José Antonio Griñán elude la cárcel para tratarse el cáncer de próstata
La Audiencia de Sevilla aplaza el ingreso en prisión del expresidente andaluz hasta que finalice las sesiones de radioterapia. Después tendrá que someterse a un nuevo informe médico.
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José Antonio Griñán no tendrá que ingresar en prisión, por el momento. Después de que el forense se mostrase desfavorable a que el cáncer de próstata que padece no puede se trate en la cárcel, la Audiencia de Sevilla ha aplazado el ingreso del expresidente en la cárcel hasta que finalice las sesiones de radioterapia que ya está recibiendo. La defensa del expresidente de la Junta informó el 22 de diciembre sobre la enfermedad del exdirigente socialista y solicitó la suspensión de su pena por este motivo. El letrado José María Calero registró la petición horas después de hacerse público que el tribunal sevillano había desestimado los recursos de súplica, es decir, que los altos cargos de la Junta condenados por el caso ERE tenían hasta el 2 de enero para entrar en prisión de forma voluntaria.
En el caso de Griñán, esto no será así. La médico designada por el Instituto de Medicina Legal, María Ángeles Dichas, considera, como expresó la defensa en su petición, que no es conveniente que el cáncer de próstata que padece el exdirigente se trate en prisión. La defensa de Griñán apeló al artículo 80.4 del Código Penal, que permite a los jueces suspender la pena de prisión en caso de enfermedad incurable. El letrado refirió en su escrito que no es necesario que se trate de un mal terminal para paralizar la entrada en prisión, como ha defendido el Tribunal Constitucional en sentencias previas.
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El tribunal hispalense ha emitido un auto este viernes después de conocer los posicionamientos de la Fiscalía y el PP, que también se mostraron contrarios a la entrada del expresidente andaluz en prisión hasta no conocer de forma más exhaustiva el pronóstico de su enfermedad. La decisión de la Audiencia obliga a la defensa de Griñán a que le comunique "inmediatamente" el final del tratamiento para volver a someter al político socialista a un nuevo informe forense. Según la documentación aportada por la defensa, el tratamiento dura tres meses, por lo que será a partir de abril cuando se vuelva a abordar la situación.
"Se desprende con claridad la no conveniencia del ingreso del penado en el centro penitenciario", apunta el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla este viernes, que asume las tesis de la médico forense. El escrito habla de posibles "inconvenientes" tanto para el expresidente como para "la dinámica del mismo cento penitenciario" y admite que no tomará una decisión definitiva sobre la idoneidad del cumplimiento de la pena hasta dentro de unos meses. Mientras tanto, el tribunal reclama un informe sobre la "posibilidad de tratamiento" en la cárcel cuando haya finalizado esta primera fase. Contra esta decisión no cabe recurso alguno.
La Audiencia tomará la decisión definitiva sobre el cumplimiento de la pena cuando Griñán haya finalizado su tratamiento
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación y el Tribunal Supremo confirmó esa decisión en una sentencia que se hizo pública el pasado mes de septiembre. La defensa del exmandatario socialista puso en marcha una estrategia para intentar evitar la entrada en prisión de Griñán por varias vías, sin exito.
Solo el reciente diagnóstico del cáncer ha paralizado la entrada en prisión del expresidente, al igual que ha ocurrido con otro ex alto cargo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que también ha visto paralizado su ingreso en la cárcel por enfermedad. Tras la petición de la defensa de Griñán, la Audiencia designó a un médico forense para analizar las pruebas médicas aportadas por el expresidente de la Junta, que acudió el martes al tribunal hispalense para una entrevista con el facultativo responsable de elaborar el informe. En ese encuentro, que duró unas dos horas, no se le indicaron nuevas pruebas.
El resto de altos cargos, entre los que hay otros cuatro exconsejeros de la Junta, comenzaron a entrar en prisión el 28 de diciembre. La primera fue Carmen Martínez Aguayo, extitular de Hacienda. El resto lo fueron haciendo de forma paulatina antes de las 23:59 del 2 de enero, cuando finalizaba el plazo establecido por la Audiencia de Sevilla. Esto ocurre tres meses después que el Alto Tribunal hiciera pública la sentencia que asume las tesis que inauguró la juez Mercedes Alaya a principios de la década pasada, en los albores de la investigación de los ERE.
