fichaje 'a dedo'

El Parlamento andaluz contrató al sobrino del presidente en tan solo 24 horas

El contrato de la polémica señala que se fichó a la empresa de Madrid el 22 de noviembre y al día siguiente la campaña ‘No ni ná’ estaba ya circulando en redes sociales

Foto: El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán. (EFE)
El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán. (EFE)

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, cumplió este martes con su compromiso de llevar a la Mesa el contrato a dedo de una empresa donde trabaja su sobrino para hacer una campaña sobre el orgullo andaluz en redes sociales. La memoria justificativa para el contrato se firmó el 22 de noviembre de 2017 y la campaña se lanzó en Instagram ese mismo día y en el resto de redes sociales al día siguiente. Se hizo todo en menos de un día.

Este periódico ha preguntado a varios expertos en redes si es posible hacer una campaña de estas características en 24 horas y todos coinciden en que es “imposible”. Todo indica que la empresa estaba trabajando en esa campaña sin tener el contrato adjudicado, sin garantías legales y sin el visto bueno del Parlamento andaluz. El vídeo, que está supuestamente destinado a un público joven y con el objetivo de desterrar tópicos, se realizó abusando del “compadreo y la familiaridad”, según un portavoz de Podemos, y sin avales jurídicos en el contrato, tal y como demuestra la documentación.

El contrato fue entregado a Podemos, que lo solicitó, y a otros grupos políticos que se sumaron a la petición. No así a los medios de comunicación. La explicación de la jefa de Comunicación de Presidencia, Mercedes Pastor, fue que ya se publicaría en la web del Parlamento cuando tocara según la actualización periódica, que se hace trimestralmente, y que no iban a hacer algo excepcional porque “no era necesario”, pese a la polémica desatada. PP y Podemos han pedido la dimisión del presidente de la Cámara.

El Confidencial sí ha tenido acceso al polémico contrato con la empresa madrileña El Cañonazo Transmedia, donde trabaja el sobrino del presidente del Parlamento, Alejandro Fernández Durán, que es también secretario general de Juventudes Socialistas de Córdoba e hijo de una significada dirigente del PSOE cordobés. Él fue un señalado activista en redes a favor de la candidatura de Susana Díaz en las últimas primarias del PSOE.

Ese documento está firmado por la directora general del gabinete de la Presidencia, sin control del personal administrativo ni los servicios jurídicos de la Cámara. La memoria justificativa se traslada del jefe de servicio de contratación a la jefa del servicio de gestión económica el día 24 de noviembre, con la campaña ya en marcha.

Justifica la puesta en marcha de una campaña en redes para poner en valor el proceso autonómico andaluz entre los jóvenes cuando se cumplen 40 años del 4 de diciembre de 1977. Apunta a la contratación de El Cañonazo por ser “una de las empresas pioneras en España en la denominada ‘transmedia storytelling”. “Dicha empresa ha trabajado con marcas de primer nivel e instituciones de distintos ámbitos y también con productoras y series de televisión a nivel nacional”, señala el documento, que justifica que el contrato se hiciera a dedo y sin pasar por concurso público. “Está revolucionando la manera de llegar a todo tipo de público con una novedosa estrategia de implicar al mismo en la historia y convertirlo en protagonista de la misma”, añade sobre la empresa.

El Parlamento andaluz contrató al sobrino del presidente en tan solo 24 horas

“Ante la especificidad técnica y creativa que requiere la campaña, su acreditada experiencia y su capacidad de difusión (...) proponemos la creación de la empresa El Cañonazo”, por un importe de 14.000 euros, que con IVA se eleva a 16.996,87 euros. Al límite de la cantidad tope, 18.000 euros, que permite la normativa del Parlamento andaluz para hacer contratos a dedo.

Justo encima de la firma bajo fecha de 22 de noviembre, se recoge que la campaña se llevará a cabo del 23 de noviembre al 22 de diciembre de 2017. En un día, por tanto, se encarga “la planificación de estrategia, diseño de la misma, producción de vídeos e imágenes para redes sociales y grafismo; distribución de los contenidos y análisis de la campaña”.

El Parlamento andaluz remitió a la ley de contratos del sector público para garantizar la legalidad del proceso y apuntó en concreto a los artículos 111.1 y 138.3. El primero de ellos señala: "En los contratos menores definidos en el artículo 138.3, la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan". Aseguran que ni siquiera hubiera hecho falta esa memoria justificativa desde la Presidencia de la Cámara autonómica.

"Nadie cayó"

Tras conocerse públicamente que el Parlamento andaluz había contratado a dedo a una empresa donde trabaja el sobrino del presidente, Juan Pablo Durán ofreció su versión a los medios de comunicación. Admitió errores de planificación porque, según narró, estaban inmersos en el 35 aniversario del Parlamento y se les pasó organizar con tiempo una campaña sobre el 4 de diciembre. Esa premura en los plazos fue lo que motivó, en palabras de Durán, que el contrato se hiciera a dedo. Según él, la campaña se hizo “viral” y ha sido un “éxito”, lo que justifica que se optara por esta vía rápida. "Nadie cayó en que eso fuese tan relevante", dijo sobre el hecho de que su sobrino trabajara en esa empresa. “No le dimos importancia”, agregó.

Podemos ha aprovechado este episodio para volver a pedir que el orden del día y las actas del Parlamento andaluz sean públicos, lo que ya consiguieron en el Congreso de los Diputados. El pasado 27 de septiembre, la Mesa del Parlamento cambió las normas para contratos menores para ahorrar burocracia, según alegaron entonces, en el caso de compras de poca cuantía. Se puso la salvedad de que sería el letrado mayor de la Cámara quien decidiría si hacían falta más trámites en algunos casos. Esa salvaguarda desapareció en otra modificación de las normas aprobada en la mesa el 17 de octubre y que los grupos de la oposición aseguran desconocer.

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