Radiografía de la okupación en España: segundas viviendas o en construcción, las más afectadas

La realidad del problema de la okupación en España se ha incrementado en los últimos años, manteniéndose casi intacto incluso durante la pandemia. ¿Cuáles son las cifras? Según el Ministerio del Interior, en el segundo semestre del pasado año se realizaron 7.685 denuncias, lo que supone un 2% más que en el mismo periodo del año anterior. Una diferencia que se acentúa si tenemos en cuenta los últimos cinco años: las denuncias han aumentado más de un 40%, pasando de 10.376 en 2015 a 14.675 en 2020.

La pregunta del millón es si estas okupaciones se producen en viviendas propiedad de fondos de inversión, bancos o particulares. Pero lo cierto es que existe escasa información al respecto. Según datos del Institut Cerdà, fundación privada que realiza análisis de mercado y asesoramiento, en España existían 100.000 viviendas okupadas hace tres años, la mayoría propiedades vacías de bancos y fondos de inversión, cuya okupación es una usurpación —multa de tres a seis meses o cárcel de uno a dos años en caso de violencia o intimidación—, lo que tiene consecuencias más leves que el allanamiento de morada —de seis meses a dos años de cárcel—.

Pero no son los únicos afectados. "Aunque siguen siendo las propiedades de fondos buitre las que más sufren —compran deuda a muy bajo precio—, este fenómeno también afecta a los particulares", explica a este periódico Ana Gómez Girón, abogada especialista en derecho inmobiliario de Celdrán Abogados. De hecho, "las consultas sobre okupación en viviendas particulares están creciendo".

"Aunque son las propiedades de fondos buitre las que más sufren, las consultas sobre okupación en viviendas particulares están creciendo"

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se registraron 238 condenados por allanamiento de morada (incluye todos los delitos, también el robo), en comparación con las 4.687 penas por usurpación, casi 20 veces más. El problema, según Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación (ONAO), es que "buena parte de los propietarios no denuncian, sino que acuden directamente a una empresa de desokupación. Esto es algo que no nos permite tener una radiografía clara de la okupación en el país, porque muchas viviendas no constan en los datos de denuncias". ¿El motivo de que no denuncien?, según explica Miranda, la "sensación de impotencia" de la sociedad: "La gente no confía en el sistema porque a la hora de la verdad no protege a los propietarios".

El problema del desalojo

Hace menos de un año, el Gobierno dio un pequeño giro al protocolo de actuación con el fin de agilizar el desalojo: eliminó el plazo de 48 horas para entrar. Esto quiere decir que, si llegas a tu casa y está okupada, la policía puede echar a los okupas al considerarse un delito flagrante. Lo mismo ocurre con esa casa en el campo a la que solo acudes los fines de semana. Primera o segunda residencia. Da igual. Ahora ambos casos constituyen un delito de allanamiento de morada y los intrusos podrán ser expulsados sin necesidad de identificarles.

La morada, cuyo delito de allanamiento está recogido en el artículo 202.1 del Código Penal, tiene que ver con el derecho a la vivienda y la intimidad del hogar, y esto se aplica tanto a la primera como a la segunda residencias, "siempre que lo denunciemos ante la policía o un juzgado y acreditemos mediante cualquier documento, ya sea con el DNI, un registro de la propiedad, la instalación de una alarma para demostrar el delito flagrante o aportar vídeos de la escena, facturas del agua, luz o gas; o incluso testigos que demuestren que esa es nuestra residencia", aclara José Miguel Celdrán Correa, socio de Celdrán Abogados.

Uno de los problemas que expone el presidente de la ONAO es que existe una confusión con las segundas residencias, un problema que puede producir inseguridad jurídica y ser el causante de que muchos afectados estén optando por no denunciar: "A la organización acuden muchos propietarios con casas vacacionales que no están siendo tratados como allanamiento de morada, sino como usurpación, por lo que no se está procediendo a desokupar", lamenta Toni Miranda.

