Moreno recula y limita a casos excepcionales la privatización de la atención primaria

El Gobierno andaluz ha cedido a la presión de la oposición y los sindicatos por la polémica orden que abre la puerta a privatizar la atención primaria. La Consejería de Salud y Consumo ha modificado el texto para dejar por escrito que la hipotética externalización de las consultas de los centros de salud solo se dará en casos de "emergencia sanitaria" o en "periodos coyunturales de mayor demanda". Así figura en la corrección de la norma que se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este jueves y que blinda el argumento que utilizaba el Ejecutivo de Juanma Moreno para defenderse de las críticas por esta decisión.

La decisión ha partido del propio presidente de la Junta, explican desde el Gobierno andaluz, con la intención de parar "el bulo" que, aseguran, está difundiendo el PSOE respecto a esta norma. En San Telmo navegan entre la preocupación por las consecuencias negativas que puede tener esta iniciativa y un mensaje de tranquilidad sobre los efectos que puede tener. A su favor cuentan con el largo historial de concertaciones que acumula la Junta bajo la gestión del PSOE y el convencimiento de que la alarma solo prende si la entrada de compañías privadas va aparejado a algún tipo de copago.

Desde el primer momento, la titular de Salud, Catalina García, y el propio presidente han asegurado que se trata de una norma previsora, pensada para momentos de excepción, pero no había ni rastro de esa particularidad en el texto. La norma entró en vigor el pasado viernes y establece los precios máximos que abonará la Administración andaluza por concertar cualquier servicio con las compañías privadas que complementan la labor del Servicio Andaluz de Salud. La novedad es que incluía en ese catálogo las consultas de atención primaria con un precio máximo de 65 euros. Desde Salud defendían que no se trataba de una novedad y que el PSOE ya concertó la primaria en 2004, aunque en esa orden se circunscribía a los mutualistas, es decir, a los trabajadores públicos que no tienen cobertura en el SAS.

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Esa decisión y la posibilidad de que las instalaciones del sistema público fueran utilizadas por médicos privados soliviantaron a la oposición, que salió en tromba contra el Gobierno del PP. Pero también a los sindicatos, incluido el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que llegó a un acuerdo con el Ejecutivo de Juanma Moreno en enero para desconvocar una huelga en protesta por la situación de la atención primaria. Esta organización es la mayoritaria entre los facultativos de la comunidad y en San Telmo había preocupación por un efecto contagio de la situación que se vive en lugares como la Comunidad de Madrid.

La entente lograda hace dos meses, gracias a un acuerdo para limitar las agendas de los médicos de familia y los pediatras, peligra ahora por el descontento mostrado por el SMA porque las tarifas máximas contempladas en la orden (que no se han modificado) suponen un precio "siete veces superior" a lo que cobra un facultativo por consulta. Hay que tener en cuenta que el Sindicato Médico Andaluz forma parte de la convocatoria de protesta prevista para el próximo 16 de marzo frente a la sede del SAS con motivo de esta orden. Ahí estarán el resto de sindicatos de la mesa sectorial de sanidad, CCOO, UGT, Csif y Satse, pero también los partidos de izquierda, que han anunciado su apoyo.

El Sindicato Médico Andaluz, que mantiene buenas relaciones con el Gobierno del PP, se ha sumado a las protestas convocadas para el 16 de marzo

El Gobierno de Juanma Moreno defiende el carácter previsor del texto y que busca evitar el desembolso descontrolado de dinero a las compañías privadas que, según explican, había bajo la administración socialista. La consejera de Salud fue muy tajante al afirmar que no habría privatizaciones en un debate en el Parlamento y el mensaje que salía de San Telmo hasta hace unos días es que la orden no iba a retocarse. La presión de la oposición, que acusa al Ejecutivo de abrir la puerta a dotar los nuevos hospitales que construye con personal del ámbito privado, ha surtido efecto a pesar de que en el entorno de Juanma Moreno aseguraban que este asunto no generaba alerta entre la población.

La defensa del Ejecutivo popular ante las críticas pasaba por defender el aumento de la inversión en sanidad, que ha crecido un 39% en los cuatro años que Moreno lleva al frente de la Junta. Lina García también acusó a la oposición de "infundir miedo" a la población con sus críticas. De fondo, había un convencimiento en el Gobierno andaluz sobre las externalizaciones. Consideran en San Telmo que son algo que ya forma parte de la vida cotidiana de la población, ya que son habituales para operaciones de menor entidad y para la realización de pruebas diagnósticas.

La reforma del texto que entra este viernes en vigor deja por escrito que las externalizaciones en atención primaria solo se pondrá en práctica "en aquellas situaciones en que la cobertura prestacional relacionada con las garantías establecidas en materia de accesibilidad sea insuficiente" en esos periodos de alta demanda y en emergencias sanitarias. La oposición no se da por satisfecha por este matiz y el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, insiste en la necesidad de retirar el texto "modificado por la puerta de atrás". El líder socialista además considera que la matización que ha puesto en marcha la Consejería de Salud y Familias demuestra que las denuncias de la oposición iban en la dirección correcta.