Gibraltar avisa a España: si pone trabas a sus transportistas, el Peñón hará lo mismo

Una serie de testimonios aportados por los propios camioneros, y la ausencia de “respuestas claras” a través de los cauces oficiales, ha sido el motivo por el que el Gobierno de Gibraltar ha iniciado la redacción de un proyecto de ley para aplicar el principio de reciprocidad ante un presunto cambio de las condiciones pactadas con España sobre el transporte de mercancías y personas a través de la frontera. Una medida que no debería de afectar a los miles de vecinos de La Línea de la Concepción y municipios anexos que a diario cruzan la verja para ir a trabajar. La diplomacia española afirma que se ha sido “muy generoso en La Verja” desde que se empezó a negociar el encaje internacional de la colonia británica tras el Brexit.

Aunque fuentes el Gobierno de Fabian Picardo insisten en recalcar que esta respuesta no debe ser tomada como una amenaza, sí expresaron su “sorpresa” porque se haya comenzado a trasladar a los transportistas que a partir del 1 de mazo habrá nuevos requisitos. Porque había un “acuerdo tácito con España” por el que “esta clase de condiciones no cambiarían hasta que no finalizara la negociación sobre la relación de Gibraltar con la Unión Europea (UE)” derivada de su salida del marco comunitario. Y, sobre todo, porque no se ha obtenido una "repuesta clara" cuando se ha solicitado una aclaración.

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El Ejecutivo de la colonia afirma que no ha recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y agrega que “la embajada británica en Madrid está abordando el tema”, pero sostiene que estas gestiones diplomáticas no han servido para despejar las dudas que todos tienen en estos momentos.

“Ni Gibraltar ni el Reino Unido han podido aclarar hasta qué punto lo que se está diciendo en la frontera es verdad o no”, manifestaron. “Oficialmente no hay nada” y “esperemos que quede así”, recalcaron, para explicar que en el pasado se han tomado medidas que tenían que ver con los filtros de entrada y salida que “desconocían el ministerio o el responsable último en Madrid”. Aunque, en esta ocasión, según lo expresado a este periódico, parece que es real.

La situación actual está normalizada, pero después de que las “autoridades españolas” hayan advertido a los transportistas gibraltareños de que “cambian las circunstancias” cuando concluya el presente mes, el equipo de Picardo ha dado un paso adelante para construir el armazón legislativo necesario ante una posible activación del principio de reciprocidad. ¿En qué puede consistir? Pues no está decidido aún, ya que “habrá reuniones con todos los actores involucrados”, pero todo apunta a que clonará las medidas que finalmente adopten España y la UE. De los testimonios recabados entre los camioneros autóctonos se desprende que solo podrán trabajar al otro lado de la verja si se registran en “Extranjería” y tienen un contrato español. “También se ha indicado que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y que trabajen para un transportista gibraltareño podrán seguir cruzando la frontera con su vehículo comercial y operar”.

El Gobierno de La Roca llegó a hablar de "imposición" de medidas por parte de España

Las citadas fuentes, que llegaron a hablar de “imposición”, precisaron que se va a redactar un proyecto de ley en base a las condiciones que fije el Gobierno central -si es que finalmente lo hace- y que se sustanciará con las propuestas de los empresarios y transportistas locales. “Es una medida preventiva”, aseguraron, antes de considerarla una necesidad de proteger los intereses económicos de las empresas asentadas en la Roca.

“Gibraltar se tiene que ir preparando” frente a “una situación que no está nada clara”. Inicialmente, según detallaron, los requisitos se aplicarían a los camioneros procedentes de territorio español que quisieran atravesar la frontera para descargar mercancía en la colonia; aunque posteriormente se harían extensivos al transporte de pasajeros y afectaría a los numerosos autobuses de visitantes que acuden a hacer turismo y compras.

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El Departamento de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos -Driver and Vehicle Licensing Department (DVLD)- será quien expida unos permisos que podrán obtenerse tras “demostrar” que se cumplen las condiciones habituales de los carnés de este tipo, así como la necesidad de gozar de buena reputación, tener una capacidad financiera adecuada y contar con la competencia profesional necesaria. Sin embargo, se impondrá un curioso requisito adicional a los transportistas de la UE: deberán “garantizar” que la actividad que realizan en el Peñón “persigue un objetivo de interés público para Gibraltar”.

El Gobierno de Picardo lamentó que “el impacto negativo” de esta decisión se ha visto agravado por el hecho de que Bruselas “se ha opuesto” a la aplicación a Gibraltar del Acuerdo Interbus que habría permitido la continuación normalizada de los transportes.

Generosidad

Fuentes diplomáticas españolas salieron al paso de estas críticas y, en declaraciones a El Confidencial, afirmaron que “desde el pasado 1 de enero de 2021 España ha venido aplicando un régimen muy generoso en la Verja”. No obstante, defienden que “las medidas adoptadas no pueden prolongarse por un periodo de tiempo indefinido, ni ser sustitutivas de un marco estable, predecible y duradero, que dote de seguridad jurídica a los operadores económicos de la zona y a la ciudadanía, como ha sido el caso que nos ocupa -transporte por carretera de mercancías y personas-”.

"Las medidas adoptadas no pueden prolongarse por un periodo de tiempo indefinido"

“Esta situación refuerza aún más nuestro deseo y compromiso de alcanzar un acuerdo Unión Europea-Reino Unido sobre Gibraltar, junto a otro relativo al resto de entendimientos bilaterales entre España y el Reino Unido”, agregaron, para insistir en que el Ejecutivo de Sánchez ha tratado de “minimizar el impacto que hubiera sido el resultado lógico -pero no el deseado- de la finalización, el pasado 31 de diciembre de 2020, del periodo transitorio previsto en el Acuerdo de Retirada y en el Protocolo sobre Gibraltar”.

Las negociaciones futuras, añadieron, deberán fijar la “cobertura jurídica” para garantizar el transporte por carretera de personas y mercancías.