TOPA CON GIGANTES COMO DANONE, NESTLÉ O PASCUAL

El poderoso 'lobby' del agua tumba la Ley de Minas del ministro de Industria

Danone o Nestlé rechazan la nueva ley porque dificulta su expansión al limitar los años que puede durar una concesión de este tipo y aumenta la presión fiscal

Foto: El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (Efe)
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. (Efe)

La nueva Ley de Minas del ministro José Manuel Soria, a cuyo borrador ha tenido acceso El Confidencial, va acabar bajo tierra por la oposición del poderoso lobby de embotelladores de agua, según han asegurado fuentes del sector. La resistencia al proyecto es tal que el ministro ha preferido dar un paso atrás y no buscarse problemas a un año de las elecciones, según explican fuentes de las compañías embotelladoras.

Multinacionales como Danone (Font Vella), Nestlé (Viladrau) o grupos como Damm (Veri), Pascual (Bezoya), Cobega (Aquabona) o Vichy se han mostrado abiertamente contrariadas porque el nuevo proyecto de ley garantizaba las concesiones actuales, pero dificulta la expansión de estos grupos limitando los años que puede durar una concesión de este tipo, según aseguran fuentes del sector. Además, pretendía subirles la presión fiscal con un nuevo impuesto.

Pinche aquí para leer el borrador.
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Así, en el nuevo borrador de la norma legal se señala que “las autorizaciones de explotación se otorgarán por un plazo máximo de 15 años, prorrogables por un plazo máximo de 10 años. Para continuar la explotación transcurrido dicho plazo se deberá solicitar una renovación de la autorización de explotación, en los términos que reglamentariamente se determinen”. Es decir, plazos más cortos, más burocracia y dificultades para la explotación de nuevos manantiales.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua de Bebida Envasada (Aneabe), patronal que agrupa a las empresas del sector, ha liderado la oposición al proyecto. Al principio pretendía que se cambiasen algunos aspectos de este texto legal, pero eran tantos que al final Soria ha optado por enterrar el borrador de la ley, esta vez en el fondo de un cajón.

Más presión fiscal

En línea con la nueva ley de hidrocarburos, se planeaba someter a más presión fiscal tanto a las empresas embotelladoras como a las mineras. Así, en la exposición de motivos de la nueva ley se señala que “asimismo, se procede a la creación de un nuevo impuesto sobre el valor de la extracción de los recursos minerales y geológicos que el Estado introduce en ejercicio de sus competencias en materia de planificación energética y económica y que se configura como un incentivo económico destinado a las administraciones en las que se desarrollen actividades mineras”.

El nuevo tributo lo iba a cobrar el Gobierno central y no las CCAA, que hasta ahora tenían competencias sobre el sector minero. Además, tal y como se señala en el artículo 68.6, “serán responsables subsidiarios del pago del impuesto los titulares de los terrenos donde se realice la extracción”.

El apoyo de la Generalitat

Los embotelladores ha encontrado un aliado inesperado en la Generalitat, en parte porque la mayor parte de los grandes grupos del sector son de capital catalán. Desde la conselleria de Empresa y Ocupación que encabeza Felip Puig se considera que el espíritu del nuevo proyecto es socavar las actuales competencias mineras de la Generalitat y del resto de CCAA. Fuentes de la conselleria han asegurado que no tienen notificación oficial de que el ministro vaya a rectificar.

Así en el artículo 3.1 del borrador se afirmaba: “A los efectos del artículo 132.2 de la Constitución, son bienes de dominio público estatal los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, incluidas las aguas minerales y termales, existentes en el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España, conforme a la legislación vigente y a los convenios y tratados internacionales de los que sea parte”. Lo de “dominio público estatal” ha sentado especialmente mal en la Generalitat.

El nuevo texto también creaba un Registro Minero de ámbito nacional y de carácter administrativo que recogería toda la información de los derechos mineros existentes y un Archivo Técnico de Recursos Geológicos y Mineros que iba a contar con los resultados de los estudios que se promoviesen por la administración, dos entes que hubieran rebajado las competencias de la Generalitat en el sector minero.

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