ventajas en fiscalidad o ayudas agroindustriales

Grandes del agro maniobran ante la Junta para neutralizar el poder de las cooperativas

Las grandes familias empresarias, que han venido teniendo una interlocución compleja con los gobiernos del PSOE, buscan acceder al estatus privilegiado de cooperativas en ayudas y fiscalidad

Foto: Regadío en una finca en Cádiz. (Netco)
Regadío en una finca en Cádiz. (Netco)

La llegada al poder del nuevo Gobierno andaluz a inicios de año está removiendo algunas de las placas tectónicas del sistema económico regional, y en la que puede producirse un temblor de cierta relevancia es en agricultura. Dos visiones tradicionales de la actividad empresarial agraria, la de los grandes grupos agroindustriales de capital familiar y la de las enormes cooperativas surgidas en el último medio siglo, se ven las caras en un terreno de juego menos escorado que hasta ahora. Las cooperativas contaban con una interlocución preferente con la Junta, algo fundamental cuando lo que está en juego son ayudas industriales y fiscales. Así lo manifiestan múltiples fuentes consultadas que, no obstante, señalan que no es este un melón que se quiera abrir de manera urgente por parte de la consejería que dirige la almeriense Carmen Crespo.

La primera señal clara de estos cambios en el hábitat andaluz ha sido la llegada a la dirección general de Agricultura de Vicente Pérez, ex director general de Asaja en Andalucía, buen conocedor del sector y con marchamo de hombre de consenso entre ambas sensibilidades. Ahora, las grandes familias agroindustriales (Guillén, Camacho, Ybarra, Gallego) tienen a alguien con quien poder hablar directamente. Posteriormente, en la primera quincena de febrero, Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía emitía una inusual nota lamentando que las primeras reuniones del departamento de Crespo fueran con otras organizaciones de productores (UPA, COAG o Asaja) y no con cooperativas. Precisamente la exigencia de las empresas mercantiles de que se sitúe a cooperativas o bien en la parte de productores o bien en la parte de industriales —pero no en ambas, para no tener sobrerrepresentación— había tenido ya un primer reflejo en enero con la creación de la nueva Interprofesional del Algodón.

Andalucía es la comunidad que aglutina la inmensa mayoría del algodón (65.000 hectáreas) en España (la otra es Murcia, con apenas 100 hectáreas). Pero la nueva interprofesional no cuenta con cooperativas en los dos polos, los productores y la industria, sino solo en esta última, a través de sus dos patronales de desmotadoras (refinadoras) del algodón. En las interprofesionales del aceite o la aceituna ocurre lo contrario (están presentes en ambas patas). De hecho, grandes cooperativas andaluzas como Dcoop, Agro Sevilla u Oleostepa están presentes en grandes patronales industriales del aceite (Anierac) o aceituna (Asemesa). Todo ello sin olvidar que los socios agrupados en cooperativas representan el 50% de la producción agraria andaluza —y el 70% en el caso del aceite de oliva, el rey del campo andaluz—. Y que en las propias cooperativas hay también grandes grupos familiares que son socios, como el grupo olivarero cordobés De Prado en Dcoop.

El reequilibrio que ambicionan las grandes empresas se dirige primero al ámbito institucional y de representatividad y, como consecuencia de ello, al de las ayudas y marcos fiscales. Otra cuestión es qué papel pueda jugar la Junta en cada uno de los ámbitos en cuestión, ya que las hay que dependen de competencias estatales. Por llevar el balón a tierra, lo que las grandes compañías familiares privadas señalan genéricamente como "ventajas" puede resumirse en cinco puntos, según distintas fuentes empresariales y jurídicas consultadas pero que prefieren mantenerse en el anonimato.

El reequilibrio que ambicionan las grandes empresas se dirige al ámbito institucional y de representatividad y al de las ayudas

En el plano fiscal, lo que plantean las empresas privadas es acceder a la tributación más reducida de las cooperativas en figuras como sociedades (base general ya más baja del 20%, pero con opción de desgravarse hasta el 50% de lo aportado al Fondo de Reserva Obligatorio y el 30% del Fondo de Formación) y transmisiones patrimoniales, por ejemplo. En el ámbito de ayudas, tanto las relativas a apoyar la concentración como las destinadas a la mejora de la eficiencia productiva e industrial son de acceso casi exclusivo a cooperativas. Lo que se pide es poder participar también de ellas. La queja expresada por miembros de la familia Gallego, en la inauguración de la nueva fábrica de su filial Ybarra el año pasado, por no haber recibido un euro en ayudas de la Junta tras invertir 42 millones es paradigmática a este respecto.

