La pinza PSOE-Vox por los contratos covid aviva el runrún sobre las elecciones en Andalucía

El runrún sobre un adelanto electoral inminente en Andalucía crece cada día. La amenaza de que el PSOE y Vox unan fuerzas y se constituya una comisión que investigue los contratos exprés suscritos por la Junta durante la pandemia ha sido la última pieza en situarse sobre el tablero de juego. Sería la pinza a la que en más de una ocasión ha hecho referencia el PP y la línea roja que el presidente Juanma Moreno trazó para decantar la llamada a las urnas. Los de Abascal, aunque no han cerrado una posición, coquetean con la posibilidad de situarse junto a la oposición de izquierdas y frente al gobierno de PP y Cs al que han sustentado esta legislatura.

"No hay motivo para negarse", puntualizaron ayer fuentes de Vox, "transparencia total", añadieron, sobre la posibilidad de apoyar la propuesta socialista. Horas antes, la portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Ángeles Férriz, anunció que su grupo iba a solicitar la constitución de una comisión de investigación. Y aunque el presidente andaluz prefiere retrasar hasta el otoño la convocatoria electoral, según insisten fuentes de su equipo más próximo, las voces dentro de los populares que piden aprovechar el tirón del Congreso que el PP celebra este fin de semana en Sevilla y convocar en junio, no cesan.

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Isabel Morillo

La teoría de que el renacimiento de los populares liderados por Feijóo empujará a favor de Moreno está ahí, y el argumento gana enteros si existe la mínima posibilidad de que el presidente de la Junta tenga que enfrentarse a una comisión de investigación a las puertas de unas elecciones. El ambiente está revuelto y los nervios se multiplican ante la incertidumbre, en un momento especialmente delicado, con una guerra a las puertas de Europa, una inflación desbocada, y un malestar que crece día a día en la calle.

Sin ir más lejos, el socio del PP, Cs, no ocultó ayer su temor a un adelanto electoral. Lo hizo la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, quien en un mensaje publicado en Twitter cuestionó si este era el "momento oportuno" para convocar elecciones. El mensaje contraponía la "estabilidad legislativa" frente al "IPC más alto en tres décadas, la luz y el combustible por las nubes, una guerra en Europa con millones de refugiados y la covid aún sin superar".

El presidente andaluz siempre ha defendido públicamente que no le quedaría más remedio que convocar elecciones si hay un bloqueo parlamentario que impida a su Gobierno seguir trabajando con normalidad. Es lo que sucedió cuando la oposición y Vox tumbaron los Presupuestos el pasado noviembre. Y aunque desde entonces ha habido amagos de reeditar esa foto, la de todo el arco parlamentario unido contra el Ejecutivo de la Junta, lo cierto es que no ha vuelto a ocurrir. Moreno ha sido capaz de pactar a derecha e izquierda, sacando adelante normas como la ley de Vivienda.

¿Que el PSOE, Unidas Podemos, que no tendría ningún problema en unir sus votos para la creación de una comisión, y Vox formen una entente podría considerarse un bloqueo parlamentario? Fuentes del PP no responden a la pregunta, pero insisten, en declaraciones a El Confidencial, que no les gusta lo más mínimo que se ponga a Moreno y a su gestión en una diana. Remarcan que no ha habido ninguna irregularidad y que todo es un montaje al abrigo del contrato madrileño del que supuestamente se habría beneficiado el hermano de Isabel Díaz Ayuso y que la Fiscalía está investigando.

La comisión de investigación

"Queremos luz y taquígrafos si no se nos da información", defendió ayer la portavoz del PSOE en el parlamento andaluz. La formación ha pedido a las 11 consejerías todos los datos disponibles sobre los contratos de emergencia firmados desde el inicio de la pandemia y hasta hace apenas 15 días, cuando el Gobierno andaluz deshabilitó el mecanismo excepcional de contratación previsto por la crisis sanitaria. El trámite contempla un plazo de 30 días para responder, y si apurado ese tiempo los socialistas no han obtenido lo solicitado, registrarán entonces la creación de una comisión de investigación.

Desde 2020, el Gobierno de Moreno ha suscrito unos 21.000 contratos, según detalló en sede parlamentaria el consejero de Hacienda, Juan Bravo. El grueso, casi 17.500, se firmaron en 2020, por un importe total de 979 millones. Un año después, en 2021, los contratos ascendieron a 4.124, por un valor de 502 millones, y ne lo que va de año el montante asciende a unos 16 millones por una decena.

"A dedo y sin control ha estado haciendo Moreno Bonilla contratos en estos dos años y medio", defendió Férriz, "por qué tardan tanto, a quién le han dado los contratos a dedo", añadió. En la misma línea, en alguna otra ocasión, Vox ha exigido explicaciones por la prolongación del mecanismo de emergencia durante todo este tiempo, además de reclamar la identidad de los "comisionistas" que supuestamente hubiesen intermediado en los contratos de la Junta.

De hecho, en la Asamblea de Madrid, fue Vox quien impulsó un pleno monográfico para la fiscalización de los contratos de urgencia firmados por el Gobierno madrileño durante la pandemia. Ahora queda por ver qué harán los de Abascal en Andalucía y si una posible unión con el PSOE y el resto de fuerzas de izquierda termina por precipitar la convocatoria de elecciones.