El ‘procés’ avanza

Cataluña ya tiene la primera ley rupturista: romperá la caja de la Seguridad Social

Esa Seguridad Social se esconde detrás de la Agencia Catalana de Protección Social, que al final del ‘procés’ tendrá que romper la caja única e iniciar su propio camino

Foto: El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa. (EFE)
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa. (EFE)

Cataluña ya tiene la semilla de su futura Seguridad Social. Es el germen de una de las tres principales “estructuras de Estado” que los independentistas consideran necesarias para proceder a la desconexión con España. Esa Seguridad Social se esconde detrás de la http://Agencia Catalana de Protección Social, que al final del ‘procés’ tendrá que romper la caja única e iniciar su propio camino. Las otras dos estructuras básicas son la Agencia Tributaria Catalana y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

De momento, sin embargo, la primera piedra está puesta, ya que este martes se entregó al Parlamento autonómico la primera ley rupturista, fruto de la colaboración de Junts Pel Sí (JxS), la coalición que integran Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y Esquerra Republicana (ERC), y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). El texto entregado iba firmado por el presidente del grupo de JxS, Jordi Turull, su portavoz, Marta Rovira, la presidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya, y la portavoz de este grupo, Anna Gabriel. La Agencia pretende gestionar “todas las prestaciones sociales que hay en Cataluña”. El texto ya pactado establece la estructura de este organismo y deja para una segunda fase una ley que detalle la definición del modelo de agencia.

“El sistema de protección social ha de ser uno de los sistemas de Estado del bienestar, conjuntamente con el sistema de salud, el sistema de educación y otras actuaciones públicas dirigidas al empleo y a la vivienda, con el objetivo de garantizar las necesidades básicas de la ciudadanía”, dice el texto.

El nuevo organismo, según el organigrama aprobado por los independentistas, tendrá un presidente (nombrado por cinco años, los mismos que se espera que tengan las legislaturas en la Cataluña independiente, según los borradores de Constitución que hay), un director, un consejo general, un consejo asesor y un consejo de participación.

Manifestación en contra de la suspensión de varias leyes catalanas por el Tribunal Constitucional. (EFE)
Manifestación en contra de la suspensión de varias leyes catalanas por el Tribunal Constitucional. (EFE)

 

El presidente será nombrado por el Parlamento a propuesta del Gobierno de la Generalitat. El consejo general estará formado por el presidente del organismo, el consejero del que depende, el secretario o secretaria y 15 vocales nombrados por el Gobierno por un periodo de cuatro años no prorrogables. Este consejo habrá de reunirse al menos cuatro veces por año. El consejo asesor tendrá un máximo de 25 vocales designados por el consejero del ramo y que representen a instituciones académicas o de investigación de los colegios y organizaciones profesionales.

El consejo de participación tendrá un máximo de 20 vocales designados por cuatro años y elegidos por el consejero. La ley no especifica las funciones de este consejo y se limita a decir que “es el principal instrumento de colaboración ciudadana en la definición de los objetivos propios de la Agencia”. Sin embargo, emplaza a que el Gobierno convoque en un plazo máximo de tres meses a los agentes económicos y sociales “para la elaboración de un Pacto Nacional para la Protección Social desde donde se afronten los retos en el corto y medio plazo en materia de protección social en Cataluña, así como las bases del Sistema Catalán de Protección Social”.

El ‘procés’ avanza

Para el diputado Chakir El Homrani (JxS), uno de los redactores de la ley, este órgano es “una agencia pública, moderna, participada por los agentes sociales y económicos, con un control parlamentario permanente. La agencia gestionará toda la protección social en Cataluña y está preparada para gestionar todas las competencias que iremos adquiriendo en el camino hacia la república”.

La diputada de la CUP Anna Gabriel. (EFE)
La diputada de la CUP Anna Gabriel. (EFE)

Y no solo eso: con su entrada en el Parlamento, el Gobierno catalán visualiza que el ‘procés’ no se para. En estos momentos, ha de visibilizar claramente su apuesta por la hoja de ruta rupturista por varios motivos: primero, porque la CUP le acaba de dar un toque con la aprobación de una ponencia política donde exige al Gobierno catalán que se ponga las pilas y dé pasos para cumplir los pactos de ruptura firmados el pasado 9 de noviembre. Y, aparte, también ha de contentar a los 'cuperos' para mostrar su buena voluntad y que estos puedan apoyar los presupuestos que llegarán al pleno del Parlament la próxima semana.

“La Agencia es el embrión de la estructura clave de la Seguridad Social -explica a El Confidencial Marta Pascal, portavoz de Convergència-. Pero era, sobre todo, un compromiso electoral”. La dirigente convergente subraya: “No hemos engañado a nadie. Figuraba en nuestro programa electoral, lo prometimos en campaña y ahora lo materializamos. Nadie nos puede echar nada en cara, porque figura claramente en nuestra hoja de ruta”.

La elaboración de las tres leyes rupturistas ya trajo dolores de cabeza a los independentistas. El resto de los grupos de la oposición declinaron participar en las ponencias conjuntas que elaboraban las tres leyes de desconexión, por lo que los letrados de la Cámara catalana elaboraron un informe en el que ponían en duda la legitimidad de dichas ponencias y su propia naturaleza democrática. Pero ni JxS ni la CUP se dieron por aludidos y siguieron adelante con su plan.

Marta Pascal, no obstante, cree que “lo que hemos hecho es un ejercicio de obediencia a la gente que nos votó el 27 de septiembre, porque hemos cumplido lo que les habíamos prometido”. Y, por si fuera poco, JxS y la CUP suman en total 72 diputados, es decir, “tenemos una mayoría parlamentaria que avala nuestra hoja de ruta” (la mayoría absoluta se sitúa en 68 escaños). Ante esta circunstancia, los independentistas se consideran legitimados, aunque el TC hubiese anulado la declaración parlamentaria del 9 de noviembre en la que constaba la redacción de las tres polémicas leyes de desconexión.

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