En el ámbito legal, hay dos cuestiones que afectan la relación con proveedores que las empresas mercantiles entienden que supone una desventaja competitiva para ellas. Las cooperativas no se rigen por la ley de la cadena alimentaria en su relación con sus socios-suministradores. Es decir, los productos que los socios entregan a sus cooperativas no tienen que cumplir las exigencias de los suministradores de una empresa privada hacia su cliente industrial-transformador, y del industrial respecto del agricultor, que recoge esa ley. Y, en relación con los plazos de 30 y hasta un máximo de 60 días para pagar a los proveedores, tampoco las liquidaciones de las cooperativas a sus socios se rigen por esos plazos.

Carmen Crespo, consejera de Agricultura, y el presidente de cooperativas, Juan Rafael Leal (con gafas, junto a ella), en febrero. (Cooperativas Agro-Alimentarias)
Carmen Crespo, consejera de Agricultura, y el presidente de cooperativas, Juan Rafael Leal (con gafas, junto a ella), en febrero. (Cooperativas Agro-Alimentarias)

"Las liquidaciones no tienen por qué adaptarse a la ley de pago a proveedores que ha de cumplir una empresa privada", defiende Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía. "Nosotros no dejamos la fruta en el árbol, ni la leche en la vaca, mientras que un empresario privado si no ve beneficio, se sale del sector y punto", defiende. Leal, también vicepresidente del gran grupo cooperativo cordobés Covap, entra también en el tema de ayudas a las que tienen acceso de forma preferente. "La figura de Entidad Asociativa Prioritaria claro que va dirigida a nosotros, quizás otras empresas deberían exigir unas ayudas 'ad hoc' para ellos, no nos opondríamos a que hubiera una ley así".

Con respecto al equipo de Crespo, y tras una reunión celebrada una semana después de emitirse la nota de prensa crítica, "tenemos claro que no nos van a quitar nada. Están comprometidos con todo el sector productor", asegura. El Confidencial ha esperado una respuesta por parte de la Consejería de Agricultura, sin éxito, desde hace dos semanas. "Si recibimos más ayudas", añade el veterano ganadero y cooperativista cordobés, "es porque somos muchos y hacemos más inversiones. Son inversiones que no benefician a una persona o un grupo de accionistas, sino a muchas personas en distintos niveles".

Nuevas vías de 'lobby'

Y con respecto a ese mejor tratamiento fiscal, Leal justifica: "La derrama del beneficio no es la misma que en las empresas privadas, así que no podemos jugar con sus mismas armas. Pero, al mismo tiempo, es antiguo nuestro régimen fiscal y tiene cortapisas a la hora de hacer operaciones, no puedes hacer cualquier transacción con todo el mundo", matiza.

Según otra veterana fuente del sector productor, la figura del secretario general, Vicente Pérez, no es determinante para abrir el abanico de apoyos hacia nuevos actores. Será la directora general de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Carmen Cristina de Toro, quien más directamente esté involucrada. Depende, en cualquier caso, del secretario general. Lo que sí ofrece Pérez es una vía de acceso abierta a todos los interlocutores, no como antes, cuando eran las cooperativas las que gozaban de acceso privilegiado, explican esta y otras fuentes. "Antes, lo que hacían estos empresarios era, a través de la patronal CEA, llegar directamente a Presidencia. Pero, claro, luego esta gestión fructificaba o, normalmente, no".

Precisamente el reequilibrio de poderes en la nueva Junta, no solo por ser una coalición de dos partidos o por el mayor peso de Andalucía oriental, permite a nuevos interlocutores empresariales tener acceso a la cúpula del Gobierno andaluz. En este sentido, tampoco es casualidad que la asociación empresarial Cesur (un potente 'think tank' surgido en Sevilla en plena crisis) ya se haya reunido con Carmen Crespo y el consejero de Hacienda, Juan Bravo, la semana pasada. En la delegación de Cesur, junto a su presidente, Ricardo Pumar (presidente de la inmobiliaria cotizada Insur), y vicepresidente, Fernando Seco, estaba Gonzalo Guillén (consejero delegado del envasador de aceite Acesur-Coosur).

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