Hacienda inicia una ofensiva contra los abogados en busca de fraude en los gastos

Hacienda pone a los abogados en el punto de mira. Según ha podido confirmar este diario con diversos despachos y gestorías, en las últimas semanas, la Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado las comprobaciones de gastos dirigidas a los profesionales dados de alta en el epígrafe 731 del impuesto de actividades económicas (IAE), el asignado a quienes se dedican al ejercicio de la abogacía. Los consultados detallan que desde el fisco se ha remitido una importante remesa de requerimientos solicitando a sus destinatarios, entre otra documentación, el libro de ventas e ingresos y el de registro de compras y gastos, así como facturas, justificantes y demás comprobantes que permitan acreditar "la correcta deducibilidad de los gastos consignados", como reza una de estas misivas, enviada por la Delegación Especial de Madrid de la AEAT.

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Las comprobaciones de gastos se suman a la ofensiva que, desde hace varios ejercicios, mantiene Hacienda contra las sociedades interpuestas para pagar menos impuestos por parte de personas físicas. Una presión a la que, junto con otros profesionales liberales, como médicos y arquitectos, también se han visto sometidos los abogados —con condenas a algunos socios de grandes bufetes—, y fruto de la cual ha habido múltiples inspecciones en segmentos como el de la banca privada. Sea porque existen sospechas reales de fraude o porque se atisba que se trata de un nicho con alto potencial recaudatorio, pero lo cierto es que los letrados están en la diana y no son pocos los especialistas que recomiendan, en la medida de lo posible, minimizar el riesgo fiscal.

La campaña iniciada por Hacienda, en todo caso, no puede sorprender a nadie. El Plan de Anual de Control Tributario y Aduanero de 2023 señala que la Inspección va a perseguir el uso de sociedades “plenamente controladas” por una persona o grupo familiar para “evaluar” de modo conjunto las operaciones económicas, y que no haya incumplimientos o irregularidades en fiscalidad, como serían “la minoración improcedente de la correcta tributación” o la traslación de bases imponibles a entidades jurídicas porque tienen menores tipos impositivas. Por ello, prosigue, “se programarán actuaciones dirigidas a evitar el uso abusivo de la personalidad jurídica con la principal finalidad de canalizar rentas, o desviar indebidamente gastos personales de personas físicas, de manera que se reduzcan improcedentemente los tipos impositivos aplicables”.

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De este modo, la AEAT está muy atenta, tanto a la interposición de sociedades como a la deducción de gastos en profesionales como los socios de los despachos que, al tener una relación mercantil con su firma, pueden reducir la base imponible de su IRPF o minorar el IVA que deben ingresar trimestralmente. "Están llegando comprobaciones a todos los del epígrafe 731", describe la titular de una gestoría que prefiere no ser identificada, quien admite, no obstante, que los letrados son un sospechoso habitual de Hacienda. Por dos razones, explica. En primer lugar, porque durante muchos años han pasado todo tipo de gastos —en este sentido, un fiscalista relata que llevó el caso de un colega que había tratado de deducirse el kimono con el que su hijo hacía kárate—. Y, en segundo término, porque "los abogados suelen ser un desastre conservando y ordenando sus facturas y agendas", por lo que "es habitual que caigan" cuando les discuten un gasto, comenta la gestora, al no poder acreditar su afectación a su actividad profesional.

"El foco está en el uso de sociedades interpuestas y, para los que no la tienen, en la deducibilidad de los gastos consignados"

“Estamos viendo y sufriendo” comprobaciones e inspecciones, admite Javier Vinuesa, socio de Gómez Acebo & Pombo, quien relata que la abogacía ha sido "siempre" un sector "muy revisado" por la Agencia Tributaria. "El foco está en el uso de sociedades interpuestas y, para los que no la tienen, en la deducibilidad de los gastos", resume. En la misma línea, Patricia García, socia de Avantia, revela que la ofensiva de Hacienda solicitando recibos y facturas no se limita a los socios de los despachos de abogados, sino que alcanza a los de otras firmas profesionales, como las dedicadas a la contabilidad, la auditoría y la consultoría. Un incremento de la presión que ha puesto de manifiesto un conflicto histórico con el fisco, como es la aplicación por parte de la Inspección de criterios "extraordinariamente restrictivos, cuando no poco razonables, en cuanto a la deducibilidad de los gastos, que a menudo van más allá de lo que recogen las sentencias dictadas sobre esta cuestión o los tribunales contencioso-administrativos", critica García.

"Mejor no pasar ni un gasto"

Una de las razones por las que Hacienda desconfía de los gastos de los abogados es que, cuando son socios de un despacho —y tienen, por tanto, un único pagador—, ya pasan a la firma los tiques y facturas que corresponden a sus comidas, viajes y otros desembolsos profesionales. Algunos bufetes, de hecho, cuentan con una política interna en este sentido, que no solo disciplina qué pagos corren a cargo de la organización, sino que también les ofrece una guía para actuar en su declaración (y que, en no pocas ocasiones, recomienda no deducirse nada para evitar problemas con Hacienda). En todo caso, como admite el socio de una firma nacional, las comprobaciones a él y sus compañeros son prácticamente anuales, por lo que muchos en su estructura han optado "por no pasar ni un gasto, así no hay inspección posible".

Constantino Vidal, socio de la boutique fiscal Zadal, indica que, en la mayoría de casos, se trata de "un problema de prueba". Es decir, la clave está en la capacidad (o, en otros casos, la incapacidad) del abogado de acreditar ante la Agencia Tributaria que el gasto está vinculado a su actividad profesional. "Para un letrado no siempre es fácil delimitar qué usas para trabajar y qué no, porque es una profesión sin un horario o un lugar fijo de trabajo", reflexiona Vidal. Aunque "controversias y dudas hay siempre", el fiscalista expone que existen algunas materias que están más o menos claras. Es el caso del IVA, en el que se presupone que el 50% está afecto a la actividad profesional, pudiendo deducirse más siempre que se pueda demostrar. Por gastos, trajes y coches no se admiten; viajes y comidas sí, siempre que se conserven pruebas suficientes de su relación con el ejercicio.

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Eso sí, "la tendencia de la Agencia Tributaria es cuestionar todo gasto deducible necesario para la generación de ingresos", observa David Sanz Bujanda, socio del despacho especializado en altos patrimonios Bernal & Sanz Bujanda, que recuerda que se ha llegado a negar un iPad de un socio porque se consideró que se trataba de un desembolso personal. "Básicamente, lo que te piden es que lleves siempre a un notario contigo para que de fe de que el viaje o la comida que aportas la hiciste con un cliente o un potencial cliente", ironiza Fernando López, socio de Fiscal de Ayuela Jiménez, quien protesta de que en muchas ocasiones se exija una "prueba imposible" a los profesionales.

López indica, no obstante, que hay gastos, como la cuota del colegio de abogados, la cuota de autónomo o el seguro de responsabilidad civil, que no se discuten. Otras facturas relacionadas con la actividad, como el seguro médico, sí se ha topado con objeciones, como recuerda otro letrado. "A los abogados con grandes retribuciones no les merece la pena discutir por 500 o 600 euros, pero a quienes tienen más problemas de liquidez, la inflexibilidad de Hacienda puede conducirles a una situación crítica o a tener que asumir un riesgo fiscal excesivo", concluye el socio de una firma internacional, que vería deseable que los colegios de abogados actuaran para lograr una solución que diera seguridad jurídica a los profesionales en esta materia y suavizara la presión de la Agencia Tributaria.