"La subida del SMI perjudica a comunidades con salarios más bajos como Andalucía"
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ROCÍO BLANCO, CONSEJERA ANDALUZA DE EMPLEO

"La subida del SMI perjudica a comunidades con salarios más bajos como Andalucía"

La representante de la Junta defiende la prórroga de los ERTE hasta la primavera de 2022 y denuncia que las nuevas ayudas del Gobierno "castigan a los empresarios que cumplen"

placeholder Foto: Entrevista a Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía. (Pepo Herrera)
Entrevista a Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta de Andalucía. (Pepo Herrera)

A pesar de sus dos años y medio como consejera del Gobierno andaluz de Juanma Moreno —y Juan Marín (ella entró por Ciudadanos como independiente)— Rocío Blanco se sigue sintiendo más técnica que política. Esta inspectora de Trabajo y Seguridad Social rehúye los focos y más aún las polémicas mediáticas que suele considerar estériles, pero hoy alza la voz fuerte y clara ante algunas medidas del Gobierno central que asegura que no solo no ayudan a la recuperación, sino que perjudican a una región como Andalucía, con un 22% de paro.

PREGUNTA. El Gobierno aprueba una subida de 15 euros en el salario mínimo interprofesional desde el 1 de septiembre y llegar a los 1.000 euros con 14 pagas a partir de enero de 2022. ¿Qué opina?

RESPUESTA. Ningún Gobierno puede estar en contra de que los empleados tengan un salario digno, pero la subida del SMI, per sé, sin hacer reformas, no sirve para nada. Es una medida aislada que no va a cambiar la dualidad del mercado laboral, no va a bajar la tasa de desempleo ni en España ni en Andalucía, tampoco solucionará el paro de los jóvenes, ni tampoco va a modificar la estructura productiva de nuestra comunidad. Pero, sobre todo, hay que tener en cuenta la implicación que tenga sobre determinados territorios. No se puede subir el SMI sin medir las consecuencias que pueda tener sobre determinados tipos de empresas o determinados colectivos de la población. En principio afectaría mucho a los jóvenes que se quieren incorporar por primera vez al mercado laboral, a sectores como el turismo o el comercio, etc. Personas que están más expuestas a ser expulsadas del mercado laboral, a ver su jornada reducida, a no conseguir su acceso a un empleo o incluso ser relegados a la economía sumergida.

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Foto: P. H.

P. ¿Por qué?

R. Los estudios que ha hecho el Banco de España determinan que la anterior subida del SMI dejó fuera del mercado laboral a 170.000 personas. Hay muchos pequeños empresarios y autónomos que ahora se lo tienen que pensar más antes de contratar a un joven sin experiencia o un nuevo empleado si tiene que pagarle casi 1.000 euros (969 euros en 14 pagas, 1.130,50 euros al mes) en lugar de los 735 de hace tres años, y en un momento tan complicado. Quizá habría que esperar a que se consolide la recuperación antes de aprobar esta medida política, que va a afectar más a regiones como Andalucía. Además, hay que recordar que los empresarios en España tienen mayores costes de cotización a la Seguridad Social que la media de los países europeos, un 8,4% del PIB, frente al 6,8%. Por tanto, todo esto incide especialmente en la competitividad de las pymes de menos de 10 trabajadores, la mayoría del tejido productivo andaluz.

P. ¿Cree que esa subida perjudica más a esta comunidad?

R. Sin duda alguna. El SMI se aplica a toda España cuando hay diferencias importantes entre regiones. La subida tiene el efecto perverso de abrir una brecha entre las comunidades autónomas, dejando a las que tienen un menor PIB per cápita como Andalucía mucho más expuestas a la pérdida de empleo.

P. ¿En qué se basa?

R. Está demostrado. La subida dejará el SMI por encima del 60% del salario medio que maneja Andalucía, Murcia, Extremadura, Canarias… Los estudios dicen que por encima del 60% es un peligro. En concreto, este incremento del SMI deja en una proporción superior al 65% del salario medio en, al menos, nueve comunidades autónomas y supera el 60% en 12 de las 17 CCAA, e incluso estaría por encima del 73% en dos de ellas. Solo quedarían fuera de ese umbral del 60% (el objetivo del Gobierno para el 2023) la Comunidad de Madrid (48%), País Vasco (50,3%), Navarra (53,3%), Cataluña (56,4%) y Asturias (57,3%). En estas, los salarios son, de media, más altos y el SMI no tiene tanta cobertura. Y por sectores, es especialmente peligroso para determinadas actividades que dependen en gran medida del SMI. Hablamos del campo, de la hostelería, de los empleados de hogar, de la dependencia…

"Es especialmente peligroso para las actividades que dependen en gran medida del SMI. Hablamos del campo, de la hostelería..."