Si la casa está vacía y no constituye la morada de nadie, según recoge el artículo 245 del Código Penal, el delito se considera una usurpación. En estos casos, el protocolo es diferente. Si el okupa desarrolla plenamente su vida en el interior, los agentes acudirán a identificarle, pero habrá que solicitar el desalojo a un juez. El derecho en el que se amparan es el de la inviolabilidad del domicilio (definido como la casa donde vive habitualmente una persona), que prima sobre el derecho a la propiedad del titular.

"Si tienes varias viviendas como inversión para alquilar y te han okupado una de ellas, no te servirá tener dados de alta los suministros, porque no es tu segunda residencia", añade Javier Ris de Lucas, encargado de los procedimientos penales de Legal Drop Servicing, que en este escenario recomienda tener mucho cuidado con denunciar falsamente: "Si denuncias alegando que es tu segunda residencia y no lo es, puedes meterte en un problema".

En estas situaciones en que la vivienda se encuentra vacía, Ris de Lucas recomienda dotar la vivienda de mecanismos de seguridad e intentar alquilarla lo antes posible. No obstante, para Marc Castells, abogado especialista en demandas civiles de este mismo despacho, la solución pasa por dotar de medios y recursos a la Administración de justicia y suprimir el retraso judicial: "Es inaceptable que en algunos casos un propietario no reponga su posesión en menos de un año".

Las viviendas más afectadas

Para Marc Castells, la okupación está afectando a todo tipo de viviendas, pero en especial a las deshabitadas, ya sean segundas residencias o en construcción: "En las zonas rurales, por ejemplo, se ha dado un aumento de okupaciones por la gran cantidad de inmuebles vacíos que existen". Opinión compartida por Gómez Girón, quien destaca también "las zonas de rentas medias/bajas y en áreas próximas a las grandes ciudades, como las ciudades dormitorio".

"Las zonas más afectadas son las rurales por los inmuebles vacíos, rentas medias/bajas y ciudades dormitorio"

Al margen de la tipología y dónde se encuentre la vivienda, está el problema de los afectados. Según el presidente de la ONAO: "Lo normal es pensar que los edificios de viviendas pertenecientes a bancos o fondos están vacíos, pero hay muchos bloques en los que viven propietarios o personas de alquiler que sufren las consecuencias de este fenómeno. Por lo tanto, la percepción de que no afecta a los vecinos no es cierta".

Un caso real es el vivido por los ciudadanos de Los Alcázares, un municipio situado en la Región de Murcia que durante años llevan conviviendo con okupas alojados en viviendas propiedades de fondos buitre. Se trata de un bloque de urbanizaciones nuevas que en el año 2008, en plena burbuja inmobiliaria, terminaron okupadas, y desde entonces el fenómeno ha ido a más. En opinión de Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, los vecinos deberían poder tomar cartas en el asunto: "Las denuncias no tendrían que proceder del propietario únicamente, una llamada de un vecino debería bastar al menos para iniciar el trámite", explica a El Confidencial. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento al respecto? Desde colocar buzones para que los ciudadanos avisen de cualquier nuevo caso de okupación cuanto antes hasta acuerdos con las compañías eléctricas y de agua para controlar que no se produzca ningún pinchazo de luz, ya sea al viario público o a particulares. "Las primeras horas son importantes para localizar al propietario y animarlo a denunciar. Muchas veces, estos fondos ni siquiera denuncian, y si esto no ocurre, el juzgado no actúa", se lamenta.

Para Pérez Cervera, la solución pasaría por llegar a acuerdos entre los bancos y las administraciones locales, y ofrecer estas viviendas como alquileres sociales: "Se acabaría el problema de la okupación y ayudaríamos a mucha gente que lo necesita. Ya hemos intentado negociar con los bancos en varias ocasiones y no acceden", lamenta.

¿Qué otra solución podría existir? Ana Gómez Girón afirma que estamos ante un problema social, y que para solventarlo es importante ofrecer alternativas: "Tenemos que ser más rápidos protegiendo a aquellos que, habiendo okupado una vivienda, necesitan una solución habitacional, pero esa solución no puede ser dada por la vivienda que han okupado, sino por la Administración pública". Opinión compartida por Marc Castells, quien además apunta: "Premiar con incentivos fiscales o subvenciones a aquellos grandes propietarios que contribuyan a ofrecer alquileres dignos a las personas en situación de vulnerabilidad".