Los lugares donde nadie quiere ser funcionario: "Con nuestro sueldo, no llegas a fin de mes"

Pablo es funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal y ha pasado los últimos diez meses de su vida en un purgatorio muy particular: Ibiza. "Es, de largo, el peor destino al que te pueden mandar en España", explica. Aunque había oído hablar entre sus compañeros de la mala fama que arrastra la Pitiusa, "no era consciente de lo que iba a vivir" tras aceptar como destino San Antonio de Portmany, dejando atrás a su mujer y su hijo. Nada de un paraíso mediterráneo. Es más bien una distopía turística "donde te cobran por cerveza seis euros". A veces llega el día 21 de mes "sin un duro", explica. Su complemento salarial es de 76 euros, cuando en Ceuta y Melilla puede ser casi nueve veces mayor.

El caso de Pablo es común al de varios miles de funcionarios de la Administración General del Estado que intentan esquivar como pueden algunos de los destinos más caros porque con sus sueldos apenas les da para llegar a fin de mes en regiones como Barcelona, Madrid, País Vasco o Baleares, sobre todo si, como es su caso, tiene que mantener a su familia. La nómina de 1.400 euros netos que en otras ciudades permitiría un buen nivel de vida no da para casi nada en una isla como Ibiza "donde las habitaciones en verano pueden llegar a 1.100 euros y en invierno tienes suerte si consigues una de 500", como la suya. "Ya no soy clase media, sino baja, a veces no tengo ni para aceite".

"Lo primero que te pregunta la gente que llega es cuándo sale el primer concurso"

El aumento del coste de la vida y la práctica congelación de salarios de funcionarios explica por qué algunos destinos son percibidos como trampas. Un buen ejemplo es el último concurso del SEPE, que en algunas regiones ha dejado el 100% de plazas desiertas. En algunas de ellas, como Ávila, Burgos, Cuenca, Navarra, Segovia o Soria, el número de plazas es muy bajo. Pero en otras, como Islas Baleares (13 plazas) o Tarragona (10), no se ha presentado ni un candidato. Algo parecido ocurre en Girona, donde no se han cubierto ninguna de las ocho disponibles, ni en Barcelona, donde de las 37 solo se han cubierto cuatro.

Cataluña es uno de los mejores ejemplos de tierra donde nadie quiere ser funcionario de la AGE, como bien sabe Rafael Sánchez Martín, coordinador autonómico del sector de Administración Local de CSIF y trabajador del servicio de extranjería de Girona. Al elevado coste de vida de algunas provincias como Barcelona, hay que añadir otro factor que se repite en muchas comunidades, que es que la Generalitat y los ayuntamientos de la región retribuyen mucho mejor a sus trabajadores. En algunos casos, entre 300 o 400 euros más al mes.

Como explica Sánchez, la idiosincrasia catalana es particular, porque "aquí la gente no oposita mucho en general". Los datos que proporciona muestran la delgadez de la administración en Cataluña. En Girona hay 963 funcionarios y 185 laborales. En Tarragona, 958 funcionarios y 145 laborales. En Barcelona, 7.596 funcionarios y 1.724 laborales. En Lérida cuentan con 643 funcionarios y 111 laborales.

Desde que se incorporase a su puesto en 2006 desde Ávila, el funcionario siempre ha visto los servicios públicos de la AGE en Girona como deficitarios. El problema se ha agravado en la última década, en la que las jubilaciones no se han compensado con el mismo número de contrataciones. Además, la ratio en Cataluña de la Administración General del Estado es una de las más bajas de toda España. "La realidad es que vas a algunos puestos de trabajo y ves muchas sillas vacías", explica. "Hay zonas como la Cerdanya o el Ripollés donde la administración del estado tiene un papel testimonial y son zonas con 300.000 habitantes".

Cada año, Sánchez ve pasar a compañeros de nuevo ingreso que terminan forzosamente en Girona y que piden el traslado en cuanto pueden. "Lo primero que te pregunta la gente que llega es cuándo sale el primer concurso para poder marcharse", lamenta. "A lo mejor entran diez y al año siguiente se han marchado ocho". Aunque los datos parecen recuperarse en provincias como Tarragona a Barcelona, lo hacen a base de interinos y puestos a tiempo parcial.

"A mí en principio me daba igual venir a Girona porque no tengo ni pareja ni hijos, pero cuando llegué me di cuenta de que estaba vendido porque todo es carísimo", explica otro trabajador leonés del SEPE que lleva un año en su puesto en un pueblo gerundense. "Me las vi y me las deseé para encontrar un piso, porque cuestan lo mismo que en el centro de León". Al final, consiguió por 500 euros "una cochera reformada". "El problema de esa provincia es que la gente, según llega, se va", añade. "El motivo principal es el de los sueldos, si ves aquí la mitad se te va en el piso. Hace años un funcionario del Estado podía vivir bien, pero Zapatero congeló los sueldos y así han estado desde entonces". Lo más probable es que se marche en cuanto pueda, como el resto de sus compañeros. "A un sitio donde pueda ahorrar algo", añade.

