300 llamadas en un mes a la línea de emergencias antiokupas: "Estamos desesperados"

Maite Jiménez y su marido Samuel, ambos de 46 años y residentes en Madrid, denunciaron el delito de usurpación de vivienda hace tres semanas y cuentan su experiencia: “Es nuestra segunda residencia y queríamos alquilarla, pero no encontramos candidatos, así que la dejamos libre sin pensar que los okupas pudieran ingresar en ella. Ahora mismo estamos desesperados porque no es evidente solventar esto si no actúas en las primeras 48 horas”. La pareja forma parte de una de las 4.300 familias afectadas por este problema, según datos oficiales. La Comunidad de Madrid puso en marcha el pasado 12 de julio el servicio 112 Ocupación para gestionar avisos de ocupación ilegal de viviendas en la región con el objetivo de resolverlas en las primeras horas tras su notificación. En Madrid, los distritos más afectados por las okupaciones indirectas como la del matrimonio Jiménez son Puente de Vallecas, Villaverde, Usera y Carabanchel.

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El matrimonio ha llegado a establecer contacto con los okupas para recuperar su domicilio, pero éstos no desalojan la casa: “Son cuatro personas que hacen vida normal en el piso, incluso han comprado nuevos electrodomésticos”. Ambos cuentan que han dudado si recurrir a empresas como MMM Desokupación para que hicieran el mismo trabajo que los tribunales, pero más rápido. Finalmente, lo descartaron y contrataron a un abogado: “Nos está asesorando bien, y estamos en pleno proceso, pero nos ha dicho que tardará mínimo un año o dos”. Y añaden: “La línea del 112 es útil, pero especialmente si contactas a tiempo. Nosotros llegamos tarde porque no denunciamos en los dos primeros días”, resume Samuel Jiménez. Con una sola llamada al 900 205 112, los perjudicados tienen a su disposición todos los recursos públicos disponibles de la Administración para hacer frente a este fenómeno de delitos contra la propiedad privada, pero depende de las horas que hayan pasado. Las herramientas para combatir este tipo de delitos, como explican los afectados, son diferentes según el tiempo que dejes pasar. Fuentes de Sol reconocen que un problema que existe es la poca pedagogía para diferenciar los tipos de okupación y los plazos: “Los tiempos son clave, porque si no se actúa en las primeras 48 horas, entramos en una línea distinta de asesoramiento legal”.

Hay tres tipos de okupación: la directa, que es conocida como “la patada en la puerta”, en la que el afectado no tiene acceso a su vivienda, y la indirecta, en la que se accede a una casa vacía o que es propiedad de un banco. Por último, está el fenómeno de la inquiocupación, que ha crecido desde la pandemia y por el que más llamadas reciben, según indican fuentes del equipo del 112. Juan Martínez, de 54 años, vecino de Vallecas y actualmente residente en un piso de Carabanchel que ha denunciado este fenómeno, lo explica así: "El okupa reside en una vivienda sin tener el título de propiedad, y el inquilino entra con un contrato de alquiler, es decir, sí tiene un título, pero en un margen de tiempo deja de pagar y se convierte en inquiokupa". Martínez lleva con este problema casi un año y relata que lleva gastado casi 13.000 euros: “No solo no recibo el dinero del alquiler, sino que encima tengo que gastar para recuperar la vivienda”.

El proceso de desokupación legal es costoso y tedioso. Según el Consejo General del Poder Judicial, los propietarios de esas viviendas tardan en torno a un año y medio en conseguir una sentencia que les permita llevar a cabo del desalojo. La familia Jiménez, que sigue en todo el proceso, ahonda en ello: “Al tiempo de espera se suman los gastos de abogado, suministros o reparaciones que tienen que afrontar los afectados durante todo el proceso de desokupación”. En su primer mes y medio en funcionamiento, el servicio del 112, situado en el centro de coordinación municipal en Pozuelo de Alarcón, ha recibido unas 300 llamadas de ciudadanos, según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Así de tajante se mostró el dirigente autonómico: "Tenemos que seguir trabajando para que los ciudadanos, en su mayoría propietarios de una vivienda, se sientan seguros y tranquilos y con una Administración que les proteja”.