P. ¿Cree que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas Podemos), le ha ganado el pulso a la de Economía Nadia Calviño (PSOE) en esta materia?

R. Lo que parece es que es una medida más para decir que se ha subido el SMI y de cara a un titular que una medida positiva que vaya a servir realmente. Tenemos una tasa de inflación del 3,3% y esa subida del SMI no va a llegar a compensarla. Y yo me planteo, ¿si hay un millón y medio de personas que están cobrando el SMI, por qué no hacer mejor un bono para reducir la factura de la electricidad hasta que el año que viene se llegue a un acuerdo de subir el SMI realmente con más sensatez? Además, que no haya consenso social sobre el SMI es un mal mensaje para Europa, porque España le ha vendido a Bruselas que habría diálogo social y no lo está habiendo. Entonces, tenemos que barajar muy bien las consecuencias que todo esto puede tener.

P. Cambiando de tema, el presidente del Gobierno le reclamó a la Junta la pasada semana que se “ponga las pilas” para repartir las ayudas a empresas y autónomos y les recordó que le han transferido más de 1.100 millones, pero ustedes solo han otorgado 50 millones…

R. Fue muy sorprendente que dijera eso, porque nosotros solo estamos ejecutando un real decreto ley estatal. Los requisitos vienen recogidos en unas normas del Estado y a las CCAA se nos ha tratado como meras ejecutoras de subvenciones, sin haber sido ni escuchadas. Cuando leímos los borradores del decreto ley nos dimos cuenta de las graves y enormes deficiencias que tenía esta norma estatal, con requisitos laberínticos y difíciles de cumplimentar. Se lo trasladamos por escrito y lo único que obtuvimos fue la callada por respuesta.

P. ¿Cuáles son esos requisitos?

R. Los requisitos para pedir son muy difíciles de cumplir por parte de los autónomos y las empresas, porque exigen una caída del 30% y encima piden no haber tenido una caída de actividad en 2019; que sean facturas pendientes y generadas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre y que no hayan sido pagadas, que se pagan en este caso a partir del 1 de octubre. Mire, en prestaciones por cese de actividad hubo un millón y medio de autónomos en España y 222.000 en Andalucía. Sin embargo, estas nuevas ayudas las han pedido solo el 8% de autónomos hasta ahora. No es un problema de la Junta. Las cantidades que se mueven en Andalucía son muy similares a las que se están moviendo en todas las CCAA: Valencia tiene 20.000 solicitudes, el País Vasco tan solo 4.100 y pensaba llegar a las 35.000, Cataluña tiene un 20%, Galicia tiene 20.000 solicitudes, Madrid 33.000 y Andalucía más de 36.000. O sea, que son cantidades similares que se barajan en todas las comunidades.

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Foto: P. H.

P. Además de los complejos requisitos, usted afirma que son unas ayudas injustas. ¿Por qué?

R. Así es, efectivamente. Estas ayudas son para quienes tengan deudas pendientes, pero no para los que sí han cumplido y pagado, que entonces no pueden solicitarlas. Es decir, son unas ayudas que castigan a los pequeños empresarios o autónomos que han pagado, muchos de los cuales han hipotecado sus casas, han tenido que vender sus segundas viviendas o sus vehículos para pagar sus facturas. Además, los establecimientos que tienen abiertos al público, o les pagan a sus proveedores o no pueden seguir funcionando. Entonces, ¿qué facturas va a poder mantener un autónomo sin pagar durante 15 meses, para empezar a pagar el ejercicio siguiente a partir del 1 de octubre? Es inviable que los pequeños autónomos y las pymes, que son 99% de nuestro tejido productivo, puedan aguantar. Se penaliza por tanto al que ha cumplido y se premia al que no ha cumplido con la Ley de Morosidad, que como sabe establece un plazo de pago de 30 días.