Aunque en algunos casos se ha relacionado este abandono con cuestiones políticas o idiomáticas como la inestabilidad ocasionada por el procés, los funcionarios creen que no ha influido más allá de algún caso personal, porque la situación es parecida en otras regiones. "Cataluña siempre había sido una comunidad de paso, porque hay pocos opositores de la propia comunidad, y los que hay optan más por la administración autonómica y local, por el arraigo y porque cobran más", sintetiza Sánchez. "A Los que vienen de fuera Cataluña no les sale rentable, porque pueden irse a otro lugar por el mismo sueldo y tener mejor calidad de vida".

Una reivindicación nacional

Natalia tiene 45 años y es de Bilbao, pero actualmente vive en un piso compartido de Madrid, tras dejar a su marido y su hijo de cinco años en la capital vizcaína. Su nivel es el de un C2 en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Tras quedar a mitad de lista en las últimas oposiciones, le tocó elegir un destino mucho más lejano de lo que pensaba, lo que le hizo que llegase a plantearse rechazarlo. Sin embargo, decidió marcharse a la capital animada por su familia. Ahora siente que es "más pobre y sin posibilidad de conciliación".

"La diferencia entre trabajar en un ayuntamiento o en la AGE puede ser de 500 euros"

"Me he arrepentido mucho de haber opositado al Estado, porque en otros organismos del País Vasco como en el gobierno vasco o en Osakidetza pagan mucho más", explica a El Confidencial. Su sueldo neto es de 1.168 euros, de los que sale en parte no solo la vivienda y la manutención en Madrid, sino también los cuidados de su madre y el mantenimiento de su casa en Bilbao. "Mi familia me animó y me dijo que tenía que intentarlo, pero este año me salen las cuentas por la eficiencia energética que hace que los autobuses de ida y vuelta a Bilbao sean gratis, pero cuando eso se acabe, ya no saldrán las cuentas", explica.

"El 99% vive en pisos compartidos", añade Iñaki Izaguirre, portavoz de ESAGE (Equiparación Salarial AGE), una asociación recién constituida que lucha por acabar con el agravio comparativo entre los funcionarios de la Administración General del Estado y las instituciones locales. "No es que sean desequilibrios de unos euros, es que entre la Administración General del Estado y la Generalitat o ayuntamientos de Barcelona la diferencia puede llegar a ser de 400 o 500 euros", explica. "Un auxiliar administrativo está rondando ahora mismo el sueldo mínimo interprofesional".

Los funcionarios aluden a Yolanda Díaz, que recriminó a la patronal que "con menos de 1.500 euros no se puede vivir con dignidad"

La comparación que utiliza Izaguirre es la de un C2 administrativo, que en un ayuntamiento puede llegar a cobrar "entre 1.900 y 2.000 euros", una cantidad equivalente en algunos casos a la de un A1 o un A2 de la AGE. El Estudio comparativo de retribuciones en las administraciones públicas publicado en 2017 señalaba que un funcionario del nivel 28 del grupo A1 cobraba 20.841 euros menos anuales respecto al funcionario equivalente de la Generalitat catalana. Un funcionario del nivel 26 del grupo A2, nivel 26 percibía 12.873,70 euros menos que su homólogo en la administración catalana. Los funcionarios del grupo C1 y C2, del nivel 22 y 18, recibían 4.335,10 euros y 3.048,08 euros menos que los funcionarios de la Generalitat.

El mínimo aceptable

Los funcionarios recuerdan las recientes palabras de la ministra de trabajo Yolanda Díaz, que el Día de los Trabajadores recriminó a la patronal que "saben perfectamente que con menos de 1.500 euros no se puede vivir con dignidad". Muchos de los cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado están por debajo de ese nivel.

El resultado es una administración inestable en la que muchos de los funcionarios terminan abandonando sus plazas o decantándose por el sector privado. "Donde antes había diez, ahora hay tres", resume Sánchez Martín. La reciente convocatoria pública de empleo, una de las más grandes de la historia, tampoco cubre todas las plazas necesarias y en los próximos años tendrán que salir a concurso muchas más para compensar todas las jubilaciones de una administración envejecida.

Uno de los agravios comparativos que suelen a salir a colación es el de los interinos, a los que recurre la administración para complementar las plazas de los funcionarios y que sin embargo no sufren las mismas desventajas que los funcionarios, por ejemplo, los traslados forzosos. Como resume Noelia, "se está castigando aprobar una oposición, van saliendo ofertas de interinos y en algunos casos los pagan mejor que nosotros".

"Esto va a acabar en huelga general, porque no veo otra solución"

La sensación que tienen estos trabajadores es que son tan pocos y están tan dispersos que nadie los tiene en cuenta, y que los tópicos asociados a los funcionarios provoca que despierten pocas simpatías. Aunque son muchos en total, su fragmentación en distintas instituciones y destinos limita su poder de actuación. "Como somos pocos y estamos salpicados por toda España, no nos hacen caso ni somos interesantes para los sindicatos ni podemos hacer huelga, porque el daño que podemos hacer es poco", resume Noelia. Por ejemplo, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza sí han logrado una mayor equiparación salarial.

El objetivo es lograr una equiparación salarial real que les permita ponerse a la altura de otros trabajadores de la administración para evitar la sangría en la AGE. La subida salarial de este año, concluye Izaguirre, ha terminado siendo en la práctica casi una bajada debido a la inflación. Aunque los sindicatos han reivindicado unas mejores condiciones para los funcionarios de la AGE, estas no han terminado de concretarse. "Esto va a acabar en huelga general en la Administración General del Estado, porque no veo otra manera de que esto se solucione".