Las Islas Baleares se asoman al colapso por la falta de funcionarios del Estado

El alto precio de la vivienda en las Islas Baleares ha provocado que ningún funcionario elija el archipiélago como destino. Los que van obligados, porque no les queda otra, se marchan en cuanto pueden. Los que resisten lo hacen con importantes sobrecargas de trabajo y una mermada atención al ciudadano. Mientras la población ha pasado del millón de personas a 1.200.000 en los últimos años, las plazas de empleados públicos no se han visto incrementadas. Según UGT, se necesitan entre 800 y 1.000 trabajadores con plaza fija en las islas para evitar "el colapso de la Administración". El Ministerio de Hacienda y Función Pública incide en el incremento continuo de plazas en las ofertas de empleo público de las islas, pero la situación ha llegado al límite.

La problemática que viven los funcionarios estatales en las Islas Baleares, y por ende su población, se resume en dos cuestiones principales: el alto precio de la vivienda y la carestía tan alta de la vida en el archipiélago hacen que sea difícil que cualquiera se quiera asentar en la ínsula. "La mayoría estamos en el grupo C2 de la Administración General del Estado (AGE), donde se cobra unos 1.200 euros al mes. La gente que viene aquí se pone de acuerdo con otros compañeros para compartir piso durante dos años y, cuando pueden, se van", enfatiza Fernando Martorell, secretario del sector de la AGE en Baleares por UGT y uno de los portavoces de Insularidad Digna, la agrupación intersindical creada ante esta problemática que aúna a 21 organizaciones en defensa de los trabajadores.

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Según los datos aportados por el sindicalista, las plantillas en las islas se encuentran un 20% por debajo respecto a la media nacional, a lo que se suma una altísima rotación del personal. "El colapso ya se empieza a notar, e irá a más", advierte Martorell. Sin ir más lejos, la oficina de Tráfico en Ibiza tan solo abre al público dos días a la semana, cuando debería hacerlo de lunes a viernes. "De 21 plazas, tan solo hay siete ocupadas, pero es que de 11 operadores de atención al público que debería haber, tan solo hay uno, y de las siete personas que continúan, tres son examinadores, así que cualquier trámite se eterniza", añade.

David Pola, secretario general de la Confederación Española de Policía y portavoz de Insularidad Digna, expresa que una gestión como la jubilación, que en otras regiones del país puede llevar días, incluso horas, en las Islas Baleares se puede llegar a retrasar meses.

Los sectores más afectados por esta falta de personal acuciante son la Seguridad Social, el SEPE, Tráfico, Policía Nacional y Extranjería. En esta última, las plazas no ocupadas rondan el 40%, tal y como agregan desde UGT. En el caso de la Seguridad Social, una de cada cinco plazas está sin ocupar, una cifra que se ha llegado a doblar en algunos periodos. "¿Y qué hacen? Rellenarlo, cuando pueden, con gente interina. Eso es un parche. Hacen programas de nueve, 10 meses o un año, y luego se marchan", incide Martorell.

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EFE

Ante este extremo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública sostiene que se ha dado un "incremento continuo de plazas en las ofertas de empleo público, con tasas de reposición que permiten crecer con saldos netos y garantizar un suficiente número de efectivos de nuevo ingreso para poder repartir a todo el territorio". Además, admiten que se está priorizando en la asignación de plazas, tanto en el territorio como en aquellos departamentos que ofrecen servicios directos a la ciudadanía, garantizando un reparto adecuado a todas las provincias.

Vivir en las Islas Baleares, un infierno

Esta casuística en concreto ralentiza aún más cualquier funcionamiento normal de la Administración en las Islas Baleares, por varios motivos. Si llegan interinos, se irán y no arraigarán en el territorio, y si llegan personas con su plaza, en las islas les enseñarán a desenvolverse por primera vez en el ámbito laboral y luego, indefectiblemente, también se marcharán.

