La paradoja del PP andaluz: acusación y parte en el debate sobre la prisión de Griñán

El PP andaluz es parte del caso de los ERE, pero como parte de la acusación. Lo ha sido desde que, a principios de la pasada década, abanderase la lucha judicial y política sobre la corrupción en los gobiernos del PSOE en la Junta. Y ahora tendrá que pronunciarse sobre la pena de prisión que pesa sobre José Antonio Griñán y otros ocho altos cargos condenados por su participación en la creación del sistema de reparto de ayudas fraudulentas.

"Lo hicimos porque era nuestra responsabilidad como partido", apunta el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, sobre el papel de la formación en el caso a lo largo de los años. Este cordobés se convirtió en el número dos de los populares a principios de septiembre y solo 15 días después tuvo que ejercer de portavoz del partido tras conocerse la sentencia de la pieza política de los ERE. "Las sentencias están para cumplirse", zanjó, cuestionado sobre el indulto que ya había anunciado la familia del expresidente de la Junta.

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Unos días después, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, admitió que no tenía interés "personal ni político" en ver a Griñán, "presidente del PSOE, exministro y expresidente de la Junta de Andalucía", entrar en prisión. Este posicionamiento del dirigente gallego no es incompatible con la crítica del partido a la posible concesión de un indulto al exmandatario socialista. Pero ahora los populares tendrán que pronunciarse desde el punto de vista jurídico como acusación particular en el caso.

Esto es así porque la sección primera de la Audiencia de Sevilla dictó este martes el auto que activa la ejecución de la pena de los 15 altos cargos condenados en el juicio del procedimiento específico por el cual se concedían los ERE fraudulentos. Los tres jueces del tribunal sevillano dan por firme la sentencia divulgada el 14 de septiembre por parte del Supremo y ordenan hacer efectiva la condena a inhabilitación de Manuel Chaves y otros cinco exdirigentes de la Junta.

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En el caso de Griñán y los otros ocho condenados a penas de prisión, todavía hay un paso por dar. Y es ahí donde el PP tendrá que pronunciarse, al igual que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla y Manos Limpias, que también está en la acusación. Se trata de un posicionamiento no vinculante, como recuerdan los populares, y que incluso no es obligatorio. Pero los populares aseguran que lo emitirán una vez que sus juristas analicen la situación, ya que todavía no tienen una decisión tomada y el plazo comienza a correr este jueves.

La postura jurídica que tomen los populares tendrá una lectura política inevitable. Para entender el papel que tiene el PP andaluz en este caso, solo hay que tener en cuenta que quien ejerció la representación legal del partido en los tribunales es hoy un alto cargo de la Consejería de Justicia. El auto dictado por la Audiencia de Sevilla todavía cita su nombre, Luis García Navarro, a pesar de que el letrado dejó de ejercer como tal el pasado agosto. El propio letrado explica que se trata de un error del auto. El ahora director general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración fue sustituido por el abogado y exmagistrado Alfonso Martínez Escribano en todas las causas relacionadas con la corrupción en las que está el PP.

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"Ahora nos van a echar la culpa a nosotros de que Griñán entre en la cárcel", se queja una fuente del PP, que recuerda que su escrito no tiene relevancia jurídica en la decisión final, que corresponde a la sección primera de la Audiencia de Sevilla, el tribunal que dictó la sentencia de los ERE en diciembre de 2019. Los populares apuntan al posicionamiento que debe emitir la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público, en su informe final del caso, aseguró que los responsables políticos ahora condenados "no pueden alegar desconocimiento" sobre el sistema fraudulento de reparto de ayudas.

La decisión final sobre la ejecución de la pena de cárcel de José Antonio Griñán y los otros ocho ex altos cargos condenados por malversación será de la Audiencia de Sevilla. Pero el escrito del PP posicionará formalmente a los populares, que tienen claro que su deber es tomar parte en este momento procesal, aunque dentro del partido hay sensibilidades distintas sobre la entrada en la cárcel del expresidente y la petición del indulto.

No hay que olvidar que hay exdirigentes populares, como Juan Ojeda, ex secretario general del partido en Andalucía, que firmaron a favor del indulto. La posición oficial, marcada por Feijóo, es que el Gobierno está "preparando el terreno" para conceder la gracia a un dirigente de su partido. En el PP son conscientes del rédito electoral que este debate puede generarles, por lo que no se plantearon solicitar la ejecución de la pena. Tenían derecho a hacerlo como acusación, pero les habría supuesto un señalamiento. Y ahora no podrán evitar tomar una postura u otra.