Afectados del Grupo Otero reciben cartas en las que se les pide más dinero por sus casas
La constructora de viviendas de lujo, que atraviesa una compleja situación económica, se agarra a una cláusula del contrato que le habilitaría a subir el precio de los inmuebles por alterarse las condiciones iniciales por “circunstancias sobrevenid
El Grupo Otero, constructora de viviendas de lujo en la Costa del Sol que se encuentra en una delicada situación, con impagos a proveedores y paralización de obras, intenta recomponerse reclamando a sus compradores que asuman el incremento de costes provocado por el aumento de precios de los materiales, la inflación y el conflicto de Ucrania. Así lo ha transmitido en una carta el CEO de la compañía, Rubén Otero, quien alude a una cláusula del contrato de compraventa para condicionar la conclusión de las casas al pago de estos importes.
Las cantidades exigidas, como es lógico, dependen del precio inicial del inmueble, que según publicita la empresa oscilan entre los 875.000 euros y los siete millones. Si utilizamos como ejemplo una promoción de cuatro villas de lujo en el municipio de Estepona, “cerca de todos los servicios” y “a dos minutos de la playa”, la cantidad extra que se pide a uno de sus propietarios es de más de 115.000 euros, que se sumarían al precio inicial de 1.295.000 euros.
Por un lado, “se insta” a “la reclamación económica por las diferencias entre el precio contratado y el importe real de la obra ejecutada por importe de 23.061,96 euros”; y por otro, “al restablecimiento del equilibrio de las prestaciones contractuales para asumir la finalización del contrato llave en mano, cuyo nuevo precio alcanza la cantidad de 92.207,02 euros adicionales”.
En la misiva, remitida el pasado 30 de enero, cinco días después de que se consumara la sucesión de impagos a proveedores, se advierte al cliente de que, “hasta que las partes alcancen un acuerdo [...] se le anuncia la paralización de las obligaciones dimanantes del contrato”. Y se esgrimen “circunstancias sobrevenidas e imprevisibles”, que “se pueden englobar en el supuesto de fuerza mayor”, para adoptar esta medida drástica.
El paso dado por la empresa hace adivinar una respuesta judicial por parte de los compradores
El responsable de la firma recalca que “la evolución de los precios de las materias primas y la energía es difícilmente predecible, y trasciende del ámbito puramente económico hacia la geopolítica”, y añade que “ha supuesto un aumento de la inflación a nivel global desde mediados de 2021 al 2022".
El escenario que dibuja es real, y fueron muchas las empresas que adoptaron medidas desde su inicio, pero contrasta con la política expansiva iniciada entonces por el Grupo Otero y que se tradujo en fichajes de directivos, ampliación de instalaciones y más promociones urbanísticas que elevaron su volumen de negocio hasta los 500 millones durante el pasado ejercicio. Una circunstancia por la que los clientes no entiende que deban ser ellos los que soporten el alza de costes cuando la firma no contuvo el gasto durante la manifestación de esos factores desestabilizadores.
Como está pasando desde que trascendieron las dificultades económicas de la empresa, este paso unilateral hace adivinar un desenlace judicial de cada una de las operaciones cuyo precio original se vea alterado. Rubén Otero, en su carta, esgrime un armazón normativo para avalar la legalidad de su medida y dar a entender que lleva la razón. Recuerda el Real Decreto que facultaba “la revisión excepcional de los contratos públicos de obras” afectados por el aumento del costo de los materiales o la orden que se publicó exclusivamente sobre cemento, cerámica, madera, plásticos, productos químicos y vidrio.
“En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no describe—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de ‘rebus sic stantibus’ —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, considera que está avalado para aplicar un incremento al precio de las viviendas de lujo.
Los clientes que se consideran afectados por la paralización de las obras, así como por esta última medida, están asesorándose legalmente e incluso se organizan para comunicarse los pasos dados, ya que una de las principales quejas es la falta de información por parte de Grupo Otero. No son los únicos. El Ayuntamiento de Manilva, donde la compañía tiene dos promociones inacabadas de 65 viviendas, informó días atrás que ha “levantado acta” de esta situación y ha realizado requerimientos para que la compañía se explique. El concejal de Urbanismo, Marcos Ruiz, aseguró que con los avales que depositó la empresa se podrían ejecutar los trabajos de finalización de los viales públicos y “hacer habitable la zona”.
El Grupo Otero, constructora de viviendas de lujo en la Costa del Sol que se encuentra en una delicada situación, con impagos a proveedores y paralización de obras, intenta recomponerse reclamando a sus compradores que asuman el incremento de costes provocado por el aumento de precios de los materiales, la inflación y el conflicto de Ucrania. Así lo ha transmitido en una carta el CEO de la compañía, Rubén Otero, quien alude a una cláusula del contrato de compraventa para condicionar la conclusión de las casas al pago de estos importes.