El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá también está a la espera de un informe médico para la suspensión de su pena de cárcel
La magistrada apuntó a la cúpula de la Administración socialista, ya que consideraba que el sistema creado para repartir ayudas sociolaborales de forma indiscriminada en la Consejería de Empleo contaba con el aval o, al menos, el conocimiento, del escalafón más alto de la Junta de Andalucía. Según la sentencia de la Audiencia de Sevilla, los distintos gobiernos del PSOE repartieron 680 millones de euros de forma fraudulenta, aunque hay que recordar que el actual Ejecutivo de Juanma Moreno seguirá pagando jubilaciones procedentes de aquella decisión hasta 2025.
Griñán insiste en su inocencia
Griñán siempre ha defendido su inocencia y en su entorno insisten en que el expresidente de la Junta sigue sin comprender el motivo de su condena. Hay dos frases del propio exdirigente que dejan ver su posición. En el proceso de instrucción, cuando el asunto llegó al Supremo por primera vez por su condición de aforado, afirmó que "hubo un gran fraude, pero no un gran plan". En su intervención en el juicio, ya en la Audiencia de Sevilla, aseguró que "el crédito no delinque nunca", en referencia a que en su papel como consejero de Hacienda no pudo generar un delito de malversación por diseñar los presupuestos de los que salían los fondos para pagar las prejubilaciones y ayudas repartidas de forma irregular.
Este ha sido el argumento sobre el que ha girado su defensa y en el cual se apoyaron las jueces Ana Ferrer y Susana Polo para emitir un voto particular a la sentencia del Supremo. Estas magistradas calificaron la sentencia de "salto al vacío", ya que consideran que no hay pruebas suficientes para condenar por malversación a Griñán y los otros cinco exdirigentes ajenos a la Consejería de Empleo que tienen penas de cárcel: Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
La estrategia puesta en marcha por la defensa de José Antonio Griñán activó tres vías para evitar el ingreso en prisión del expresidente. La primera fue la petición de indulto registrada por los familiares del socialista, que recibió el apoyo de varios miles de personas y referentes como Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Susana Díaz. También lo rubricaron personalidades de la sociedad civil y exdirigentes de otros partidos que van desde el PP a IU pasando por el PA o procedentes del nacionalismo catalán.
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La petición de indulto al exdirigente del PSOE, que tiene 77 años, se cimentó en causas humanitarias y en la convicción de que Griñán nunca se ha enriquecido, así como en su vocación de "servidor público". Con este argumento, la defensa pidió la suspensión de la pena en la Audiencia de Sevilla mientras se tramitaba el indulto. El tribunal sevillano rechazó esta posibilidad y lo argumentó en la gravedad de los delitos de "corrupción política" así como en la longitud de las penas de todos los condenados a prisión, superiores todas salvo una a los seis años de duración.
El letrado José María Calero también registró un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo por la sentencia que se hizo pública en septiembre. El Alto Tribunal aceptó el 25 de noviembre este recurso, pero esta decisión no tiene incidencia en la suspensión de la pena. Si esta petición no prospera, la intención de la defensa de Griñán es interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todo ello mientras esperan la tramitación del indulto parcial por parte del Gobierno, lo que le rebajaría la pena y lo podría librar de prisión. Mientras eso ocurre, la esperanza del expresidente está en la justicia penitenciaria, ya que en su entorno confían en que le sea concedido el tercer grado en un periodo corto de tiempo.
José Antonio Griñán no tendrá que ingresar en prisión, por el momento. Después de que el forense se mostrase desfavorable a que el cáncer de próstata que padece no puede se trate en la cárcel, la Audiencia de Sevilla ha aplazado el ingreso del expresidente en la cárcel hasta que finalice las sesiones de radioterapia que ya está recibiendo. La defensa del expresidente de la Junta informó el 22 de diciembre sobre la enfermedad del exdirigente socialista y solicitó la suspensión de su pena por este motivo. El letrado José María Calero registró la petición horas después de hacerse público que el tribunal sevillano había desestimado los recursos de súplica, es decir, que los altos cargos de la Junta condenados por el caso ERE tenían hasta el 2 de enero para entrar en prisión de forma voluntaria.