El presidente de los cazadores que ponía cebos envenenados en una zona de linces

Roberto solía hacer trabajos de limpieza para el Ayuntamiento de Cogollos Vega dentro de una especie de programa de renta mínima, pero también ejercía de guarda en varios cotos de caza. No en vano, presuntamente era el presidente de la sociedad de cazadores de este municipio granadino. Una localidad próxima a la capital nazarí, limítrofe con el Parque Natural Sierra de Huétor, rodeada de un conjunto montañoso. Un escenario del que supuestamente se valía para colocar cebos envenenados que no discriminaban entre víctimas y que se hallaron en una zona de expansión del lince ibérico.

La operación Prado Largo, llevada a cabo por investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Granada arrancó en septiembre del año pasado, después de que dos perros murieran envenenados por Aldicarb en las inmediaciones del Peñón de la Mata poco antes de que se abriera la veda de caza. Un tercero, "un pastor alemán muy duro", propiedad de un vecino de la zona, logró salir adelante a pesar de que ingirió la sustancia tóxica hasta en dos ocasiones, señalaron fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial.

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Los cadáveres fueron trasladados al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía, cuyos especialistas realizaron las pertinentes necropsias que acabarían arrojando datos claves para el caso.

Junto a la Unidad Canina de la Estrategia Andaluza contra el Veneno y efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, los agentes a cargo del caso realizaron una inspección donde apareció uno de los perros muertos, y localizaron dos trozos de carne envenenada colocados estratégicamente en una zona de paso de animales y dentro de los límites de uno de los cotos de caza del término municipal de Cogollos Vega.

Los vecinos del lugar vieron esos días a un individuo cuya descripción encajaba con uno de los guardas del coto de caza

La sustancia de la que estaban impregnados los cebos era de Aldicarb, un insecticida de uso fitosanitario cuya comercialización y uso fueron prohibidos en el año 2007 por el riesgo potencial que representaban para las personas y la fauna. Las fuentes consultadas remarcaron que en la zona donde se produjeron estos hechos ha sido fotografiado al menos un lince ibérico, especie que estuvo al borde de la extinción y que está siendo recuperada. La presencia de este ejemplar obedece a que es uno de los lugares de expansión de este felino, y la Administración autonómica liberó allí a varios de ellos el pasado mes de abril.

El Instituto Armado informó de que varios testigos situaron en la zona a un individuo cuya descripción encajaba con la de uno de los guardas del coto, Roberto, un vecino del pueblo que, además, supuestamente presidía la sociedad de cazadores y que era conocido por su carácter conflictivo. No en vano, acumulaba varios antecedentes.

Un registro con sorpresa

Los agentes del Seprona pusieron en marcha un discreto dispositivo de vigilancia hasta recabar las pruebas suficientes para que el juzgado de Instrucción competente autorizara el registro de su vivienda y la parcela en la que está construida. Una vez concedido, en compañía de especialistas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, lo primero que registró fue el coche que el sospechoso tenía estacionado junto a su vivienda. En el interior, concretamente debajo del asiento del conductor, se halló una bolsa con restos de Aldicarb.

Dentro del domicilio, encontraron una escopeta de caza que había sido robada en la localidad de La Zubia en 1999, 361 cartuchos del mismo calibre del arma incautada y un visor telescópico de caza. Una circunstancia curiosa porque el investigado, a pesar de su vinculación con el mundo de la caza, no disponía de licencia de armas.

En un contenedor enterrado, cuya entrada se ocultaba bajo unos sacos, los agentes hallaron una plantación de marihuana

La inspección siguió en el exterior y, en una zona de cultivo cercana a la vivienda, se descubrieron 12 plantas de cannabis sativa. Al inspeccionar el siguiente bancal, los guardias civiles observaron varios fardos de los que se utilizan para la recolección de la aceituna extendidos en el suelo. Encima había un manto de restos de poda, pero, cuando uno de los agentes pasó sobre ellos, sintió una oquedad bajo sus pies. Al levantarlos, descubrió una puerta metálica. Era el acceso a un contenedor que había sido enterrado y que encerraba una plantación indoor de marihuana con 290 plantas en avanzado estado de crecimiento.

Roberto, de 42 años, fue detenido por un delito contra la fauna y la flora, contra la salud pública, defraudación eléctrica, así como por tenencia ilícita de armas. El hallazgo del cultivo de maría precisará nuevas diligencias, sobre todo para determinar si hay más personas implicadas.

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Los análisis del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre constataron que el veneno que acabó con la vida de los dos canes era exactamente igual que el descubierto en el coche del arrestado. Una pieza más en el complejo puzle que son este tipo de investigaciones. "Son acciones delictivas cuya resolución requieren mucho trabajo porque parten de alguien que deja un cebo envenenado en mitad del monte. Después, hay que ponerle el cascabel al gato", señala un agente con una larga trayectoria en este tipo de casos. Como ejemplo, el caso resuelto en Granada ha requerido de ocho meses de pesquisas.

El Seprona persigue esta práctica, habitual en el pasado, por la que los presuntos autores colocan cebos envenenados con el fin de eliminar a los depredadores naturales de las piezas de caza. Este método de control es ilegal porque no es selectivo, es cruel y afecta a otros animales a las que no va dirigido, como especies protegidas y mascotas; por ejemplo, los dos perros que murieron envenenados.