Las lagunas en la información facilitada ralentizan el concurso del Grupo Otero

Se dilata el concurso de acreedores del Grupo Otero. La autoridad judicial ha decidido prolongar el plazo para que el administrador concursal presente el informe que debía realizar sobre esta empresa dedicada a la construcción de viviendas de lujo y concederle un mes más para recabar toda la información. Una decisión asumida con cierta resignación por los proveedores y compradores afectados por el desplome de esta compañía, con base en la Costa del Sol y con proyectos de expansión en numerosas zonas del país.

La decisión del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga se plasmó en un auto con fecha del pasado 22 de septiembre, al que ha tenido acceso El Confidencial, donde se especifica que ocho días antes la administración concursal solicitaba más tiempo para realizar el trabajo encomendado por "la concurrencia de circunstancias ajenas al normal desarrollo de esta labor profesional".

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Pablo D. Almoguera. Málaga

En su petición se advertía de la "significativa diferencia" entre la cuantía de los créditos recogidos en la lista de acreedores y la comunicada por los acreedores. Y apuntaba que esta circunstancia no se podía resolver porque "no se ha facilitado, a fecha del presente, diario completo de los ejercicios 2022 y 2023".

La jueza al frente del proceso estima que se debe conceder un mes para la elaboración del documento, que debe poner negro sobre blanco las cuentas de la empresa porque "concurren las circunstancias", como el hecho de que la solicitud se haya presentado antes de que concluya el primer plazo establecido.

La jueza del caso advirtió a las partes de que estaban obligadas a "colaborar e informar" en todo lo "necesario o conveniente"

La resolución con fecha 23 de mayo, en la que se fijaba el inicio del concurso de acreedores, establecía la "disolución" de la sociedad Otero Builder SL, con la que en 2017 comenzó a gestarse el grupo que después conformaron cinco empresas —OBC, Otero, Lagoom, Urbatech y Atrium—, y "el cese de sus administradores", que son "sustituidos" por una administración concursal.

El procedimiento fue "instado por el propio deudor", que "inicialmente solicitó la liquidación", y se "acuerda la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio".

Los administradores, apoderados y representantes, "de hecho o de derecho", del Grupo Otero tienen el deber de comparecer ante la autoridad judicial y la administración concursal "cuantas veces sean requeridos". Están obligados a "colaborar e informar" en todo lo "necesario o conveniente" para el interés del concurso, "poniendo a disposición de la administración del concurso los libros, documentos y registros correspondientes".

Esta obligación, según acuerda la autoridad judicial, se extiende "a los cargos de la sociedad deudora que lo hubieran sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso".

Se presentaba como líder

Grupo Otero se presentaba como "líder en la construcción de viviendas de lujo en la Costa del Sol". "Más de 130 millones de euros en cartera de obras", "190 unidades" de casas exclusivas por "250 millones", "500 proyectos entregados" y el "objetivo" de edificar más inmuebles destinados a "alquileres asequibles".

"¿Quién podía suponer lo que ha pasado?", se preguntaban los propietarios de una de las empresas proveedoras, que se enfrenta al posible impago de 1,5 millones de euros. "Llevábamos más de siete años trabajando con ellos y nunca habíamos tenido un problema. Solo el año pasado, en una decena de obras", insistían, para recalcar su asombro por lo sucedido, contando que "hemos colaborado en obras muy importantes".

"¿Quién podía suponer lo que ha pasado?", se preguntaban los propietarios de una de las empresas proveedoras

Los clientes con casas a medio hacer y sin entregar también recibieron cartas en las que la firma les instaba a renegociar las cantidades de la compra aduciendo que "la evolución de los precios de las materias primas y la energía es difícilmente predecible, y trasciende del ámbito puramente económico hacia la geopolítica", por lo que "ha supuesto un aumento de la inflación a nivel global desde mediados de 2021 a 2022".

"En aplicación de la cláusula cuarta del contrato [que no se describe en la carta remitida en este caso], amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de rebus sic stantibus [figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales]", afirmaba el CEO de la empresa, que defendía su potestad para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.

Y en este contexto de desplome de la empresa, se informaba a sus empleados que iniciaba un expediente de regulación de empleo (ERE) que conllevaba un "despido colectivo" ante su situación "absolutamente insostenible".

La compañía informó de que en 2022 superó los 500 millones de volumen de negocio. Meses después comenzó su desplome

Otero Builder SL inició una "reestructuración" de la compañía que ya ha sido “debidamente” comunicada al Juzgado de lo Mercantil de Málaga. El objetivo era "salvar la declaración de concurso ante la situación de insolvencia provocada directamente por los sobrecostes en obra", que la firma ha achacado a cuestiones como el aumento de precios de los materiales, la inflación y el conflicto de Ucrania.

Esto, no obstante, no impidió que la empresa siguiese apostando por una gestión expansiva, sin contracción del gasto, a lo largo de todo 2022. A lo que hay que añadir que la propia compañía informó de que había superado los 500 millones de volumen de negocio y en sus propios canales de información publicitaba cifras récord.