Un frente judicial amenaza a Moreno por la prórroga de los contratos de emergencia covid

La gestión administrativa de la post pandemia se le atraganta al Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Le ocurrió con la fórmula de contratación de personal que tuvo que desmontar cuando empezaron a llegar sentencias de tribunales anulando la incorporación de trabajadores públicos con el argumento del covid. Y ahora un frente judicial amenaza al Ejecutivo popular, ya con mayoría absoluta, por la extensión de los contratos de emergencia una vez que la norma que los hacía posibles dejó de estar en vigor.

El Gobierno andaluz descarta cualquier atisbo de irregularidad desde el primer momento. El portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, han insistido una y otra vez en que los contratos de emergencia de la Administración andaluza se publican en su totalidad desde la llegada del PP a la Junta. El problema es que parte de esos contratos, se han ido prorrogando en los últimos dos años, cuando la normativa estatal dejó de estar en vigor a mediados de 2021.

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Ese detalle lo recordó el propio consejero de Hacienda del anterior Gobierno de Juanma Moreno, Juan Bravo. El ahora dirigente del PP nacional remitió a todas las consejerías un informe en el que pedía que el uso de la contratación de emergencia se reservase para casos muy concretos. El PSOE ya denunció en la anterior legislatura alguna contratación extraña, como el servicio de limpieza de la empresa pública que gestiona las ITV (Veiasa) en Córdoba. Las informaciones de eldiario.es sobre esta práctica en la Consejería de Salud, donde se han ido prorrogando contratos por más de 200 millones, para derivaciones a la sanidad privada, han elevado el tono de la oposición, que baraja ya las vías para acudir a los tribunales.

Ni el PSOE ni Por Andalucía han dejado clara cuál será su estrategia, pero en ambas formaciones miran a las contrataciones exprés que la Junta puso en práctica en 2020. El principal ejemplo fueron los auxiliares de playa que la Junta contrató aquel verano para controlar que en los arenales de la comunidad se cumplían las medidas de prevención del covid. Fueron más de 3.000 trabajadores públicos los que se incorporaron con un método que acabó declarado nulo por los tribunales en numerosas sentencias. El criterio, una vez cumplido unos requisitos mínimos, era el orden de recepción de los correos electrónicos de los solicitantes a la cuenta que habilitó el Ejecutivo andaluz.

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Pero no solo se contrataron a estos auxiliares de playa, sino también a profesionales que van desde conservadores de arte a ingenieros, pasando por sanitarios. Los sindicatos acudieron en tromba a los tribunales de lo contencioso administrativo, que emitieron una cascada de sentencias contrarias a la Administración autonómica. Los trabajadores que habían sido contratados no se vieron afectados, porque se trataba de contratos de escasa duración. Pero el Gobierno andaluz se vio obligado a dejar de utilizar esta fórmula de contratación.

"Corrupción sanitaria"

Ese es uno de los espejos en los que se mira la oposición, que no descarta otras vías como la del Tribunal de Cuentas o incluso la penal. "Vamos a llegar hasta el final", apunta una fuente del PSOE, cuya portavoz en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, habló de "corrupción sanitaria". La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, llegó a aludir al caso de los ERE fraudulentos, que parte precisamente de una irregularidad basada en la falta de control del reparto de ayudas públicas. "Cuando los controles se reducen, pueden pasar cosas", señala una fuente socialista, aunque admite que la comparación con el caso ERE es dolorosa para el partido del puño y la rosa.

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El argumento de la Consejería de Salud, además de esa defensa a ultranza de la legalidad de los contratos, es que estaban amparados por la Ley de Contratos del Sector Público a pesar de que el decreto que avalaba la contratación de emergencia ya había decaído. Además, el departamento que encabeza Lina García defiende la existencia de informes jurídicos que avalan las prórrogas, que se prolongarán hasta junio. Después, el Servicio Andaluz de Salud tendrá una nueva fórmula de contratación en una nueva rectificación del Ejecutivo de Juanma Moreno que es muy elocuente para la oposición.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía no tienen intención de dejar que se apague este fuego. "Es la primera vez que podemos hincarle el diente", apunta un dirigente de las fuerzas de izquierda, que además pone el foco en la "oportunidad" de la denuncia. El paso atrás del Gobierno de Juanma Moreno llega cuando los sindicatos de la mesa sectorial de sanidad han vuelto a las calles para protestar por la polémica orden que abre la puerta a la privatización de la Atención Primaria en casos excepcionales.

Ni las dos modificaciones del texto para acotar los casos en los que se puede derivar ni el acuerdo entre los dos grandes sindicatos y la patronal con el Gobierno han acallado la protesta. Sí es cierto que hay quien lamenta esta firma con todos los oropeles en el palacio de San Telmo, pero al mismo tiempo se muestra optimista. Todavía hay una segunda protesta organizada por las mareas blancas prevista para el 25 de marzo que contará con el apoyo de las fuerzas de izquierda y los sindicatos.