P. Tras las quejas de varias CCAA, el Gobierno ha dado marcha atrás esta semana y ha modificado algunos puntos para poder repartir estas ayudas, que suponen más de 7.000 millones. ¿Está conforme ya?

R. Esto ahora nos complica muchísimo más. Para empezar, no cambia el plazo de las ayudas, que tenemos que tener ejecutadas a 31 de diciembre de 2021. Pero es que este decreto no dice las cosas claras. Por ejemplo, el artículo 1.3 habla de “compensar los costes fijos”, algo que no comprendemos. No sabemos si son facturas pagadas ya, o costes fijos a pagar a futuro, a partir del 30 de septiembre. ¿Y qué pasa ahora? Que nosotros tenemos ya resueltas la mayor parte de las 36.000 solicitudes que hemos recibido. Y ahora se cierra a 30 de septiembre, no a 31 de mayo; por lo cual nos obliga a abrir un doble procedimiento para las empresas que ahora pasen facturas hasta esta nueva fecha. Por tanto, tenemos que hacer un nuevo decreto ley redactado por la comunidad autónoma, llevarlo al Parlamento, que se apruebe, sacar las convocatorias, etcétera, pero la fecha de 31 de diciembre sigue ahí. Vamos, que no sé cómo lo vamos a hacer. No sé si el Gobierno es consciente de eso. Quiero pensar que no sabe de gestión y que no está en trincheras. Nos parece una vez más una deslealtad.

P. Los ERTE se acaban el 30 de septiembre. ¿La Junta defiende otra ampliación?

R. En estos momentos hay claros signos de reactivación económica, pero con mucha incertidumbre. Por ejemplo, en las CCAA que dependen del turismo, como Andalucía, el otoño no es la mejor época. Con lo cual, si se ha hecho el esfuerzo de ayudar a las empresas durante todo este tiempo, nosotros entendemos que el esfuerzo debería llegar hasta el primer trimestre del año que viene, cuando con la primavera comencemos definitivamente a ver otro color y veamos otros síntomas de recuperación. Deberíamos haber hecho, como en Alemania, donde hace ya un año decidieron que los ERTE se prolongarían hasta el 31 de diciembre de 2021. Y no esta cadencia en España y este suplicio cada tres meses, de ir negociando para ampliarlos. Quizás es porque necesitan titulares de prensa cada tres meses.

"En estos momentos, hay claros signos de reactivación económica, pero con mucha incertidumbre"

P. El paro en Andalucía se mantiene en torno al 22%, varios puntos alejados de la media española (15%) y el triple que la media europea (7%). ¿Tiene remedio?

R. La pandemia acabó con la recuperación económica que se produjo en Andalucía desde 2016 a 2018. En Andalucía, el PIB cayó el pasado año un 10,3%. Sin embargo, paradójicamente, la tasa de afiliación solo bajó un 2,4%. Estamos actualmente viendo signos de recuperación. Andalucía maneja unas coordenadas peores con respecto al resto de España porque depende mucho del turismo, de la hostelería y del comercio. Tenemos que ver cómo se comporta la agricultura y la construcción en el último trimestre del año y el primero del que viene, para ver si nos podemos acercar un poco más a las coordenadas que maneja el resto del país.

P. El paro juvenil es dramático. ¿Qué se puede hacer?

R. La tasa de desempleo juvenil en Andalucía es muy elevada. Empezamos la crisis con un 52% y ahora ha bajado al 47%. Pero esto no es óbice para lanzar las campanas al vuelo. Y es que uno de cada dos jóvenes que quieren acceder al mercado de trabajo no puede. Hay dos factores fundamentales: en nuestra comunidad hay una tasa de abandono escolar del 22%, cuando en España es del 17%, incluso el País Vasco lo tiene del 6,7%. Y también, por otro lado, la falta de la adecuación de la formación con respecto a las necesidades del tejido productivo. Estamos muy lejos de formar a nuestros jóvenes con las habilidades y los requerimientos que se necesitan. No es una solución fácil. Siempre digo que los políticos quieren soluciones rápidas y que los estadistas quieren soluciones que sean a más largo plazo. El problema del desempleo juvenil no se va a solucionar de un día para otro. Hay que formar a nuestros jóvenes en las necesidades que realmente requiera el tejido productivo. Mientras tanto, se pueden activar incentivos a la contratación de personas jóvenes. Nosotros estamos trabajando ya en ello. Otra opción que el Gobierno de España podría barajar es crear un SMI para los jóvenes. De hecho, existen en otras partes del mundo. Porque, ahora mismo, con lo que se está majeando, llegaríamos a un SMI de 14.400 euros en el 2023. Quizás, un joven que no tiene experiencia laboral y se quiere acercar a una empresa, esta no le pague esto. Otra opción sería formación en alternancia. Estamos ya empezando con formación en alternancia en la Consejería y estamos ya con un proyecto en el que se va a formar a las empresas, y luego ya con prácticas laborales no profesionales pagándoles a las empresas por horas para que a la vez formen y hagan prácticas los trabajadores.

