Miles de juicios en el aire por la enésima huelga de los LAJ (y esta vez indefinida)

Este martes arranca la primera huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Tras meses de negociaciones infructuosas con el Ministerio de Justicia, el cuerpo de profesionales ha llegado a un punto de no retorno y mañana comenzará un parón sin fecha límite por el incremento de funciones que se les han ido asignando en los últimos años, sin que hubiera un acompañamiento de salario acorde al aumento de trabajo. La huelga amenaza con la suspensión de miles de juicios y agrava la situación de atasco de unos tribunales ya de por sí colapsados. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, la Audiencia Provincial de Barcelona fijó un señalamiento por un caso laboral para marzo de 2027; cuatro años vista.

Desde hace unos meses, la situación entre el colectivo y el equipo que lidera Pilar Llop es más bien tensa. "Les hemos instado en varias ocasiones a sentarnos y negociar, pero solo nos respondieron para ver los servicios mínimos de la huelga. El resto, silencio", lamenta Ernesto Casado, presidente del Colegio de LAJ, una de las asociaciones convocantes. En la misma línea se pronuncia Juan José Yáñez, vocal de la ejecutiva de UPSJ y portavoz del Comité de Huelga. "La relación es nula", asegura.

Una postura que niegan rotundamente desde Justicia. "Este Gobierno y este Ministerio están permanentemente dialogando con las distintas asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, que son un componente importantísimo dentro del buen funcionamiento y la buena marcha del trabajo de los juzgados", aseguró el pasado viernes la ministra Pilar Llop, durante una jornada de mediación tras ser preguntada expresamente sobre esta cuestión. Tras ello, sin embargo, instó a los profesionales a huir de "posiciones maximalistas" que impiden poder llegar a acuerdos. "Todos los que ejercemos una función pública debemos ser conscientes de que estamos trabajamos por los ciudadanos y nos debemos a ellos", agregó.

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Unas declaraciones con las que Juan Yáñez dice estar de acuerdo. "La ministra ha recordado que quienes ejercen funciones públicas se deben a los ciudadanos. Y tiene razón. Por eso no entiendo que no nos convoque para resolver el conflicto", asevera. Lo que más sorprende al portavoz del Comité, matiza, es la falta de preocupación por los perjuicios y el hecho de que no tengan en consideración el daño tan grande que se va a hacer a los ciudadanos. "No sé cuántos LAJ secundarán la huelga. Lo que sí sé es que el descontento del cuerpo es enorme. Hay muchísima indignación", asegura.

El parón de los antiguos secretarios judiciales no solo afecta al funcionamiento de los juzgados. La inminente huelga indefinida también tendrá un impacto importante sobre la economía. Al fin y al cabo, entre las competencias de estos profesionales se encuentra la gestión de la cuenta de consignaciones, a la que entra una media de 32 millones de euros al día, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A esa cuenta entran desde las indemnizaciones que deben abonar las compañías de seguros hasta las multas pagadas por condenados, pensiones o las cuantías que embarga un juez. "Hay gestiones, como hacer llegar una compensación a una víctima o un perjudicado, de las que se encarga el LAJ. Sin él, ese dinero se quedará parado", subraya Yáñez.

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El origen de este problema ya enquistado se remonta a 2009. En ese año, se aprobó una modificación legislativa por la que se descargó masivamente de competencias a los jueces sobre los secretarios judiciales para que los primeros pudieran tener más tiempo para dictar sentencias. Este cambio, sin embargo, no vino acompañado de ningún aumento salarial. "Estábamos en un momento muy crítico de la crisis financiera. No se pidió un incremento porque no era el momento. Bastante fue con que no se recortara", evoca Álvaro Perea, Letrado de la Administración de Justicia. En 2015, de nuevo, otro cambio de la ley sumó más competencias al cuerpo, sin una retribución extra que lo acompañase. Desde los poderes públicos, sin embargo, sí se aseguró al colectivo que la subida llegaría eventualmente.

No obstante, los años fueron pasando y ningún equipo ministerial de los muchos que se sucedieron quiso retomar el tema. En 2018, el colectivo comenzó una primera tanda de protestas con intención de acabar en huelga, pero las paralizaron tras producirse la moción de censura. Al cambiar el Gobierno, cambió el equipo del Ministerio y las asociaciones vieron en esto la oportunidad de llegar por fin a un acuerdo.

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Y parecía que así iba a ser. En 2020, la Ley de Presupuestos incluyó una disposición adicional en la que acuerda negociar las condiciones salariales de varios profesionales del juzgado. En concreto, menciona al cuerpo de Auxilio Judicial, al de Tramitación Procesal y Administrativa, Gestión Procesal y Administrativa, Médicos Forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. A continuación, el texto dedica un párrafo a los LAJ, mencionando expresamente la necesidad de adecuar la retribución de estos profesionales a las tareas que le han sido asignadas.

