Griñán se libra de la cárcel: la Audiencia de Sevilla suspende su pena de prisión

D. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, no ingresará en la cárcel después de que el informe forense haya constatado que el cáncer que padece es "muy grave" y le provoca "padecimientos incurables". Esto encaja en el artículo 80.4 del Código Penal, que es el que han aplicado los jueces de la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que lo condenaron a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación por su papel en la pieza política del caso de los ERE fraudulentos.

En la resolución, que se ha hecho pública este lunes, los magistrados recuerdan que "es una potestad discrecional del juez o tribunal" suspender las penas en caso de enfermedad grave y admiten que cada caso es diferente, ya que, defienden, hay que tener en cuenta "el tipo de enfermedad y la mayor o menor incidencia que el ingreso en prisión de quien la padece tendría en ella". El escrito recoge la opinión del último informe de la forense, "cuyos conocimientos son esenciales para poder resolver sobre el fondo de las cuestiones jurídicas planteadas". Y, en virtud de ese escrito, concede la suspensión durante un plazo de cinco años en el que Griñán no puede cometer ningún delito. El auto recoge también el posicionamiento de la Fiscalía, que apoyó la suspensión de la pena, y del PP andaluz como acusación, que dejó en manos de la Audiencia la sucesión.

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El exdirigente socialista, que fue ministro dos veces con Felipe González y presidió el PSOE entre 2012 y 2014, seguirá en su casa el tratamiento de la enfermedad que le fue diagnosticada en diciembre de 2022 y en virtud de la cual su defensa solicitó la suspensión de la pena. Hay que recordar que el Tribunal Supremo confirmó la condena de la Audiencia de Sevilla en una sentencia que se hizo pública el pasado mes de septiembre. El alto tribunal asumía así las tesis que inauguró la juez Mercedes Alaya a principios de la década pasada, en los albores de la investigación de los ERE.

La magistrada apuntó a la cúpula de la Administración socialista, ya que consideraba que el sistema creado para repartir ayudas sociolaborales de forma indiscriminada en la Consejería de Empleo contaba con el aval o, al menos, el conocimiento, del escalafón más alto de la Junta de Andalucía. Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, los distintos gobiernos del PSOE repartieron 680 millones de euros de forma fraudulenta, aunque hay que recordar que el actual Ejecutivo de Juanma Moreno seguirá pagando jubilaciones procedentes de aquella decisión hasta 2025.

El cáncer cambió la situación

La defensa del exmandatario socialista puso en marcha una estrategia para intentar evitar la entrada en prisión de Griñán por varias vías, pero el diagnóstico del cáncer cambió toda la situación. Fue a finales de diciembre cuando el letrado José María Calero informó a la Audiencia de la enfermedad que sufría el expresidente andaluz, diagnosticada por los servicios de Urología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Comenzó entonces un proceso que se ha repetido hasta tres veces: el tribunal solicitó a los forenses del Instituto de Medicina Legal de Sevilla un pronunciamiento sobre el estado de salud del socialista y la posibilidad de que se tratase en la cárcel.

La facultativa que se ha encargado del proceso es quien ha acabado por equilibrar la balanza hacia el tratamiento de Griñán fuera de la prisión. En su primer informe, emitido el 9 de enero, confirmó que la radioterapia era "poco compatible con la vida penitenciaria" y por eso desaconsejó el ingreso. La Fiscalía entonces se posicionó a favor de suspender la pena hasta que finalizase este primer proceso del tratamiento y reevaluar la situación después. La Audiencia se adhirió a estas tesis, por lo que la situación quedó congelada hasta inicios de junio, cuando la defensa del político informó del final de la radioterapia.

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El segundo informe no fue mucho más concluyente, por lo que el Ministerio Público (y el tribunal después) pidió más concreción a la médica. Ese informe definitivo lleva firma de María Ángeles Dichas y, a fecha de 16 de junio, constata que la enfermedad de José Antonio Griñán sigue sin poder tratarse en la cárcel. Esa idea fue asumida por la Fiscalía y, al día siguiente, por la Audiencia Provincial de Sevilla. Desde el inicio del proceso, han pasado más de seis meses y, en este periodo, sí han ingresado en prisión el resto de ex altos cargos condenados a penas de cárcel por su papel en el caso de los ERE.

La "inocencia" de Griñán

Griñán siempre ha defendido su inocencia y en su entorno insisten en que el expresidente de la Junta sigue sin comprender el motivo de su condena. Hay dos frases del propio exdirigente que dejan ver su posición. En el proceso de instrucción, cuando el asunto llegó al Supremo por primera vez por su condición de aforado, afirmó que "hubo un gran fraude, pero no un gran plan". En su intervención en el juicio, ya en la Audiencia de Sevilla, aseguró que "el crédito no delinque nunca", en referencia a que en su papel como consejero de Hacienda no pudo generar un delito de malversación por diseñar los presupuestos de los que salían los fondos para pagar las prejubilaciones y ayudas repartidas de forma irregular.

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Este ha sido el argumento sobre el que ha girado su defensa y en el cual se apoyaron las juezas Ana Ferrer y Susana Polo para emitir un voto particular a la sentencia del Supremo. Estas magistradas calificaron la sentencia de "salto al vacío", ya que consideran que no hay pruebas suficientes para condenar por malversación a Griñán y los otros cinco exdirigentes ajenos a la Consejería de Empleo que tienen penas de cárcel: Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

La estrategia puesta en marcha por la defensa de José Antonio Griñán activó tres vías para evitar el ingreso en prisión del expresidente. La primera fue la petición de indulto registrada por los familiares del socialista, que recibió el apoyo de varios miles de personas y referentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Susana Díaz. También lo rubricaron personalidades de la sociedad civil y exdirigentes de otros partidos que van desde el PP a IU pasando por el PA o procedentes del nacionalismo catalán.

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La petición de indulto al exdirigente del PSOE, que tiene 77 años, se cimentó en causas humanitarias y en la convicción de que Griñán nunca se ha enriquecido, así como en su vocación de "servidor público". Con este argumento, la defensa pidió la suspensión de la pena en la Audiencia de Sevilla mientras se tramitaba el indulto. El tribunal sevillano rechazó esta posibilidad y lo argumentó en la gravedad de los delitos de "corrupción política", así como en la longitud de las penas de todos los condenados a prisión, superiores todas salvo una a los seis años de duración.

El letrado José María Calero también registró un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que acabó rechazada. El siguiente paso fue interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que fue aceptado a finales de mayo y deberá resolverse en los próximos años, igual que la petición del indulto, que no es incompatible con la suspensión de la pena que ha acordado este lunes la Audiencia Provincial de Sevilla.