Apuntes del enésimo 'ladrillazo' en la Costa del Sol: "Creían vivir el sueño americano"

Nadie podía presagiar el vertiginoso desplome del Grupo Otero. Ni la imagen exterior que proyectaba, ni su relación con los proveedores. Reuniones de fidelización para demostrar un compromiso inquebrantable y ese deslumbrante neolenguaje de términos marquetinianos con el que dar una pátina de modernidad a cada evento. Pocos vieron venir los impagos que se consumaron a finales de enero. Sobre todo, porque hace tan solo cinco meses, el CEO de la compañía, Rubén Otero, y parte de su equipo, posaban junto a lo más granado de la beautiful people marbellí como patrocinador de la Gala de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Una historia repetida en la Costa del Sol que contribuyó a forjar esa leyenda negra que tanto daño ha hecho al sector de la construcción. Como aquellas constructoras que se alzaron sobre pilares de barro, ahora se enfrenta a una posible cascada de demandas.

"La construcción, básicamente, consiste en que tú eres un albañil y te juntas con tu hermano o un cuñado. Montas una empresita, haces una casa, y el dinero que ganas, lo reinviertes. Después, construyes otras tres, y vuelves a invertir. Así es como se crece con seguridad", cuenta, desde la experiencia, un empresario del ramo afincado en la Costa del Sol. A él no le ha sorprendido lo más mínimo la complicada situación por la que atraviesa Grupo Otero, porque en el ladrillo, "tienes que ir subiendo escalón tras escalón, y esta empresa creía vivir el sueño americano". "Saltaron diez de golpe, y ahora caen otros diez", resume sobre el rápido ascenso y posible derrumbe de una firma que se había posicionado en el mercado inmobiliario a través de las promociones de lujo. Con un ambicioso plan de expansión en el horizonte y su entrada en el Distrito Z de Málaga, un futuro barrio inteligente y sostenible, con los nacidos en los 90 y 2000 como público objetivo, y donde se había anunciado la edificación de un millar de inmuebles de alquiler a precio asequible.

Opinión

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Alberto Artero

2022 parecía el año del despegue definitivo de una constructora dispuesta a lucir con una cartera de clientes exclusiva, capaz de seducir con sus diseños a británicos, alemanes y nórdicos deseosos de contar con una villa de lujo en la Costa del Sol, y desembolsar hasta siete millones de euros, pero con la suficiente versatilidad para optar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Repasar su página web es toparse con una multitud de noticias de éxitos que nada hacían intuir el crack económico que se avecinaba. Una realidad paralela que hace entendible que haya quien dude si la firma era sincera sobre su situación financiera y que piensa que tanto boato no era más que una cortina. A finales de julio, informaba de que sería uno de los patrocinadores de la XXXVII Gala de la AECC y el 11 de agosto daba cuenta de la presencia de distintos miembros de la empresa en un evento, con posado en photocall incluido, que se celebró en la Finca de La Concepción, "ubicada en una de las zonas más exclusivas de Marbella". A medidos de noviembre, era la compañía la que informaba de la obtención de ocho galardones en la última edición de la Newbuild Awards Costa del Sol, días después de que destacase la participación de uno de sus directivos en una de las mesas redondas del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed).

La empresa no dio señales de debilidad pese al complejo contexto y los precios de los materiales

Allí coincidiría con diferentes políticos, un ambiente en el que la firma sabía desenvolverse. El 2 de junio, por ejemplo, organizaron un concurrido ágape en Manilva para escenificar la colocación de la primera piedra del residencial de lujo Oceanic. No faltó el concejal de Urbanismo, así como numerosos invitados, que bajo una gran carpa asistieron a un acto que contó con escenario, una gran pantalla y una barra de vinos.

Nueva marca, fichajes de directivos, happy breakfast, presencia en ferias virtuales de empleos, apariciones en los medios, encuentros con proveedores en hoteles, el anuncio de que se había alcanzado un volumen de negocio acumulado de más de 500 millones y un aumento sostenido de la plantilla que no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus. Todo ello, en un contexto de carestía y encarecimiento de los materiales, con una crisis internacional derivada del conflicto de Ucrania y una inflación desbocada que repercutía en los combustibles y elevaba los costes de transporte. Lejos de mostrar públicamente inquietud ante un escenario incierto, continuaron las jornadas de vino y rosas.

"¿Quién podía suponer lo que ha pasado?", se preguntaban los propietarios de una de las empresas proveedoras, que se enfrenta al posible impago de 1,5 millones de euros. "Llevábamos más de siete años trabajando con ellos y nunca habíamos tenido un problema. Solo el año pasado, en una decena de obras", insistían, para recalcar su asombro por lo sucedido, contando que "hemos colaborado en obras muy importantes".

No obstante, sí había quién recelaba del rápido crecimiento de la compañía. "Acabaron creyéndose una macroempresa", señala otro empresario, que recuerda los miedos que le expresó un amigo constructor, cuya firma era subcontratada por el Grupo Otero: "Me contó que en la última reunión que tuvo no le gustó el ambiente. Un follón de personas trabajando, trajeadas todas". Lo que vio fue a "mucha gente dando vueltas, mucho lujo", algo que echó para atrás a alguien que sabe lo que era apretar los dientes y exprimir hasta el último céntimo para llegar a final de mes y pagar a su cuadrilla.

Las administraciones también podrían sumarse a la ofensiva judicial de clientes y proveedores

Es algo que ha visto en otras ocasiones. Como la de Aifos, que colonizó el litoral andaluz en pleno boom inmobiliario y que, tras su cuota de protagonismo en la operación Malaya, se enfrentará a un proceso judicial personificado en su fundador, Jesús Ruiz. 5.000 acreedores tratan, con pocas posibilidades, recuperar su dinero. Hay quien intuye, para su pesar, que la firma acabará en concurso, pero por ahora es solo un pálpito.

La efervescencia del Grupo Otero también despertó los recelos de los expertos legales en transacciones inmobiliarias. Uno de ellos, que ha participado en importantes operaciones de compraventa, confesó que durante "un par" de negocios con la constructora observó aspectos que le obligaron a informar a su cliente de posibles consecuencias negativas si seguía adelante con los términos que le habían presentado.

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"Va a haber un montón de gente afectada que se puede encontrar con una casa inacabada y un montón de facturas por pagar", avanzó una de las fuentes consultadas. Y parece que no le va a faltar razón. Son varios los proveedores que ya han mantenido reuniones con sus abogados para iniciar acciones legales. Un paso que también están dando clientes ante el temor de que su soñada vivienda no sea una realidad. Las administraciones también podrían sumarse a esta ofensiva judicial. El Ayuntamiento de Manilva, por lo pronto, ha recordado que cuenta con un aval de unos dos millones de euros que podría hacer efectivo en el supuesto caso de que la empresa no finalizase viales y otras infraestructuras comprometidas, según informó Manilva WS.

La constructora aún no se ha pronunciado públicamente sobre su situación, mientras crece el malestar entre los posibles afectados, y aumentan las dudas sobre el futuro de importantes proyectos en los que está involucrada o es socia.