El Supremo muestra a Griñán y al resto de condenados la vía del TC para eludir la cárcel

El Supremo ha abierto la puerta del Constitucional a José Antonio Griñán y el resto de condenados por los ERE fraudulentos de Andalucía. El alto tribunal ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por los 11 altos cargos involucrados en el reparto de ayudas irregulares desde el Gobierno andaluz. Esta era una de las vías planteadas por las defensas para evitar la cárcel (o lograr su salida), pero su rechazo permite ahora a los letrados pedir amparo al TC por una vulneración de derechos fundamentales de sus representados.

El alto tribunal, en un auto fechado el 16 de febrero, aborda los incidentes de nulidad planteados contra su sentencia por las representaciones de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero de Presidencia Vicente Lozano, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

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En el escrito de 120 páginas, que cuenta con los votos particulares de las magistradas Ana Polo y Susana Ferrer, la sala del Supremo defiende que estos incidentes son "un verdadero proceso de protección de derechos fundamentales", una suerte de paso previo al Constitucional. Al mismo tiempo, los jueces explican que este incidente "no permite la reiteración del planteamiento de cuestiones ya abordadas y resueltas en la sentencia" que condenó a los exmandatarios socialistas por el procedimiento específico creado y utilizado para repartir hasta 680 millones de euros en ayudas.

Una vez inadmitidos los incidentes de nulidad, los letrados podrán acudir al Tribunal Constitucional. Este era uno de los argumentos que las distintas defensas han planteado, inicialmente, para eludir la entrada en prisión. Ahora que hay seis ex altos cargos ya en la cárcel, se trata de un nuevo argumento para sumar a las peticiones de indulto que ya están en la mesa del Ministerio de Justicia. En esta situación están Carmen Martínez Aguayo, Vallejo, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Miguel Ángel Serrano y Jesús María Rodríguez Román, que entraron en prisión entre el 28 de diciembre del pasado año y el 2 de enero.

El letrado de Griñán deberá comunicar a la Audiencia de Sevilla el fin del tratamiento para que se revise su estado y su entrada en prisión

En el caso concreto de José Antonio Griñán, el recurso de amparo al Constitucional es un argumento para evitar el ingreso en prisión. Hay que recordar que la Audiencia de Sevilla decidió a principios de año suspender la entrada del expresidente de la Junta en la cárcel para que pudiera tratarse del cáncer de próstata que le fue diagnosticado en diciembre. Esta decisión del tribunal hispalense es temporal y se circunscribe al tiempo que dure el tratamiento dictado por el Servicio de Urología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El informe del 3 de enero

Según el informe médico, al que tuvo acceso este periódico, el tratamiento con bloqueadores hormonales y radioterapia se prologaría durante tres meses. Dado que Griñán empezó a recibirlo a mediados de diciembre, será en las próximas semanas cuando se proceda a su revisión. El letrado del expresidente, José María Calero, deberá informar a la Audiencia de Sevilla cuando finalice el tratamiento para que los forenses del Instituto de Medicina Legal de la capital andaluza emitan un nuevo informe sobre el estado del exdirigente socialista.

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El primer informe, elaborado el pasado 3 de enero por la doctora María Ángeles Dichas, desaconsejaba el ingreso en prisión de José Antonio Griñán por los posibles efectos que podría tener en su pronóstico la entrada en la cárcel. El documento admitía que la medicina penitenciaría podía hacer frente al mal del expresidente de la Junta. Pero también explicaba que el "derrumbe psíquico" que le provocaría al exlíder socialista su internamiento podría provocar el empeoramiento de su enfermedad. No obstante, Dichas reconocía que el estadio incipiente del tratamiento no permitía dilucidar con seguridad los efectos que podría tener en Griñán la ejecución de su pena de seis años por el delito de malversación en concurso medial con el de prevaricación.

La nueva malversación

La defensa del expresidente de la Junta no tiene intención de solicitar la revisión de la sentencia que la Audiencia de Sevilla emitió en noviembre de 2019 sobre la pieza política del caso ERE. Esta decisión sí la han tomado los letrados de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y del ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, en virtud a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para revisar el delito de malversación.

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El argumento utilizado por los abogados de estos ex altos cargos es que la nueva definición de la malversación no encaja en los hechos por los que fueron condenados Aguayo y Serrano. Y que el nuevo delito creado a partir del artículo 433 del Código Penal es más beneficioso para sus representados, que podrían lograr la absolución o una rebaja de la pena, en el caso de Martínez Aguayo, que la acercaría a la salida de la cárcel. José María Calero, el abogado de Griñán, no comparte este argumento y confía en la vía del Constitucional, de un lado, y del indulto, para evitar que el expresidente entre en prisión. Esto puede ocurrir si los forenses del Instituto de Medicina Legal creen que, en unas semanas, el político socialista puede seguir el tratamiento de su cáncer en la cárcel.