El caso de Anecoop o la paradoja del campo: cifras récord en pleno clima de malestar

Anecoop, una de las mayores cooperativas agrícolas de España, cerró el ejercicio de 2021 con una nueva cifra récord de ingresos consolidados de 994 millones de euros (+3%). La entidad, que preside Alejandro Monzón y con sede en Valencia, acumula incrementos en su cifra de negocios y volumen de toneladas. Se ha especializado en cítricos y otras frutas, hortalizas y vinos y exporta a 85 países. Un año más, Europa ha sido el principal destino, con Alemania a la cabeza, seguido de Francia. El nacional es el tercero de sus mercados, según los datos difundidos ayer viernes por Monzón y el director general, Joan Mir, antes de la asamblea general de socios celebrada en el Palacio de Congreso de Valencia.

El caso de Anecoop es paradójico porque no es una gran empresa al uso. Se trata de una cooperativa de segundo grado que agrupa y da servicios profesionales a más de 70 cooperativas y empresas, hortofrutícolas y vinícolas, y representa, según sus cifras a 23.000 agricultores de nueve autonomías, con especial incidencia en las zonas agrícolas de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Su labor consiste en integrar, coordinar y comercializar la producción de sus cooperativistas, con una clara vocación exportadora. Cuenta con oficinas comerciales en diversos puntos de Centro Europa y también en China y Estados Unidos. Tiene entre sus cooperativistas a algunas empresas de tamaño grande, pero el grueso de su masa social son cooperativas de pequeños y medianos productores, que suman fuerzas para optimizar su negocio.

El comercio exterior agrícola y pesquero acumula un aumento en los dos últimos años del 16%.

Aunque reconocida por su capacidad de profesionalización y gestión de su actividad, el éxito de Anecoop no es un caso aislado. Al tiempo que las calles se llenan de manifestaciones, el sector agroalimentario español está viviendo, en términos económicos generales, unos ejercicios dulces. Ni la pandemia ni los problemas de competencia de terceros países ni las tensiones de rentabilidad y costes que denuncian los productores han impedido que las ventas al exterior estén muy por encima del período previo a la irrupción del coronavirus.

Hay una coincidencia general en que 2022 será un año complejo, probablemente peor, por el incremento de los precios del combustible, fertilizantes y algunas materias primas como consecuencia de la crisis de la invasión rusa de Ucrania. "No se le habría ocurrido ni al mejor guionista de Hollywood", ironizó el director general de la cooperativa, en referencia también a la aparición de nuevas plagas como el cotonet en los cítricos. Pero, según los datos del Ministerio de Economía, el comercio exterior agrícola y pesquero español acumula un aumento en los dos últimos años de más del 16%. El ritmo de crecimiento fue mayor el año pasado, del 11,6%, cuando ya había protestas del campo en la calle. Si en 2019 se exportaron alimentos por valor de 51.700 millones de euros, en 2021 la cifra escaló hasta los 60.118 millones. El agroalimentario aportó a la balanza comercial española un saldo positivo de 18.948 millones de euros.

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Si algo no tiene España, es un problema de déficit de alimentos. La mejor prueba de que es un país en el que se pueden hacer grandes negocios en el campo es que no dejan de producirse operaciones en las que participan fondos de inversión, muchos internacionales. Un ejemplo reciente ha sido la venta por parte de Atitlán, el grupo inversor de Roberto Centeno y Aritza Rodero, de 9.000 hectáreas de olivos y almendros de regadío al 'holding' cordobés de José Luis de Prado, una operación que ha contado con el músculo financiero del fondo de pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Montada de Canadá, PSP. Atitlán contempla redirigir una parte importante de los recursos obtenidos con su 'exit' a comprar más suelo rústico con cítricos en producción.

Pero entonces, ¿cómo se explica el malestar? ¿A qué obedecen las grandes manifestaciones y tractoradas de un sector que mueve miles de millones? Joan Mir, un histórico del cooperativismo en la Comunidad Valenciana y gran conocedor del sector, explica que se hace la misma pregunta. Asegura que el campo español está viviendo una dicotomía en la que muchos agricultores no pueden cubrir sus costes pero a la vez no dejan de aterrizar fondos de inversión. Establece una diferenciación entre las grandes explotaciones agrícola extensivas, cada vez más presentes en autonomías como Andalucía o Murcia, y el modelo de explotaciones más pequeñas, muchas veces parceladas por particiones hereditarias, que se dan en territorios como la Comunidad Valenciana.

"Hay explotaciones de cítricos en Andalucía con un 70% menos de costes", dice Joan Mir

"Hay explotaciones de cítricos en Andalucía con un 70% menos de costes. Tenemos que reflexionar y tomar decisiones. Ayudar a un cambio de mentalidad. No puede ser que en la Comunidad Valenciana se abandonen tierras y en Murcia o Almería falten", dice. "Solo un sector rentable será atractivo para los jóvenes y favorecerá un relevo generacional exitoso". Anecoop puede servir de caso de ejemplo por la pluralidad de sus socios y cómo un modelo de explotación puede decantar la balanza. Sus cinco millones de beneficio neto en 2021, superior en un 17% al de 2020, arrojan un margen sobre sus 994 millones de euros de ingresos consolidados de apenas el 0,5%. La diferencia entre ganar dinero y perderlo, pese el ingente volumen de ventas, es muy estrecha.

Un elemento clave en la batalla por la supervivencia, aunque no necesariamente suficiente, es el cumplimiento real de la ley de cadena alimentaria aprobada por el Gobierno. Mir asegura que en la mayoría de casos se está cumpliendo. Pero son precisamente las grandes explotaciones y la gran distribución las que más presionan para contener los precios alimentarios, lo que sitúa a pequeños y medianos en un emparedado que puede explicar el malestar reciente.

Negociando con supermercados

El director general de Anecoop reconocía este viernes que están negociando con cadenas de supermercados como Mercadona la forma de repartir los incrementos de costes que han llegado con el arranque de la campaña de 2022 y la guerra ucrania. Sin embargo, Juan Roig ya advirtió en su última comparecencia para presentar los números de su empresa el pasado 15 de marzo, que su intención es mantener sus tarifas por debajo de la inflación general del sector alimentario. Si los precios suben un 5%, en Mercadona el aumento rondará el 2%. Explicó que esto será a costa de su propia cuenta de resultados, pero es inevitable pensar que sus proveedores van a tener que soportar también una parte de esa contención. "Estamos trabajando con todos los supermercados para que se mejore el precio. Unos son más sensibles que otros. Anecoop podría haber dado mejores resultados, pero también absorbemos costes. Si repercutimos todos el precio entraríamos en una escalada de inflación importante", admitió Mir.

Sin embargo, dirigir al sector hacia un cambio de modelo generalizado de propiedad y de explotación que permita exprimir al máximo los costes ampliando tamaño puede conllevar otros riesgos cuyas consecuencias no positivas irán emergiendo con los años. La principal de ellas es el estrechamiento en la distribución de rentas. Ahora son miles las familias que producen en sus propias tierras y se benefician de su rendimiento, aunque sea con márgenes de infarto. Incluso históricamente una parte de la producción proviene de agricultores semiprofesionales que compatibilizan la actividad con otros trabajos, obteniendo rentas complementarias. Lo contrario podría abocar a un sistema en el que la propiedad del sector primario español se concentre en muy pocas manos con un ejército de jornaleros a su servicio. Y nada garantiza que eso sea sinónimo de mejores condiciones de vida en los campos y los pueblos agrícolas españoles.