proceso de elaboración y aprobación de la Constitución. Posteriormente, se iniciará la segunda fase del proceso de elaboración de la Constitución del nuevo Estado independiente, con la convocatoria de unas elecciones constituyentes en un periodo máximo de 18 meses desde la celebración de las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre”.

Evidentemente, los 18 meses de que habla la hoja de ruta “son flexibles”, ya que de lo contrario hubiera tenido que haber culminado el proceso en marzo de 2017. Sin embargo, “la formación del Gobierno fue en enero, por lo que se ha de contar a partir de entonces. Y eso nos lleva al verano del año que viene”, explica un diputado de ERC en el Parlamento catalán.

El referéndum encajaría inmediatamente después de la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y antes de las elecciones. Luego, los independentistas piensan ganar de calle y convocar las elecciones constituyentes, cuya principal misión será “constituir la ponencia constitucional”, que ha de discutir y aprobar la nueva Constitución.

Peligro conjurado

¿Y qué pasa si el Tribunal Constitucional anula las decisiones tomadas? “No pasa nada. Cuando se apruebe la Ley de Transitoriedad, el marco jurídico habrá cambiado y Cataluña ya no dependerá de las leyes y las instituciones españolas”, dice a este diario otra fuente de ERC. Y, como si fuese una pescadilla que se muerde la cola, destacan que cualquier intervención del Gobierno central para recortar poderes a la Generalitat será respondida con las leyes de desconexión, que de ese modo anulan el marco jurídico español. Es decir, que las leyes anuladas por el TC son precisamente las que se utilizarán para blindar la desconexión de Cataluña con España. Y peligro conjurado… sobre el papel, claro.

"Cuando se apruebe la Ley de Transitoriedad, el marco jurídico habrá cambiado y Cataluña ya no dependerá de las leyes y las instituciones españolas”

En su propia hoja de ruta, la formación señala que “en el caso en que el Estado español, mediante decisiones políticas o jurídicas, bloquee el autogobierno de Cataluña, el Govern y el Parlament procederán a la proclamación de la independencia y a la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica. El proceso de creación del nuevo Estado independiente culminará con la aprobación de la Constitución por referéndum”.

Lo cierto, sin embargo, es que el proceso ya avanza renqueante. La previsión de ERC de que tras el 27-S debería hacerse un “Gobierno de concentración abierto a todas las fuerzas políticas dispuestas a implementar el mandato a favor de la independencia” es una quimera. Habría de ser “un Gobierno que cuente con la máxima estabilidad y el máximo apoyo parlamentario”. De momento, lo que tiene es un Gobierno en minoría apoyado por quebradizos pactos con la CUP. Para empezar, Puigdemont ni siquiera pudo aprobar los Presupuestos de 2017. Y luego tuvo que someterse a una cuestión de confianza el pasado 28 de septiembre para poder continuar. Además, entre CUP y JxS suman una ajustada mayoría de 72 escaños (la mayoría absoluta se sitúa en 68). El ‘procés’ pende de un hilo. Su debilidad política es solo comparable a su debilidad jurídica. De ahí que la prioridad de los partidos independentistas sea trabajar para el fortalecimiento social o, por mucho que porfíen, saben que será imposible desengancharse de España.