Acusan al Grupo Otero de realizar una importante operación sólo días antes de suspender pagos

Los afectados por el concurso de acreedores del Grupo Otero, la promotora de viviendas de lujo que se desplomó hace un año, están intentando que el juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga amplíe la recopilación de información en otras fuentes oficiales ante el riesgo de pérdida de datos contables. Una petición que formularon tras saber que la compañía compró un terreno unos días antes de suspender pagos y por lo que exigen sus registros notariales para saber si hay otras operaciones que sustenten cargos penales.

Como informó este periódico, los ejercicios contables de 2022 y 2023 estaban en riesgo porque estaban "depositados en la nube del proveedor de servicios informáticos" y la obtención de una copia de seguridad "solo" podía realizarla esta empresa especializada.

Los letrados de la promotora, que se presentaba como "líder en la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol", explicaron en un escrito que la compañía informática había precisado que esta tarea "tiene un coste asociado" y por eso "presentan presupuesto para la aceptación de la administración concursal".

Los técnicos, además, advirtieron de que "la dificultad en la obtención de la referida copia de seguridad deriva de que los servidores virtuales dónde está la información pueden acabar siendo inaccesibles si no se realiza ninguna tarea de mantenimiento".

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Ante esta posibilidad, el letrado que representa a una de las empresas que sufren los impagos del Grupo Otero —muchas de ellas, pymes familiares— presentó un escrito el pasado 20 de diciembre, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que expresaba su temor porque la "polémica" en torno a las cuentas de la empresa pudiese "acabar en dilación y, por ende, en pérdida de información".

Un motivo por el que consideraba que "estamos en la necesidad" de recabar todos los datos posibles y por el que solicitó que se remitiese un oficio al Índice Único Informatizado Notarial para que este organismo detalle las escrituras y demás actas notariales en las que hayan participado el administrador único, Rubén Otero, y dos apoderados de la promotora.

El objetivo, se explica en el documento, es "obtener la oportuna certeza de los bienes, activos y créditos a su favor de titularidad de la concursada y/o que han salido de su patrimonio en estos cuatro últimos años". Realizar "la gran fotografía" de la conducta de sus administradores "para la depuración de responsabilidades penales caso de que se hayan producido conductas tipificables".

El juzgado rechazó solicitar información de la compañía al Índice Único Informatizado Notarial, aunque los letrados han recurrido

Esta petición, según los abogados de los afectados, adquiere mucha más importancia después de que los acreedores hayan conocido "la existencia de un crédito a favor de la concursada por la compraventa de un solar el 24 de enero del 2023", operación "realizada solo una semana antes de la suspensión generalizada de los pagos y de la paralización de sus obras".

La autoridad judicial, de primeras, ha rechazado indagar en el Índice Único Informatizado Notarial al considerar que la parte que lo reclama "no es parte legítima para proponer prueba", pero se ha presentado un recurso de reposición en el que se informa de que esta decisión causa "indefensión".

El letrado que ha apelado se acoge a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) para defender que a los acreedores "se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes" a la hora de pedir una determinada diligencia.

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El juzgado que lleva el caso deberá valorar los argumentos expuestos y acordar si procede la solicitud o se mantienen en su pronunciamiento inicial.

Grupo Otero se presentaba como una de las firmas líderes en la promoción y construcción de inmuebles de lujo en la Costa del Sol: "Más de 130 millones de euros en cartera de obras", "190 unidades" de casas exclusivas por "250 millones", "500 proyectos entregados" y el "objetivo" de edificar más inmuebles destinados a "alquileres asequibles", especificaba en su web e informes de situación.

Una promotora capaz de seducir con sus diseños a británicos, alemanes y nórdicos deseosos de contar con una villa de lujo en la Costa del Sol, y desembolsar hasta siete millones de euros, pero con la suficiente versatilidad para optar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO). Y que debe cuantiosas sumas a proveedores de suministros y servicios que ahora tratan de recuperar su dinero.