transparencia en andalucía

Un solo funcionario para publicar los bienes de 109 diputados... que siguen ocultos

Hace más de un mes que se constituyó la Cámara andaluza pero aún no cumple con los requisitos legales de transparencia porque hay un único trabajador y "estaba de vacaciones"

Foto: Parlamento de Andalucía. (EFE)
Parlamento de Andalucía. (EFE)

Todos los políticos prometen transparencia. Abrir puertas y ventanas, derribar muros... Es el compromiso de moda, frases hechas entre la clase política española y andaluza. El pasado 27 de diciembre se constituyó el Parlamento de Andalucía. Un mes después, sigue siendo imposible acceder a las declaraciones de bienes y al patrimonio de sus 109 señorías. Es una obligación legal, pero la Cámara alega que hay falta de personal.

Según ha podido comprobar este periódico, hay un solo funcionario dedicado al portal de transparencia en el Parlamento andaluz. “Hay una única persona y ha estado unos días de vacaciones”, explican fuentes de la institución. Nadie le sustituyó. Encima, el sistema es complicado y rudimentario, por lo que conlleva “bastante tiempo” mostrar estos datos, aseguran.

El gasto en personal asciende a 18,8 millones de euros anuales, pero la Mesa de la Cámara no reforzó la "unidad de transparencia"

El presupuesto de la Cámara para 2018 recoge 18,8 millones de euros en gastos de personal de un total de 40,3 millones de euros. Desde el gabinete de la nueva presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), aseguran que existe la voluntad de hacer la web más accesible, fácil y directa, para que los ciudadanos puedan acercarse más a la institución también por internet. De momento es un compromiso más para un equipo recién llegado a la Cámara. El antecesor en el cargo, Juan Pablo Durán (PSOE), no dotó de personal esta área de transparencia.

Obligación legal

El Reglamento del Parlamento andaluz se modificó en noviembre de 2014 para cumplir, entre otras cuestiones, con la Ley de Transparencia estatal y andaluza, aprobada por unanimidad. Fue la sexta reforma en una década. Habría otra reforma de mucho menos contenido en 2017 para añadir una vocalía a la Mesa del Parlamento y dar sitio entonces a Izquierda Unida. El Reglamento sigue estando anticuado en algunos aspectos, por ejemplo, no recoge lo que dice el Estatuto de Autonomía sobre la convocatoria automática de elecciones si en dos meses ningún candidato obtiene mayoría.

La reforma del Reglamento has sido las dos últimas veces por acuerdo de todos los grupos. Los partidos se comprometieron a publicar las declaraciones anuales de la renta e incluso las de sus parejas, algo que se aclaró después que no podía ser en ningún caso obligatorio sino voluntario. Se declaró julio como mes hábil de trabajo y se garantizó que se publicarían las agendas de todos los diputados andaluces. Todos los grupos celebraron este avance en transparencia con sonoros golpes de pecho.

Hasta esta reforma, las declaraciones de bienes de los diputados se entregaban a los letrados y ellos las custodiaban. No eran accesibles. Con el nuevo Reglamento, se obligó a publicarlas en internet. Lo que no se hizo fue dotar del personal necesario a la Unidad de Transparencia y Atención a los Diputados, que según la última relación de puestos de trabajo (RPT) cuenta con un solo funcionario adscrito en la categoría de 'oficiales de gestión'. Es un puesto que depende de la Mesa del Parlamento previo informe del letrado adjunto.

Rentas como candidatos

El Reglamento obliga a que sean públicos los sueldos de los diputados y fijó (artículo 66) un Portal de Transparencia. El artículo 16 obliga además a los miembros del Parlamento a depositar sus declaraciones sobre bienes e intereses y presentar copia de su declaración de la renta y, en su caso, del impuesto de patrimonio.

“El Registro de Actividades, Bienes e Intereses tendrá carácter público. El contenido de las declaraciones inscritas en el Registro se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y estará disponible en internet”, recoge el Reglamento. Los diputados están obligados a informar de cualquier modificación en sus bienes y a presentar su declaración antes del 1 de agosto de cada año.

La única información sobre renta, bienes, participación en sociedades, propiedades o créditos está en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA) de los días 14 y 27 de noviembre. Llegar hasta estos boletines y encontrar la información solo lo consiguen los más avezados. No es nada fácil ni accesible. Fue el primer requisito obligatorio para quienes concurrieron en una candidatura electoral. Ahora toca al Parlamento hacer públicas las rentas de los 109 diputados conforme a sus declaraciones y con todos los datos homogéneos. En estas publicaciones, por ejemplo, faltan datos sobre saldo de cuentas bancarias. Cinco de los 12 diputados andaluces que obtuvo Vox obvian ese dato y no lo cumplimentaron en este cuestionario. Alegaron "desconocimiento".

Se retoma la actividad

La Cámara andaluza comienza esta semana su actividad ordinaria con un pleno que elegirá a los senadores por la comunidad autónoma. Será el miércoles y previamente todos los candidatos deberán pasar un examen de idoneidad. Según los datos recopilados por este periódico, este es el Parlamento más novato de las dos últimas décadas. De 109 diputados, 47 estrenan escaño y para la mayoría es también su primer cargo público.

Las reformas del Reglamento pactadas evitaron abordar la eliminación de dietas en los meses inhábiles, aquellos en los que no hay actividad parlamentaria, como ha pedido reiteradamente Podemos. También UPYD tramitó una iniciativa en este sentido que ningún diputado respondió, exigiendo que devolvieran lo cobrado en dietas en agosto de 2014. Sí que se reformó el régimen de incompatibilidades y se limitó la actividad de todos los diputados fuera de la Cámara. Solo podrán cobrar al margen del sueldo de diputado los ediles que perciban dietas por asistir a reuniones. La Comisión del Estatuto del Diputado tiene pendiente revisar las peticiones de quienes han pedido continuar con su actividad privada al margen del escaño. El portavoz de Vox, Francisco Serrano, está entre quienes han solicitado poder seguir trabajando en su despacho de abogados.

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