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El proceso de okupación también hace mella en la salud mental, como relata Nuria Ayala, de 56 años y vecina de Carabanchel: “Llevo en terapia desde hace cuatro meses por este asunto”. Su caso es relativamente común, según informan desde la oficina de okupación de la CAM. La mujer compró un piso que tenía dos okupas dentro: “No pagaban la hipoteca y el banco embargó la casa que yo compré”. Ayala es una de las pocas afortunadas que no ha recurrido a abogados y ha logrado negociar con los okupas: “Yo no quiero líos. En teoría, desalojan el piso a final de verano, en dos semanas”. Se calcula que en España hay en total alrededor de unas 120.000 viviendas ocupadas. En el último año se han producido en Madrid más de 17.000 okupaciones, sin contar la inquiokupación, según datos del Ministerio del Interior.

Las llamadas relacionadas a la nueva línea 112 relativas a la usurpación de vivienda suponen el 30% de todas las comunicaciones que se han recibido desde mediados de julio, según informan desde el Ejecutivo autonómico. La herramienta del 112 para luchar contra la okupación, uno de los compromisos de la presidenta regional en su discurso de investidura en 2021, se encuentra en la Estrategia regional de Seguridad Integral (ESICAM 179), que desarrollan las Consejerías de Presidencia, Justicia e Interior y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, con especial hincapié en la Agencia de la Vivienda Social. La Comunidad cuenta con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas ocupadas, según apuntan fuentes de la Consejería de Presidencia.

¿Cómo funciona?

La nueva plataforma brinda asistencia e información, y está integrada operativamente en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM) que se encuentra en la sede del 112, en Pozuelo de Alarcón, y lleva en funcionamiento desde julio. El CECOM proporciona apoyo a la labor de las Policías Locales y agrupaciones municipales de voluntarios de Protección Civil, tanto para la activación de planes, como para el desarrollo de su actividad diaria. Marco Climent, el coordinador del CECOM, explica que su labor es recepcionar y gestionar la información de los ciudadanos afectados, así como actuar de punto de unión con otras administraciones: “Por ejemplo, trabajamos mano a mano con la oficina de vivienda cuando hay que hablar con los inspectores”. Han pasado ya casi dos meses y el balance que hace Climent es muy positivo: “No hemos parado desde que se puso en marcha”. Y añade: “El reto es calmar a los ciudadanos que están muy preocupados y perdidos, y reconducirles para que tomen la decisión más acertada”.

El Ejecutivo autonómico aboga por reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)

Marco Climent explica que tiene a su cargo a una decena de operadores que cubren en horario rotativo las 24 horas de atención al ciudadano afectado, además de un equipo de policías locales en su oficina: “Estamos muy coordinados y somos eficaces”. Sin embargo, reconoce que el principal problema al que deben hacer frente es gestionar la frustración de los afectados, que buscan que se produzca el desalojo al segundo: “El denunciante cree que se va a producir el desalojo independientemente del tiempo que se haya producido, pero una vez que ha pasado el plazo ya no podemos intervenir”. En esos casos, explica Climent, lo que hacen es escuchar, calmar, e intentar explica los futuros pasos del procedimiento. “Como todo, aún debe mejorar algunos aspectos, hay muchas limitaciones. Falta una legislación que ayude más al propietario para que no se sienta desprotegido”.

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En esta línea, el Ejecutivo autonómico aboga por reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) “para proteger al propietario y la propiedad” frente a la ocupación. El responsable madrileño de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, aseguró que han creado la línea 112 Ocupación “siendo conscientes de que la legislación estatal necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se benefician injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas”.

Una de las operadoras, Sandra Muñoz, explica que cualquiera que tenga la noticia de una entrada ilegal en un inmueble puede llamar al teléfono '112 Ocupación', ya sea su propietario o un testigo de los hechos. Los avisos que se reciben generan un dispositivo de atención con dos ejes: el primero es el policial, donde comprueban los hechos e inician un procedimiento de resolución para confirmar que son verídicos, y en segundo, la vertiente social, enfocada a ofrecer una alternativa habitacional a las personas que han cometido el delito y así evitar situaciones de desamparo. Muñoz asegura que el trabajo hasta ahora le ha resultado gratificante: “Tenemos la sensación de que, aunque estamos detrás de un teléfono, podemos ayudar”. Lo más difícil, asegura, es gestionar el enfado y la rabia de los denunciantes: “Lo importante es empatizar y hablarles de tú a tú, porque cuando sienten que alguien escucha su problema y les ofrece soluciones ya es un gran paso”. Tanto los trabajadores como el coordinador principal concuerdan en que falta pedagogía al respecto: “Hay muchísima desinformación y bulos en el tema de la okupación, esperemos que cambie pronto”.