Caudales ecológicos, regantes o nieve artificial: las guerras del agua de Sierra Nevada

Sierra Nevada se encuentra en medio de un debate crucial sobre la gestión del agua en tiempos de sequía. Parque Natural y Nacional, pero también hogar de más de 40 municipios con más de 260.000 habitantes entre las provincias de Almería y Granada, depende del agua para el consumo humano, su agricultura y el turismo. Este verano dos disputas paralelas han eclosionado, poniendo en evidencia los dilemas relacionados con los diferentes usos del elemento en un contexto de recursos limitados y crisis climática.

La disputa en torno a los caudales ecológicos del río Dílar no es nueva y ha estado en el centro de negociaciones entre los agricultores locales y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) desde principios de año. La sequía que afecta a Andalucía ha llevado a restricciones progresivas en el acceso al agua para los regadíos, que han culminado en su corte definitivo a finales de agosto. Lo reseñable en este caso es cómo Ecologistas en Acción ha criticado a la CHG… por querer respetar los caudales ecológicos.

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P. D. Almoguera

Javier Egea, de Ecologistas en Acción Granada, acusa a la CHG de ser demasiado rigurosa en su aplicación de la Ley de Aguas (que prioriza el caudal ecológico sobre cualquier otro uso excepto el consumo humano, y eso si no hay alternativas para este). Lamenta que podrían haber garantizado los caudales ecológicos “en un momento más adecuado”. "La oportunidad no es la más idónea. Han tenido años para asegurar los caudales ecológicos y, sin embargo, lo hacen en pleno verano, cuando los usuarios han invertido su trabajo en plantar contando con más o menos agua y van a sufrir unos daños irreparables".

“Llevan 25 años robando el agua de la cuenca del río Dílar", denuncian ecologistas

Egea coincide en la importancia de mantener el caudal ecológico, pero también señala que "lo mismo da si se asegura hoy o dentro de un mes. Ni el río ni los ecosistemas notarán este retraso y se pueden mitigar los daños a los usuarios". Los ecologistas señalan como la viabilidad de los pequeños agricultores, los regantes que se ven ahora limitados, también es fundamental para el mantenimiento del ecosistema. Y, de hecho, exigen que la CHG “aplique la ley igual para todos”. Los ecologistas recuerdan que desde el año 1997 existe una sentencia judicial que considera caducada la concesión de Cetursa, la empresa gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada y dependiente de la Junta de Andalucía, para extraer agua de la cercana Laguna de las Yeguas.

Según los ecologistas “llevan 25 años robando el agua de la cuenca del río Dílar, sin que la Confederación haya hecho nada”. También recuerdan que está reconocido que la empresa pública extrae más agua de la permitida del río Monachil, sin que el organismo haya obligado a poner los contadores que obliga la Ley de Aguas. A este respecto Cetursa ha respondido que la canalización "existe desde los años 60, pero es para consumo humano para el eje Borreguiles", es decir, para los restaurantes, escuelas de esquí de la estación, el personal de la propia Cetursa durante la temporada (de diciembre a abril) y el personal del radiotelescopio y el observatorio astronómico de la Universidad de Granada del que son vecino. La empresa asegura que solo abastece a la población de Pradollano (núcleo de población donde se sitúa la estación) "cuando los depósitos que abastecen a la urbanización escasean" pero que "no se usa para producir nieve".

Este mismo verano regresó con las protestas y recursos contra El Puente, una ampliación que incluirá dos nuevos telesquís, una zona de competición y una nueva línea de producción de nieve artificial, y que se financiará con 2,5 millones de la Junta de Andalucía. Cetursa no ha respondido a las peticiones de información de este periódico. El verano también se despide en la comarca con las protestas de la Plataforma Pro-Defensa del Agua del Valle de Lecrín, que ha convocado a los vecinos de los ocho municipios de la zona contra el proyecto de la embotelladora de agua del pago de Cijancos autorizado por la Junta a Aguas Bellavista SL.

Se prevé que extraiga hasta 250.000 litros de agua al día, lo cual unido a la cercana embotelladora de Dúrcal, hace temer a los vecinos que agote el acuífero que también alimenta la Laguna del Padul, una zona protegida. De momentos, los ayuntamientos han recurrido el proyecto. José Manuel Enríquez, portavoz de la plataforma, explica que no piden solo paralizar el proyecto, sino cambiar la actual Ley de Minas, aplicada en este caso. “Es una ley de 1973, es decir, preconstitucional, y que considera el agua como un recurso minero, como si fuese arena de una cantera poco menos.

La situación de sequía y de cambio climático exige que esta norma se actualice, porque si no deja vendidos a vecinos y regantes ante proyectos de este tipo, que no pasan por los filtros medioambientales que deberían”. Enríquez comenta que la zona del Lecrín es un pequeño pulmón verde, con un clima a medio camino entre el subtropical de la costa y el continental de Granada capital, donde los manantiales y ríos se han ido secando estos años de sequía y aumento de las temperaturas. “La Junta sabe que ha cometido un error al autorizar la embotelladora, pero no lo quiere admitir. Pero si administrativamente esto no llega a buen cauce, tendrán que pasar por encima de nosotros, porque la gente está muy enfadada y muy movilizada”.