Funcionarios de Hacienda, investigados por falsificar certificados y frenar embargos: "Que suelte las pelas"

El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga considera "acreditada la existencia de un grupo criminal organizado de funcionarios" en la delegación de la Agencia Tributaria de esta provincia. El juez mantiene imputados a ocho trabajadores públicos y sitúa como cabecilla a un funcionario llamado Jesús Reyes. El sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso El Confidencial, explica que se embolsaron decenas de miles de euros por todo tipo de gestiones irregulares, desde paralizar embargos hasta falsificar certificados. El epicentro de la trama se sitúa en la delegación de Málaga, pero también contaban con clientes en otras partes de España.

El juez sostiene que este "grupo criminal" estuvo funcionando durante al menos tres años, entre 2020 y 2022. Los empresarios y gestorías les pagaban mediante transferencia, en metálico o en especie. "Lo sangramos", llegó a celebrar uno los funcionarios en febrero de 2022, tal y como reflejan los mensajes intervenidos. "Que te suelte las pelas, que es mi cumple y pretendo celebrarlo", le pidió su compañera días después.

Los funcionarios se repartían las tareas en función del departamento en el que trabajaban. Cuatro de ellos formaban parte del área de gestión tributaria y se encargaban de los servicios de "información y asistencia integral". Los otros cuatro estaban en el área de recaudación, en los servicios de "aplazamientos", "recaudación ejecutiva" y "presentación y retirada de documentación en otros organismos".

Reyes trabajaba en este último departamento como "agente ejecutivo" con contrato indefinido de "laboral", pero sin la categoría de funcionario de carrera, de la que gozaban otros seis de los investigados. El juez apunta a que él gestionaba tanto el cobro de los supuestos sobornos como el posterior reparto de dinero entre los implicados: "Resulta a efectos indiciarios que el mismo es el jefe o coordinador".

Sus conversaciones muestran la familiaridad con la que abordaban estas supuestas corruptelas, hasta el punto de que el presunto cabecilla les entregaba dinero en efectivo en la delegación. "No dejes el sobre en mi cajonera, que la toca mucha gente", le pidió una de las investigadas en diciembre de 2021. "Y pon en el sobre 'billete de tren' si se lo dejas a alguien".

Algunos de los funcionarios fueron apercibidos por sus superiores ante la sospecha de irregularidades, pero siguieron adelante con los encargos de Reyes. En febrero de 2022, cuando el juzgado ya había abierto la investigación, la Agencia Tributaria denunció los hechos ante la Fiscalía. Un mes después, en marzo de 2022, el juez ordenó la detención de los funcionarios investigados y el registro de sus puestos de trabajo en las oficinas de la delegación.

Los empresarios supuestamente recurrían a la trama para agilizar trámites, frenar embargos y obtener todo tipo de certificados falsos: de residencia fiscal, de firma digital, de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias... Estos últimos permiten acceder a licitaciones relacionadas con la contratación pública y la obtención de ayudas o subvenciones, así como distintas líneas de financiación en el ámbito privado. Las conversaciones y transferencias reflejan que los precios iban desde los 10 euros por una firma digital hasta los 5.000 por un aplazamiento de deudas.

Los investigadores sostienen que solo uno de los funcionarios elaboró 109 certificados "cuyo contenido no responde a la realidad" a lo largo de 2021. Según el cliente y la información que hallaran sobre él en las bases de datos, la trama optaba por exprimirle al máximo o tratar de asegurarse futuros pedidos: "Yo te comenté que quiero por vehículo 200... Acuérdate... Le pido 100 para cada... Esto puede ser otro chollito... Continuo... Vamos a utilizar nuestra táctica de que hacemos lo imposible. Y contestándole a todas las chorradas que pregunte...", escribió Reyes a otra de los investigados en febrero de 2022 ante el interés de una empresa de coches.

Un escalón por debajo de los funcionarios, el juez sitúa a tres personas: la pareja de Reyes, que "en una cuenta de su titularidad recibía los pagos de los particulares"; la pareja de otro de los trabajadores públicos, que "en numerosas ocasiones utilizó la clave de acceso (...) de aquel para efectuar las reseñadas operaciones", y el vigilante de seguridad de la delegación, que "actuaba como colaborador de sus distintos integrantes cobrando por ello". Todos ellos eran "perfectamente conocedores del entramado de corrupción creado".

La investigación se extiende a su vez a 16 particulares que "pagaron fundamentalmente a tales funcionarios a través de Jesús Reyes", una red de clientes que ha llevado a los investigadores hasta otras provincias: "Es muy llamativo que esta empresa solicita 105 certificados de estar al corriente entre el 25 de agosto de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, todos en Málaga, a pesar de estar adscrita a Murcia", explica uno de los informes. En otras conversaciones, el presunto cabecilla indicaba los pasos que debían dar empresarios de Sevilla y de Madrid para poder recurrir a sus servicios.

Para la Fiscalía, estos hechos pueden ser constitutivos de delito fiscal, cohecho, falsedad documental, prevaricación, blanqueo de capitales, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. El juez ha dedicado los últimos meses a tomar declaración a todos los investigados y, según apuntan fuentes jurídicas, Reyes volverá a comparecer este mismo martes en el juzgado.