La decisión cayó como agua de mayo entre las principales asociaciones colectivo, pero se tornó en traición cuando el Gobierno no las convocó para negociar las nuevas retribuciones. "Justicia se sentó con los sindicatos más representativos de todos los cuerpos en conjunto. Pero los LAJ no estamos en ningún sindicato, nos organizamos por asociaciones. En proporción, somos muchos menos que el resto de funcionarios del juzgado, así que nos quedamos fuera como colectivo. Y eso generó tensiones", recuerda Perea.

Las principales asociaciones vieron como una traición que el Gobierno no las convocara para negociar las nuevas retribuciones

En esos días, Pilar Llop compareció en el Congreso de los Diputados para celebrar el incremento retributivo de 195 euros de los LAJ y lo definió como una "mejora sustancial". "Lo que no dijo es que el nuevo salario era solo 10 euros más alto que el de los gestores, que es un cargo que está por debajo de los letrados de Justicia", expone el LAJ. Desde las asociaciones, las nuevas cuantías se vieron como una "auténtica humillación".

En enero de 2022 —trece años después de que se abriera la caja de pandora con el cambio legislativo que aumentó las competencias de los LAJ—, los letrados de Justicia se plantaron y convocaron las primeras huelgas para enero y marzo. Los parones, que fueron secundados por más del 70% de los profesionales, parecieron surtir efecto y, en abril, el Ministerio de Justicia se sentó con las organizaciones para cerrar un pacto. "Y lo conseguimos. En abril se firmaron una serie de cuestiones, entre ellas que no hubiera diferencias retributivas entre los compañeros que ejercen en una ciudad y los que lo hacen en un pueblo, que reciben mucho menos a pesar de tener exactamente las mismas funciones y responsabilidad. En numerosos casos, de hecho, cobran menos que sus subordinados. Y, por otro lado, el Ministerio aceptó vincular nuestras retribuciones a la de los jueces y magistrados", relata el portavoz del Comité.

La euforia inicial por haber alcanzado por fin un acuerdo, sin embargo, se fue convirtiendo poco a poco en suspicacia al ver que Justicia no daba ningún paso para ejecutar lo pactado, hasta finalmente cristalizar en verdadero enfado. "Nos trasladaron que no consiguieron la autorización de Hacienda y no podían ejecutar las subidas. No sabemos si es así, pero estábamos y estamos dispuestos a renegociar, pero no nos reciben", lamenta Ernesto Casado.

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Una versión completamente opuesta a la que ofrece el equipo que dirige Pilar Llop. Preguntado por El Confidencial, desde el ministerio aseguran no solo que la comunicación ha sido fluida —concretan que se han reunido con las asociaciones 36 veces en 11 meses, además de varias llamadas telefónicas—, sino que además han cumplido con todos los puntos que acordaron en abril. "Solo queda pendiente la revisión del sistema de productividad y el complemento de la carrera profesional", concretan. En la misma línea, rechazan que la retribución de los LAJ sea similar a la de los gestores y concretan que cobran "entre un 79% y un 140% más que cualquier otro funcionario en la Administración General del Estado en sus mismos niveles 26 y 28".

Por otro lado, detallan que, en febrero del año pasado, el Gobierno acordó una serie de reformas que venían exigiendo desde el colectivo, muchas de ellas orientadas a mejorar las retribuciones de estos profesionales. En especial, en lo que respecta al ámbito de las intervenciones en entradas y registros, pasando de 30 a 110 euros. Por otro lado, desde Justicia indican que, respecto al régimen de sustituciones, "el ministerio incluyó su modificación en el plan anual normativo de 2022, y ha iniciado la tramitación de los reales decretos que regulan las retribuciones del cuerpo, con la finalidad de asimilarlo al sistema para las carreras judicial y fiscal".

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En noviembre, y tras varias quejas en público y en privado con el equipo de Justicia, las asociaciones empezaron a plantear la posibilidad de una huelga indefinida si no se cumplía lo firmado. Antes de llegar a ese extremo, plantearon dos parones antes, uno para el 29 y 30 de noviembre y otro los días 14 y 15 de diciembre, con el objetivo de dar tiempo al equipo de Pilar Llop.

El seguimiento que tuvieron estas huelgas es difuso. Las asociaciones presumen de que ambas convocatorias fueron un éxito y cifran el seguimiento de los profesionales en más de un 70%. Unos datos visiblemente superiores a los que arroja el Ministerio, que asegura que apenas un 30% de letrados de la Justicia secundaron la iniciativa. Las consecuencias, eso sí, fueron notables y miles de juicios tuvieron que ser aplazados durante esos días.

Desde entonces, la relación entre las asociaciones y el Ministerio ha sido prácticamente nula. "No conseguimos que se nos reciba", insiste Casado. "Lo único que pedimos es que se cumplan unos acuerdos firmados a los que llegamos en abril de 2022. No nos parece presentable que un ministerio como el de Justicia llegue a un acuerdo con nosotros hace menos de un año y ahora lo ignore", critica. A un día de la huelga, ambas partes siguen arrojándose dardos —Llop recomendó el viernes a las asociaciones huir de "maximalismos" y estas le acusaron de participar en una jornada de mediación, pero no "predicar con el ejemplo"— mientras que los juzgados de toda España amenazan con colapsar a partir de este martes sin una solución viable en el horizonte.