La Fiscalía justifica la prisión para Griñán: "Estamos ante una forma de corrupción"

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la necesidad de que el ex presidente andaluz ingrese en prisión en base a la gravedad de los hechos por los que fue condenado junto a otros partícipes de la trama de los ERE de Andalucía. En su escrito, el Ministerio Público parafrasea la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión y recuerda que los hechos son "una forma más de corrupción política" y que requieren, por ello "igualdad ante la ley".

El escrito de la Fiscalía niega que se hayan producido dilaciones excesivas en el proceso para justificar su rechazo a la suspensión de la pena de Griñán y el resto de altos cargos. El Ministerio Público destaca que todas las penas son superiores a los seis años, a excepción del caso de Juan Márquez, a quien el Supremo rebajó la condena hasta los tres años de prisión.

"Recordemos que el Tribunal Supremo en su Sentencia confirmando estas penas, recoge que estamos ante una forma mas de "corrupción política" cuando analiza la tipicidad de la malversación. Y de igual manera al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como elemento típico del delito de prevaricación, señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse, como ha señalado la doctrina científica, desde una concepción democrática del poder público. La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa", destaca.

La Fiscalía también se refiere la longitud de las penas para rechazar la suspensión de la pena, en alusión a una sentencia del Supremo en 1998 que afirma que esta medida "sólo podrá ser utilizada en casos muy concretos cuando las especiales circunstancias concurrentes así lo exijan de modo evidente". El Ministerio Público aborda también la posibilidad de que el indulto prospere y considera que sus efectos no quedarían anulados con el ingreso en la cárcel.

Si se trata de penas cortas, como es el caso, habrá que tener un criterio más generoso para la suspensión de la ejecución que si se trata de penas de mayor duración, indica para defender a continuación que hay numerosas resoluciones de Audiencias Provinciales reiterando el carácter excepcional de la suspensión que ha reclamado el socialista.

En el escrito en el que solicitaba el indulto, la familia de Griñán resumía en una decena de puntos su reclamación de perdón. Aludía a su edad, 76 años, y destacaba —como ya hicieran distintos representantes del Gobierno, incluyendo a Pedro Sánchez— que no se enriqueció mediante el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se prolongó durante años en Andalucía. También esgrimía su honestidad en las distintas responsabilidades públicas que ha ido ocupando e indica que, en los últimos años, su patrimonio, lejos de aumentar, ha disminuido.

Los allegados del socialista se referían también al sufrimiento añadido del expresidente andaluz a consecuencia de la larga duración de la instrucción, el posterior juicio y las sentencias que le siguieron. Señalaban el estrecho margen por la que el Supremo adoptó su decisión de confirmar las penas impuesta en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla. La resolución contó con dos votos particulares de una sala de cinco magistrados. Por último, consideraba desproporcionados los seis años de cárcel si se compara su participación en los hechos con la de otros condenados que sí se enriquecieron con el sistema corrupto.