Mánchester-Barcelona-Mijas: los 2.400 km de dos sicarios para hacer correr la sangre

Aproximadamente 2.400 kilómetros. Un punto de partida y otro de llegada, con dos escalas en medio. 10 días en total para acabar con una vida. Un viaje de sangre para presuntamente matar a un individuo en la localidad malagueña de Mijas. Otro capítulo de una guerra declarada en tierras británicas y que dos asesinos decidieron exportar al sur de España. La Fiscalía pide para ellos un total de 44 años de cárcel.

La tournée asesina de Edward Paul T. y Aaron Anthony A., como se llaman los acusados, comenzó el 11 de noviembre de 2019. Ese es el día en el que aterrizaron en Barcelona procedentes de Mánchester. Dos días después, el primero alquiló un turismo Opel Corsa en la localidad de Vilanova, en el que ambos iniciarían una ruta por carretera con un único objetivo.

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Este era Peter Andrew W., un inglés de 42 años residente en la urbanización de Riviera del Sol, un laberinto de casas que se extiende desde la costa hasta el interior de Mijas y donde numerosos ciudadanos extranjeros pasan desapercibidos. Un complejo con calles sin nombre y donde en muchos restaurantes la carta está solo en inglés.

Los tres protagonistas del caso, según se recoge en el escrito de acusación, eran naturales de Sealfor (Mánchester) y presuntamente pertenecían a dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas enfrentadas. Un conflicto que supuestamente alimentó un ajuste de cuentas en el que la víctima fue acribillada.

Los dos investigados hicieron una parada en Alicante, tiempo en el que “recorrieron diversas poblaciones” antes de poner rumbo a la provincia de Málaga, llegando a la localidad mijeña “a las 23:39” del día 15.

Los investigados presuntamente controlaron durante días los movimientos de la víctima

El relato fiscal señala que Edward Paul T. y Aaron Anthony A. aparcaron en la avenida del Sol y se desplazaron al establecimiento hotelero en la que iban a instalarse durante los próximos días. A partir de ahí, “realizaron recorridos y visitaron distintos lugares próximos al domicilio de Peter Andrew, con el claro interés de ultimar los preparativos necesarios para acabar con su vida”.

Después de haberse hecho con un arma para supuestamente perpetrar el crimen, los investigados se hicieron una última composición del lugar la madrugada del 20 de noviembre y pasaron por la calle en la que residía su objetivo para comprobar las medidas de seguridad de su inmueble. Una jornada después, “sobre las 14:43”, los dos acusados estacionaron el vehículo de alquiler en la avenida Polaris de Mijas Costa, en las cercanías de un gimnasio al que solía acudir Peter Andrew y “donde se encontraba ese día”.

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La víctima abandonó el lugar camino a su casa en torno a las 15:00, mientras que Edward Paul T. y Aaron Anthony A. condujeron hasta la avenida del Sol, donde estacionaron, para después dirigirse a la calle Orfebres. Apoyados por “terceras personas que no han sido identificadas”, y que avisaron sobre la llegada de Peter Andrew, el segundo de los investigados “se acercó andando por el lado derecho” del turismo cuando este estaba aparcando junto a su vivienda. “Con intención de acabar con su vida, y utilizando una pistola con munición del calibre 9 milímetros, realizó varios disparos a través de la ventanilla del asiento del conductor”.

El británico, casado y con un hijo menor, murió “de forma casi inmediata” tras recibir ocho impactos de bala en tórax y extremidades. La herida “más importante” se ubicó en la cavidad torácica y provocó hemorragias internas que derivaron en una muerte “rápida”. El resto de las lesiones, aunque no hubieran producido el óbito en el acto, “hubieran requerido una asistencia médica urgente”.

A pesar de solicitar 22 años de cárcel para cada uno de los acusados, la Fiscalía abrió la opción a que quedasen en libertad bajo fianza

Los dos presuntos autores huyeron del lugar en un vehículo cuyas características no pudieron ser concretadas, aunque finalmente fueron detenidos por las autoridades españolas. El Ministerio Público los acusa de asesinato y tenencia ilícita de armas, delitos por los que pide 22 años de prisión para cada uno de ellos. También les reclama una indemnización de 150.000 euros.

A pesar de estas peticiones, la propia Fiscalía se mostraba favorable a la puesta en libertad de los dos detenidos tras abonar una fianza de 5.000 euros. Ambos se encontraban en prisión preventiva y, en lugar de esta medida, se pedía la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional, así como comparecer en dependencias judiciales dos veces al mes.