Salud aumentó las derivaciones de emergencia sin el aval del Gobierno andaluz

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, no informó al Consejo de Gobierno de las dos últimas prórrogas de los contratos de emergencia utilizados para derivar más de 243 millones a clínicas privadas. Estas últimas adendas se realizaron los días 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2022, cuando la instrucción de la Consejería de Hacienda que alertaba contra el uso de esta fórmula llevaba más de un año en vigor. En ese documento se establece que los contratos de emergencia deben llevarse a la reunión semanal del Ejecutivo andaluz en los dos meses posteriores a su formalización. Esto no ha ocurrido a fecha de hoy, pero desde el Gobierno andaluz explican que no es necesario, al tratarse de una prórroga y no de un nuevo contrato.

En los distintos documentos con el orden del día que hay publicados en la web de la Junta desde el 30 de septiembre, no hay mención a estas dos ampliaciones de gasto, que todavía están sin publicar en los portales de transparencia de la Administración regional. Sí hay otros muchos expedientes, casi una veintena en el mismo periodo, con obras de emergencia para reparar el firme de varias carreteras, para erradicar los brotes de viruela ovina y caprina, para la contratación del servicio de limpieza de varias zonas sanitarias de la provincia de Granada o la seguridad de los hospitales comarcales de la provincia de Sevilla.

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Hay que tener en cuenta que el Gobierno andaluz, como el resto de administraciones, ya no pueden ampararse en las consecuencias del covid para utilizar este tipo de contratación. Esto es así desde la derogación, el 9 de mayo de 2021, del Real Decreto Ley 7/2020 aprobado por el Gobierno central en los albores de la pandemia. Un mes después, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea que entonces dirigía Juan Bravo emitió una instrucción que advertía al resto de departamentos que "no era deseable" mantener las contrataciones de emergencia sin justificación.

El Gobierno andaluz, cuando eldiario.es desveló el uso de esta fórmula hasta junio de 2022, insistió en que las consecuencias de la pandemia todavía generan presión en la prestación sanitaria, sobre todo en pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas. Bajo este precepto, el departamento que entonces dirigía Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento, continuó prorrogando la fórmula. Su sucesora, Lina García, heredó el procedimiento y lo volvió a extender con estas dos últimas prórrogas.

En San Telmo defienden que las prórrogas no tienen que pasar por el Consejo de Gobierno, pero la propia Consejería de Salud lo ha hecho en otras ocasiones

Al no haber pasado por el Consejo de Gobierno, los detalles de estas adendas se desconocen más allá de lo que ha desvelado el propio Ejecutivo andaluz. Se trata de prestaciones relacionadas con la atención a pacientes oncológicos y estarán vigentes hasta el 30 de junio. Después, según anunció el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, entrará en vigor un sistema centralizado de contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este pronunciamiento solo se produjo después de que estallase la polémica por el uso de este tipo de contratación contra la que Juan Bravo alertó en junio de 2021 por su "uso indebido".

Los acuerdos que llegan al Consejo de Gobierno deben ser publicados con todo detalle en un plazo inferior a tres días desde que se ven en la reunión semanal del Palacio de San Telmo. "Están firmadas y a la cola para salir", apuntan desde la Consejería de Salud y Consumo cuando se reclaman los expedientes completos de estas últimas dos adendas. No está claro si, como ocurrió en prórrogas anteriores (en diciembre de 2021), el departamento que dirige Lina García ha emitido un informe jurídico que justifica el empleo de la contratación de emergencia.

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En ese documento, firmado por Salud Rivero como subdirectora general de Compras y Logística del SAS, admite que los "plazos que se manejan" para hacer las mismas contrataciones por la vía de urgencia o por un contrato simplificado "son de 100 días en el mejor de los casos". Hay que tener en cuenta que el procedimiento de emergencia que ha permitido la derivación con clínicas privadas por valor superior a los 243 millones de euros va a estar vigente durante 917 días. Son los días que van desde el 20 de enero de 2021, en plena tercera ola de covid, la más mortífera, hasta el 30 de junio de 2023, cuando las últimas restricciones que quedan vigentes se limitan a llevar mascarillas en centros de salud, de mayores y farmacias.

Respecto al argumento del Gobierno sobre que no es necesario que una prórroga de un contrato de emergencia pase por el Consejo de Gobierno, hay que tener en cuenta que se trata de una práctica que ha ocurrido anteriormente. En el Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2021 se abordó precisamente una de las prórrogas del primer contrato, con la firma del director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, y el propio director del Servicio Andaluz de Salud, Miguel Ángel Guzmán Ruiz. Dichas firmas databan del 21 de diciembre de ese mismo año, es decir, solo una semana antes de recibir luz verde del Consejo de Gobierno a pesar de que contaban con un plazo superior, de al menos dos meses.