Contratos de emergencia, protestas y una orden polémica: Salud abre una vía de agua a Moreno

Cuando Catalina García informó en el Parlamento andaluz sobre la orden de tarificación de los conciertos que abre la puerta a derivar la Atención Primaria, quedó claro que la Junta no tenía intención de cambiar esa norma. Unos días después, desde San Telmo informaron que se había publicado en BOJA una modificación que acotaba los casos en los que se podría externalizar el servicio a las situaciones de emergencia. Y ahora mismo, el Gobierno de Juanma Moreno y los sindicatos está enfrascado en una negociación con los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad para volver a retocarla. El relato sirve para poner el foco en el primer quebradero de cabeza serio al que se enfrenta el Ejecutivo de mayoría absoluta del malagueño, que ve cómo en la Consejería de Salud y Consumo se ha abierto una vía de agua a pocas semanas de las elecciones municipales del 28 de mayo.

Cuando más arreciaba la crisis sanitaria en Madrid, el Gobierno andaluz capeaba el temporal apoyado en sus buenas relaciones con el Sindicato Médico Andaluz (SMA). No hay que olvidar que Jesús Aguirre, consejero de Salud en la pasada legislatura y ahora presidente de la Cámara regional, pertenecía a esa organización. Moreno supo mantener a raya a los facultativos y puso recursos y esfuerzo negociador para evitar una huelga en Atención Primaria. Pero después comenzó una tormenta perfecta que ha tensionado a un ejecutivo autonómico acostumbrado a navegar placidamente después de nueve meses de mayoría absoluta que habían dejado noqueada a la oposición.

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Los intentos previos de la izquierda y los sindicatos de clase por activar el descontento ciudadano habían caído en saco roto, aunque en noviembre hubo una movilización de cierta entidad. La cosa fue muy diferente el pasado 25 de marzo, cuando las mareas blancas sacaron a las ocho capitales a 50.000 personas, según las estimaciones más conservadoras de la Delegación del Gobierno en Andalucía. La citada orden que abre la puerta a privatizar la Atención Primaria sirvió como chispa y el descontento de los profesionales sanitarios llegó a parte de la sociedad.

La preocupación se dejó notar en la respuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno, que pasó de acusar a la izquierda de alimentar "bulos" a redoblar los esfuerzos por negociar con los sindicatos. Se entiende así que unos días antes de la manifestación del 25 de marzo, el presidente firmase a bombo y platillo un gran acuerdo de concertación social con la patronal, UGT y CCOO. Y la medida de mayor peso, como viene recordando desde entonces el malagueño, es el blindaje del presupuesto para Atención Primaria, que contará con un 25% del gasto sanitario en las cuentas autonómicas de aquí en adelante.

El matiz, que no es baladí, es que dicho acuerdo incluye el desarrollo de un pacto por la atención primaria que el Gobierno andaluz quiere cerrar en este mes de abril. Pero las negociaciones, por el momento, están lejos de llegar a buen puerto, informan fuentes sindicales. Catalina García, que fue viceconsejera con Jesús Aguirre en la pasada legislatura, tiene un doble frente en estas conversaciones. De un lado están las protestas de los médicos impulsadas por el SMA y sus delegaciones provinciales. Del otro, las reivindicaciones de los sindicatos de clase, que acusan a la Junta de privilegiar en exceso a las organizaciones profesionales.

Doble frente sindical

El Sindicato Médico de Sevilla, por ejemplo, inauguró el Miércoles Santo una convocatoria de huelga que se repetirá cada semana. Su matriz regional tiene fijada un paro para el 12 de abril como protesta por el incumplimiento del acuerdo con el que la Junta desactivó un primer paro previsto el 25 de enero. El pacto consistía en limitación de agendas a 35 pacientes al día y en abrir las consultas por la tarde con un complemento voluntario de 45 euros la hora. Eso, según el SMA, no se está cumpliendo, por lo que han resucitado el paro. Y a ello hay que sumar un detalle de la orden de tarificación, que fija en 65 euros el precio máximo de la consulta de Primaria, mucho más, denuncian los médicos, que lo que se cobra en la pública.

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Quienes han puesto más foco sobre la polémica orden son UGT y CCOO —y a ellos se ha sumado el Defensor del Pueblo Andaluz— que reclaman la retirada de la alusión a la Atención Primaria del texto. Esto no ocurrirá, pero fuentes sindicales apuntan a que las modificaciones que ha ofrecido el Gobierno andaluz van por buen camino. El principal escollo ahora está en un asunto presupuestario. "No quieren hablar de dinero", apuntan estas fuentes, que desvelan que la principal oferta de Salud es una subida de sueldo a los médicos de familia y pediatras de 450 euros por medio de un complemento en el salario que se aplicaría entre 2024 y 2026.

Esto supondría un crecimiento de los salarios de estas categorías del 15%, a lo que hay que sumar el aumento que se aplica a todos los trabajadores públicos cada año a nivel estatal. La principal petición de los sindicatos de clase es que esa subida debe afectar al resto de categorías de empleados del SAS. "Pero eso significa dinero", insisten desde las organizaciones presentes en la mesa de negociación. La próxima reunión está prevista para el 10 de abril y ahí el Gobierno de Juanma Moreno intentará de nuevo desactivar la huelga antes de que comience.

La diferencia del interlocutor

Fuentes conocedoras de las conversaciones y del propio Gobierno admiten que uno de los problemas está en el equipo encargado de esa negociación. "Lina [García] no es Jesús [Aguirre]", cuenta una de las partes que, no obstante, recuerda que el equipo heredado por la jiennense es casi el mismo que acompañaba al ahora presidente del Parlamento. El entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, es ahora el viceconsejero. Los sindicatos ponen el foco sobre este alto cargo y lo señalan por haber rechazado acuerdos una vez aprobados en mesa sectorial. Y admiten que tiene un papel mucho más relevante que otros viceconsejeros en Salud, ya que habitualmente el peso del departamento estaba precisamente sobre el jefe del Servicio Andaluz de Salud.

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Hay que tener en cuenta que el SAS es la mayor empresa de Andalucía, con más de 130.000 profesionales, según las últimas cifras del Gobierno de Juanma Moreno. El aumento de la plantilla sanitaria es uno de los argumentos utilizados por el Ejecutivo para zafarse de las críticas de la izquierda. Lo mismo ocurre con el presupuesto, que ha crecido casi en un 40% desde que Juanma Moreno llegó a San Telmo. Pero el mensaje que envía la oposición en su conjunto, incluido Vox, es que la sanidad no funciona bien entre los tiempos de espera para la Atención Primaria y el crecimiento de las listas de espera.

Acabar con esa larga lista es el principal argumento que emplea la Junta para explicar el uso de una normativa caducada para gastar hasta 243 millones de euros en contratos de emergencia. El decreto estatal que avalaba la utilización de esa fórmula decayó en mayo de 2021 y la propia Consejería de Hacienda, entonces en manos de Juan Bravo, instó al resto de departamentos a dejar de hacerlo un mes después. Salud continuó prorrogando los contratos, que estarán vigentes hasta junio de 2023. Será entonces cuando entre en vigor un nuevo modelo de contratación anunciado por la Junta tras el estallido de la polémica. Otra rectificación en un departamento donde hay nervios y "preocupación", tal y como han reconocido a sus interlocutores en privado.