Pola es tajante: “Los funcionarios estatales no podemos prestar el servicio que deberíamos a la ciudadanía balear”. Él también ubica la génesis de la situación en el alto coste de la vida y la vivienda. En sus propias palabras, "vivir aquí es un infierno, la mayoría cobramos unos 1.300 euros al mes y con eso es imposible poder llegar a fin de mes".

La gravedad de la situación también depende de cada isla, siendo Ibiza la más afectada. "En Ibiza, es imposible encontrar una vivienda, sobre todo ahora en periodo estival. Los propietarios han visto que el negocio está en el alquiler turístico y hacen contratos de invierno para que la gente se vaya en verano y vuelva cuando termine", desarrolla Martorell. El colapso al que se refiere el sindicalista ha dejado estampas tan perturbadoras como ver a guardias civiles durmiendo dentro de furgonetas, a tenor de lo explicitado por el portavoz.

Cifras congeladas desde hace un cuarto de siglo

Por otra parte, el alto coste de la vivienda en el archipiélago balear no debería ser un problema tan grande a la hora de que los nuevos funcionarios arraiguen en la región debido a la denominada "indemnización por residencia". Es decir, en sus nóminas, los funcionarios reciben un extra para aplacar dicha problemática. Pola completa: "Cobramos unos 70 euros por este concepto, que lleva 25 años sin actualizarse".

Esta indemnización también existe para aquellos trabajadores públicos destinados en Canarias, Ceuta y Melilla, aunque Baleares sería la región que se lleva la peor parte. "Hemos pedido a los políticos que realicen un estudio riguroso de la situación, porque este concepto se añadió a las nóminas en 1965 y no sabemos bajo qué criterios", agrega Martorell.

En este sentido, el secretario del sector de la AGE en las islas también denuncia un agravio comparativo: "Nos dicen que Ceuta y Melilla están fuera de la Península, y quizás en los años sesenta tenía sentido ese complemento por cuestiones de seguridad, pero ahora ya no. Y de las Canarias nos dicen que es un territorio ultraperiférico, lo que es cierto, pero también tiene una fiscalidad más beneficiosa". Su reclamación, así pues, se centra en un análisis que refleje los criterios objetivos que ellos piensan que debe tener la indemnización por residencia, tales como el precio de la vivienda, el de la cesta de la compra o el régimen fiscal que haya en la región.

¿Huelga después del verano?

Pola, por su parte, advierte de que la situación no mejora. "La primera semana de julio llegan 56 nuevos agentes de Policía a Palma, y están desesperados buscando una vivienda en la que empezar su carrera profesional, y la mayoría hubiera preferido otro destino", explica. La oferta no es muy esperanzadora: el piso más barato está en 1.300 euros al mes, de ahí para arriba, cuando el suelo de estos policías ronda los 2.000 euros.

"Es decepcionante trabajar para el Estado, llegar a jugarnos la vida, para luego vernos abocados a estas penurias, cuando nosotros queremos prestar un servicio público en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos", agrega el representante de la Policía Nacional en Insularidad Digna.

"Es decepcionante trabajar para el Estado, llegar a jugarnos la vida, para luego vernos abocados a estas penurias"

La situación se acerca tanto al colapso, como repite el mismo Martorell, que esperan a las elecciones generales para ir más allá en sus movilizaciones. Además, el Ministerio de Hacienda y Función Pública siempre les ha dado la callada por respuesta, según confirman los dos portavoces. "Antes o después, si no hacen nada, no quedará otra que ir a la huelga, y el tema de los paros ya está encima de la mesa", continúa Martorell.

Desde Insularidad Digna, no han dejado de internacionalizar la problemática. Así lo prueba su viaje al Parlamento Europeo, donde expusieron la situación en la que viven. "Estamos muy satisfechos, porque la petición quedó abierta y dijeron que solicitarían al Gobierno de España explicaciones de en qué se gastan unos fondos destinados a la cohesión territorial que manda Europa para este tipo de cuestiones", concluye Martorell.