La caída en la llegada de migrantes acelera el fin del plan extraordinario de acogida: el caso del hotel de Torrox

La red de establecimientos hoteleros y otros inmuebles habilitados en la península para dar respuesta a la crisis migratoria que desde el pasado verano puso en jaque a las islas Canarias comienza a desmantelarse. El establecimiento hotelero de Torrox, que acogió a unas de 240 personas trasladadas desde el archipiélago canario, ha dejado de operar como centro de acogida dos semanas antes de que finalice el contrato suscrito por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con su propietario. Una medida extensible a otras instalaciones debido a la reducción de las llegadas de migrantes y a la posibilidad de atenderlos con los recursos asistenciales ordinarios.

El coordinador provincial de Cruz Roja en Málaga, Samuel Linares, explicó que "el dispositivo se contextualizaba en una situación de emergencia que es cambiante y, aunque en un primer momento, cabía la posibilidad de que estuviese activado incluso después de la ventana del 31 de diciembre, la Secretaría de Estado de Migraciones nos ha confirmado que se concluya" el último día del año.

Linares, no obstante, precisó que en el caso malagueño no se ha llegado a esa fecha y que en los últimos días se dio por finalizado el plan asistencial. "Los flujos de llegada a Canarias, con base en la información que manejamos, han bajado considerablemente en noviembre con respecto al mes de octubre", por lo que "el sistema ordinario está siendo capaz de absorber la atención de estas personas sin la necesidad de activar otros recursos".

Fuentes del citado ministerio añadieron que "es el objetivo" a seguir con el resto de establecimientos hoteleros, albergues o edificios de Defensa habilitados de forma extraordinaria en otras zonas del país, ya que la estancia era "temporal".

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Por el hotel Urban Beach, ubicado en el núcleo malagueño de El Morche, han pasado "más de 380 personas", por lo que se deduce que, después del primer gran traslado desde las islas Canarias, se produjeron otros en fechas posteriores.

El responsable de Cruz Roja en la provincia malagueña, en conversación con El Confidencial, señaló que a finales de la pasada semana quedaban en Torrox Costa "61 personas", de las que "solo nueve" permanecían desde el 24 de octubre, primer día que se activó este dispositivo extraordinario.

La previsión era que estos migrantes fuesen abandonando el hotel tras solventar los trámites administrativos, ser reubicados en otro lugar o poder marchar al contar con una red de apoyo familiar. Circunstancia que finalmente ha ocurrido con la desactivación del dispositivo.

El Ejecutivo no pudo precisar cuántas personas son atendidas en estos recursos extraordinarios, ni el número de hoteles operativos

Las citadas fuentes ministeriales, a preguntas de este periódico, dijeron que no sabrían decir —porque es "muy difícil" saberlo con exactitud— cuántas de estas personas siguen siendo asistidas dentro de este dispositivo extraordinario. Sobre los inmuebles habilitados para este cometido, también afirmaron desconocer los que siguen operando, pues sostuvieron que contrataban plazas y no hoteles.

"Sin incidentes"

La atención a estas personas se ha producido "sin incidentes destacables". Un aspecto importante si tenemos en cuenta que su llegada fue acompañada por unas polémicas declaraciones de un concejal torroxeño, Salvador Escudero.

El edil, en referencia a la falta de control de estas personas, manifestó que "como no les pongan una marca como a los animales, una pulserita o eso…". El PP, su partido, informó de la apertura de un expediente; mientras que el PSOE y Málaga Acoge anunciaron que iban a emprender acciones legales por un delito de odio.

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Las quejas políticas por los traslados de los migrantes se reprodujeron en distintas partes del país. La Comunidad de Madrid, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Castilla y León o Murcia, así como distintos ayuntamientos, criticaron al Ejecutivo central por la falta de coordinación e información y le exigieron "lealtad institucional". El entonces responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, acusó de "racismo" y "xenofobia" a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.