Una okupa logra suspender su juicio alegando una operación estética de pecho

“Elevación de prótesis. Operación: 17-01-2023”. Estos son algunos de los pocos datos que se pueden leer en una “carta de ingreso de paciente” que ha presentado una supuesta okupa para retrasar el proceso judicial al que se enfrenta por presuntamente usurpar la vivienda que un ciudadano suizo había adquirido en Málaga. “Mi cliente nos pregunta si se ha comprado una casa en España o en una república bananera”, señalan sus abogados, que explican que “no entiende que lleve casi dos años litigando para recuperar su casa y que ahora se suspenda un juicio alegándose una operación de estética”.

La pesadilla de este empresario extranjero, al que esta situación le está provocando “ataques de ansiedad” y otros problemas de salud, comenzó cuando se enamoró de la capital malagueña y decidió comprar una vivienda para pasar largos periodos e incluso instalarse definitivamente en un futuro próximo. “No la adquirió para especular ni pertenece a un fondo buitre”, se apresuran a matizar los letrados, que lamentan tener que aclarar esta circunstancia para no rebajar gravedad al caso. “Paga 700 euros mensuales de hipoteca y debe seguir abonando la luz y el agua para que no le denuncien por coacciones”, inciden para exponer una realidad que están padeciendo muchos otros propietarios del país.

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En su caso, no recibió el aviso de un agente, ni la llamada de un vecino, fue él quien comprobó que habían okupado su domicilio —ubicado en el barrio de La Trinidad— cuando llegó al rellano con su maleta y se percató de que la llave no entraba en la cerradura. Alguien la había cambiado. En el interior, una mujer cuya respuesta fue que “le habían dicho que se metiera ahí porque estaba vacía”. La víctima llamó a la Policía Nacional y se presentó en el lugar una patrulla que solo pudo identificar a la presunta okupa.

Con la advertencia de que los hechos —como así ocurrió— iban a ser calificados como un “delito leve” al no haber habido violencia en la okupación, ni tratarse de la primera vivienda, el ciudadano suizo inició acciones legales para tratar de recuperar un inmueble donde —afortunadamente para sus intereses— aún no había comenzado la reforma para la que había pedido licencia de obras.

El juicio se ha suspendido ya dos veces y una segunda okupa se ha hecho ahora con la casa

Los letrados de Ruiz Ballesteros Abogados, el bufete que lleva el caso, se toparon poco después con que debían ampliar la denuncia original porque en el inmueble se había instalado una segunda okupa que supuestamente va persiguiendo un lanzamiento con el que poder justificar “la solicitud de una vivienda pública y otras ayudas”. “No se irá hasta que no la echen”, comentan con desazón los abogados, que afirman que el denunciante “está dispuesto a renunciar a cualquier indemnización, ni espera que vayan a la cárcel, solo desea poder recuperar en su hogar”.

El juicio se fijó para finales del pasado mes de noviembre, pero se acabó suspendiendo por la huelga convocada por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que estos días se reproduce. “Esto supuso gastos importantes a nuestro cliente porque se desplazó desde el extranjero, tuvo que abonar un hotel…”. Se pidió celebrar la vista 15 días más tardes, pero los defensores de las okupas esgrimieron problemas de agenda.

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La fecha fijada por el tribunal fue el pasado 17 de enero. “En esta ocasión”, el denunciante iba a declarar por videoconferencia desde Nueva York, por lo que debía estar frente a la pantalla a las cuatro de la madrugada. Pero eso no acabaría ocurriendo. La defensa de la primera okupa presentó cuatro días antes un documento de una clínica de estética con el que solicitaba la suspensión porque su clienta iba a someterse el día del juicio a una intervención de “elevación de prótesis —mamarias—”.

La Fiscalía no se opuso a la petición y la juez instructora aceptó retrasar la vista, medida contra la que los abogados del denunciante presentaron un recurso de queja tras impugnar la presentación de la “carta de ingreso de paciente”. Consideran que no es más que una estrategia para ralentizar el proceso porque entienden que una intervención quirúrgica es algo serio, que no se programa de un día para otro, que “requiere de un preoperatorio, unas analíticas o pruebas de anestesia”, y la presunta okupa nunca había manifestado con anterioridad que tuviese que pasar por el quirófano.

La víctima, un suizo que se enamoró de Málaga, dice que "no entiende a la Justicia española"

Los letrados, que inciden en que en ningún momento se justifica la urgencia de este procedimiento médico, tampoco ocultan su perplejidad por el hecho de que la denunciada presuntamente usurpase la vivienda de un legítimo dueño porque al parecer no disponía de recursos económicos y ahora disponga de dinero para abonar una operación de estética que en la clínica en la que se van a practicar publicitan por un importe desde 1.995 euros.

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La vista se suspendió incluso para la mujer que actualmente tiene okupada el domicilio, y que podrá seguir residiendo en él mientras no se produzca el lanzamiento definitivo, que es lo que presuntamente está persiguiendo para poder tener acceso a una serie de ayudas sociales. El juicio sigue sin fecha porque, entre otras cuestiones, el juzgado deberá dirimir sobre el recurso y las impugnaciones presentadas por los representantes legales del propietario.

Este hombre asegura que “no entiende a la Justicia española”, pero está dispuesto a llegar hasta el final de una situación que ha tratado de solucionar por las buenas y que jamás había imaginado que le sucedería con una inversión que debía tener por fin mejorar su calidad de vida.