P. Otro de los grandes problemas de Andalucía es la temporalidad. ¿Cómo se puede romper con esto?

R. Es uno de los lastres y cánceres que tiene nuestro mercado de trabajo. Por eso está muy bien subir el SMI, pero, si no se atajan los grandes problemas de nuestro mercado de trabajo, poco vamos a hacer. Y, de hecho, Europa es lo que nos está exigiendo. Tenemos en estos momentos en Andalucía un 32% de temporalidad en el empleo. Y está muy condicionado por los sectores productivos más grandes de la región. La agricultura y la hostelería marcan gran parte del tejido productivo andaluz y eso inevitablemente conforma una temporalidad en el empleo. Pero las medidas debe tomarlas el Gobierno de la Nación. Nosotros podemos hacer incentivos a la contratación para que las políticas activas de empleo, que son las competencias que tenemos, puedan atajar temporalmente esa lacra.

"Es el cuarto mes que lideramos en número de autónomos por comunidad, muy por delante de Cataluña, que siempre había sido líder"

P. Andalucía lidera ya al conjunto del país en número de autónomos, con más de 557.000. ¿Es señal del nuevo emprendimiento andaluz o de que se multiplican los falsos autónomos?

R. Son datos muy buenos. Es el cuarto mes que lideramos los datos del número de autónomos por comunidad, muy por delante de Cataluña que siempre había sido líder. Yo no oculto que este aumento pueda tener sus sombras, con los falsos autónomos, autónomos por necesidad o que haya 'trades'. Pero sí quiero pensar que el Gobierno andaluz está aportando un granito de arena para que el que está indeciso en el camino de emprender lo pueda hacer. Tenemos subvenciones que complementan la tarifa plana durante el segundo año y que hacen que el autónomo pague 60 euros. Eso ayuda mucho a bajar la cotización. O tenemos ahora unas ayudas de inicio de actividad para trabajadores de autónomos, que van desde 3.800 euros a 5.000 euros. O estamos montando también una ayuda de digitalización a los autónomos con un importe de cinco millones de euros. Para acometer los proyectos de digitalización tanto de trabajadores autónomos como de entidades de economía social. Hemos lanzado ya unas ayudas de conciliación para los autónomos. También vamos a dar unas ayudas para que durante las bajas de maternidad o embarazo se contraten a personas que sustituyan a las que están de baja. Son muchas las medidas enfocadas a ayudarlos y fortalecerlos.

P. Entonces, ¿le gusta ese modelo para Andalucía?

R. Estos datos están demostrando que el tejido productivo de Andalucía es valiente y que los andaluces tienen la capacidad suficiente como para convertirse en autónomos. Y más en un año como el que hemos pasado. Tiene también desventajas, como es el caso de su menor innovación o la exportación, frente al poder de las grandes empresas. Pero muchos autónomos crean muchos empleos. Hay grandes corporaciones que despiden a miles de trabajadores, pero, si cada autónomo de Andalucía despidiera a un solo empleado de los que tiene, tendríamos un serio problema de desempleo. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de nuestros autónomos. De esta crisis no se sale contra las empresas y autónomos, sino que se sale por y con ellos. De la mano de ellos.

