El informe forense recomienda que Griñán no entre en la cárcel por su cáncer

El informe médico encargado por la Audiencia de Sevilla para decidir sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán se inclina por la suspensión de la entrada en la cárcel del expresidente de la Junta. El informe firmado por la doctora María Ángeles Dichas y que tiene fecha de 3 de enero recomienda que el exdirigente socialista no sea encarcelado por los efectos que podría tener sobre el pronóstico de la enfermedad que le fue diagnosticada a principios de diciembre. Aunque no da un plazo temporal, sí apunta a que esta suspensión debe mantenerse hasta que se confirme la remisión de la enfermedad.

El informe médico forense, al que ha tenido acceso este periódico, concluye que no es conveniente que Griñán entre en la cárcel para cumplir la condena de seis años de cárcel por el caso de los ERE debido al cáncer de próstata que padece. La facultativa designada por los juzgados de Sevilla admite que los efectos secundarios del tratamiento que el expresidente ya ha comenzado "parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria" y con la vida en prisión.

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El informe de la forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla indica que el diagnóstico de cáncer "produce un derrumbe psíquico" en la persona y que el ingreso en la cárcel "no ayuda" a afrontar una enfermedad de esta entidad. En el documento, que ya está en manos de la Fiscalía y las partes para pronunciarse al respecto, la facultativa admite que su análisis es "predictivo", ya que el diagnóstico del cáncer es "muy reciente" y el tratamiento acaba de comenzar, por lo que no se puede conocer "a ciencia cierta" cómo puede ser la evolución del expresidente.

Sí defiende que una enfermedad como el cáncer de próstata que sufre Griñán hace necesario "un apoyo familiar y social (...) incluso imprescindible en estos casos". Al mismo tiempo, apunta que los servicios de sanidad penitenciaria son capaces de hacer frente "a cualquier demanda médica", pero también alerta sobre los efectos secundarios y las numerosas revisiones que debe pasar el expresidente de la Junta en este momento de su enfermedad. Por todos esos motivos, la forense se inclina por suspender la entrada en prisión hasta que se confirme la remisión del tumor por parte de los médicos que tratan al exdirigente socialista.

La forense indica que el "apoyo familiar y social" es casi "imprescindible" para José Antonio Griñán y no es compatible con la vida en la cárcel

Este informe se ha realizado a petición de la defensa de Griñán, que pidió la suspensión de la entrada en prisión del expresidente por el diagnóstico reciente del cáncer. El letrado José María Calero informó a la Audiencia de Sevilla de la situación del exlíder del PSOE andaluz el mismo día que el tribunal activó de forma definitiva la ejecución de la sentencia por la pieza política del caso de los ERE. En su auto del 22 de diciembre, los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia hispalense dieron 10 días a siete de los ocho ex altos cargos para ingresar en prisión. Solo Agustín Barberá vio suspendida su pena por enfermedad y mientras espera la emisión de un informe médico, una situación similar a la de Griñán. El resto de altos cargos ingresaron en distintos centros penitenciarios entre el 28 de diciembre y el 2 de enero.

Según el informe médico, al expresidente de la Junta se le practicaron las primeras pruebas el 5 de diciembre y fue durante el mes pasado cuando se confirmó que sufre un cáncer de próstata que debe tratarse con bloqueadores hormonales y radioterapia. La defensa de Griñán solicitó la suspensión de la pena y ahora la Audiencia debe decidir, aunque debe esperar a que se pronuncien la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, el PP andaluz y el sindicato Manos Limpias. El 31 de diciembre, el tribunal decidió suspender el plazo de entrada en la cárcel para el exdirigente socialista mientras dilucida si puede seguir o no el tratamiento en prisión.

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Hay que recordar que la familia de José Antonio Griñán solicitó un indulto por razones humanitarias al Ministerio de Justicia, que está por resolver. En su petición no se alude a su enfermedad, desconocida entonces, y sí a su edad y a la ausencia de enriquecimiento personal del expresidente de la Junta. Su defensa, con el argumento del indulto, solicitó la suspensión de la pena, sin éxito. Calero también interpuso ante el Supremo un incidente de nulidad de la sentencia que el alto tribunal hizo pública en septiembre y que confirma las tesis de la Audiencia de Sevilla.

El Supremo mantuvo para Griñán la pena de seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación que, según el tribunal sevillano, cometió el expresidente en su papel respecto al reparto fraudulento de ayudas sociolaborales. Con esta fórmula ideada en la Consejería de Empleo, se distribuyeron ilegalmente 680 millones de euros entre 2000 y 2008. La responsabilidad de Griñán responde a su cargo como consejero de Hacienda en esos gobiernos, no por su papel posterior como presidente. De hecho, el jefe del Ejecutivo entonces, Manuel Chaves, no tiene pena de cárcel, ya que solo fue condenado por prevaricación.