Las cooperativas agrarias andaluzas facturan ya 10.000 M, el 38% del total nacional

Las cooperativas agroalimentarias andaluzas hace mucho tiempo que dejaron de ser simplemente esas empresas de los pueblos en que los agricultores y ganaderos locales se unían para intentar conseguir un mejor precio frente a las grandes compañías que les compraban los productos.

A día de hoy, estas sociedades se han convertido en uno de los motores más potentes pero también más desconocidos de la economía andaluza. Según los datos dados a conocer esta semana en la asamblea anual de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía —la organización empresarial que agrupa a más del 90%—, el pasado año, estas firmas alcanzaron un volumen de facturación de 9.827 millones de euros, tras crecer un 4,06% en ese ejercicio.

Las cooperativas andaluzas consolidan así una década de crecimiento tanto en cantidad como en calidad. Hace 10 años, en 2011, las cooperativas agroalimentarias de Andalucía facturaron 4.382 millones de euros, lo que supone que en este tiempo han duplicado sus ventas.

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En este momento existen 649 cooperativas en toda la región, un número que sigue siendo muy elevado, en donde coexisten grandes compañías como Dcoop (1.000 millones), Única Group (500 M) o Covap (690 M) con algunas cooperativas pequeñas que siguen siendo de marcado carácter local.

La concentración sigue siendo uno de los retos del sector. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, revelaba en un acto el pasado año con cierta ironía que muchas veces acudía a pueblos en los que se encontraba dos cooperativas, la del Cristo y la de la Virgen, y que además se llevaban mal entre ellas, por lo que las animaba a unirse y sumar juntas.

Son precisamente las que han apostado por la unión las que han obtenido mejores resultados en los últimos años, en algunos casos apostando por la creación de cooperativas de segundo grado. Actualmente, Andalucía cuenta con 625 cooperativas de primer grado y 24 de segundo.

Son precisamente las que han apostado por la unión las que han obtenido mejores resultados en los últimos años

Estas 649 cooperativas agroalimentarias aglutinan a un total de 290.270 socios (de los que un 31,87% son mujeres) y emplean a 37.620 trabajadores (51,26% mujeres).

Por sectores, las frutas y hortalizas suponen un 38% de la facturación global de las cooperativas de la región, 3.741 millones de euros, aunque curiosamente muy concentradas en 117 cooperativas (un 8,8% del total).

No es de extrañar por ello que Almería, que compite con Murcia por ser 'la huerta de Europa', sea la provincia andaluza que lidera, con mucha diferencia, el cooperativismo agrario andaluz, con 66 sociedades que facturan más de 2.770 millones de euros.

El segundo lugar lo ocupan el aceite y las aceitunas, que mueven 3.211 millones de euros (el 33% del total regional), aunque en este caso las ventas están mucho más repartidas, tanto en número de sociedades como por las ocho provincias andaluzas. Así, en este sector hay un total de 372 cooperativas (28,29% del total regional).

En tercera posición se encuentran las cooperativas ganaderas, que facturaron el pasado año 1.117 millones de euros (12% del conjunto regional) en un sector que está muy concentrado en apenas 39 sociedades (2,9% del total).

Tras este podio se sitúan las cooperativas de suministros (con una facturación de 1.051 millones); cultivos herbáceos (303 millones); vino (109 millones); orujo (48 millones), y frutos secos (45 millones), entre otras.

Los casi 10.000 millones de euros que han vendido las cooperativas andaluzas el pasado año suponen un 38% del total nacional, lo que da idea del peso de estas sociedades, no solo para la economía de la región sino para el conjunto del sector agroalimentario español. La siguen de lejos la Comunidad Valenciana (9% del total nacional), Castilla-La Mancha (8,6%), Castilla y León (7,5%) y Cataluña (7,2%).

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Así lo destaca también el presidente de esta organización patronal, Juan Rafael Leal, ganadero de vacuno de leche, ovino y porcino y asociado a la cooperativa Covap, que esta semana advertía de que “los próximos años van a ser especialmente complicados”. “Hemos superado crisis comerciales como la desatada por la imposición de aranceles de Estados Unidos a numerosas producciones españolas (entre ellas, el aceite de oliva, las aceitunas, los cítricos, los ibéricos o el vino); hemos zarandeado a la distribución para que reflejaran —tímidamente— en el lineal el incremento de los costes de producción de la leche; pero los frentes actuales precisan de un pacto más amplio, del compromiso de todas las administraciones, pues difícilmente la presión del sector podrá solucionar el precio disparado de los insumos, unos costes energéticos sin parangón, un conflicto bélico que ha desestabilizado el sistema agroalimentario europeo, la situación persistente de sequía, el aumento de la burocracia administrativa o una competencia desleal cada vez más fuerte”.

Sin embargo, se muestra un “firme convencido de que, entre tanta incertidumbre, el modelo cooperativo es la mejor herramienta para mantener la estabilidad de los miles de personas que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería en esta tierra”.

Entre los retos a largo plazo, las cooperativas señalan la necesidad de seguir fomentando tanto la concentración de estas sociedades para ganar tamaño como el imprescindible relevo generacional en el campo andaluz. “Muchas veces, un ingeniero agrónomo recién salido de la universidad desconoce cómo es y funciona la cooperativa de su propio pueblo”, lamentaba Leal.

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A corto plazo, uno de los mayores retos del sector en estos momentos es el encaje de las contrataciones temporales en la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno hace dos meses y que impide a las empresas del sector tener la necesaria agilidad administrativa para emplear a trabajadores en función de las cosechas.

Así se lo hicieron llegar esta semana a la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, que acudió a la asamblea de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, y a la que pidieron que diera la batalla ante el Ministerio de Trabajo, que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que el Gobierno encuentre fórmulas y excepciones para la contratación temporal en el sector rural, como ha hecho en otros sectores como la construcción o la cultura.