P. Uno de sus grandes retos en esta legislatura es reformar completamente el SAE (Servicio Andaluz de Empleo), con más de 3.500 empleados, para que sirva para algo en la región del paro…

R. Junto con la formación era nuestro objetivo estrella. Sabíamos que teníamos que cambiarlo, cambiar las políticas activas de empleo y sobre todo cambiar cómo se trabajaba en el SAE. Tiene una tasa de intermediación de solo el 3% en el mercado laboral en Andalucía y, de ese porcentaje, el 96% son contrataciones públicas y eso había que cambiarlo. Para cambiar esa dinámica, hemos licitado dos contrataciones: el modelo de gestión integral y el modelo de perfil estadístico. El primero supone ordenar los recursos materiales y personales del SAE. Supone ser útil. Optimizar todos los recursos que tiene el SAE. Tenemos que hacerles ver a las empresas que los perfiles que les ofrecemos casan con su demanda profesional. Y, en cuanto a los demandantes, manejaremos la formación que tienen, la experiencia y la disponibilidad que tengan. En cuanto al perfilado estadístico, de oferta y demanda, se trata de ver con datos e información el tejido productivo que tiene Andalucía. Cosa que antes no existía. Era casi milagroso que antes se produjeran contrataciones. Hemos empezado entonces a dar información sobre el mercado laboral y las actividades y sectores.

R. ¿Cuándo se empezará a notar esta reforma?

P. Ya se han empezado a hacer grupos de trabajo en el SAE, se ha hecho formación. Estamos en el proceso todavía. Estamos teniendo reuniones con las consultorías contratadas en la que nos dan cuenta de cómo se está avanzando. Porque lo que queremos es que el personal del SAE vea esto como propio y lo interiorice. Que cuando se sienten en sus mesas de trabajo tengan herramientas que los empoderen. Eso va a ayudar también mucho a nuestros orientadores. Eso es fundamental. Hay que apostar por una orientación propia. Hemos empezado el proceso y que la primera fase comience a funcionar a finales de este ejercicio.

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Foto: P. H.

P. Uno de los puntos más polémicos del SAE fue la integración en la época del PSOE de los más de 1.000 empleados de la Fundación Faffe, tristemente conocida por el enchufismo y por los pagos de prostíbulos a alguno de sus dirigentes. PP y Cs eran muy críticos cuando estaban en la oposición, pero ahí sigue todo igual…

R. Esas personas tienen una sentencia firme que los integra en el SAE. Por lo tanto, son personal laboral propio, como personal fijo no indefinido. Con lo cual, están trabajando con normalidad. Pero el personal de la Faffe es adecuado y trabajador. Y, como aún hay un proceso judicial abierto contra unos cuantos, no hay que estigmatizarlos a todos. Hay que seguir avanzando.

P. Este último año, su departamento ha aplicado sistemas pioneros de robotización para conceder ayudas o mejorar el funcionamiento. ¿Qué tal la experiencia?

R. Para nosotros la robotización y la automatización son el futuro de la Administración pública. Ha llegado para quedarse. Las ayudas deben llegar ahora que es cuando se necesitan y no dentro de uno o dos años. Mire, nosotros nos hemos llegado a encontrar solicitudes de ayudas de autónomos que se estaban gestionando desde 2008. Como entenderá, esos autónomos ya han desaparecido. Por ello, desde el año pasado decidimos dar un cambio a la Consejería y automatizar la gestión de procesos. Se gestionaron más de 102 millones de euros, con más de 125.000 solicitudes de autónomos. Muchas de ellas, 95.000 exactamente, se gestionaron en 35 días. Con lo cual ha supuesto un antes y un después. O las ayudas de mantenimiento del SAE, que tenían el bono de empleo o los incentivos a la contratación, que antes se gestionaban en dos o tres años, y ahora todo se ha gestionado en tan solo dos meses y medio. Ha solventado en este tiempo más de 38.000 solicitudes. Además, para el SAE, entendemos que ha sido un revulsivo porque se ha visto que se pueden hacer las cosas de otra manera. Que se pueden hacer políticas activas de empleo y que lleguen directamente a los ciudadanos y que sirvan.

P. Pero esos robots levantan las suspicacias de los funcionarios y los sindicatos…

R. Nosotros hemos llegado a tener hasta 64 robots que trabajan siete días a la semana durante 24 horas al día. Ha supuesto un ahorro de coste de 1.334.000 euros, 100.000 horas de trabajo, y el trabajo equivalente a 238 funcionarios, un número de empleados que en toda la consejería no lo tenemos. Por lo tanto, los funcionarios son necesarios, porque el robot lo que hace es la automatización, pero a las personas las necesitamos para los reintegros, para los recursos, para llevar los documentos contables… Necesitamos que se dediquen a trabajos de mayor valor añadido y no a trabajo repetitivo y que puede hacer una máquina perfectamente.

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