A favor de Alaya, en contra de Alaya

La juez Mercedes Alaya intuyó la trama de los ERE como un sistema piramidal, llegó incluso a mencionarlo así en un auto judicial, y esa visión ha acabado convirtiendo la instrucción judicial en una estructura igualmente piramidal que la ha conducido a un proceso de imputación permanente, exponencial, que abarca cada vez nuevos campos de investigación. Se trata de una especie de disyuntiva judicial difícil de resolver porque si se pretende imputar a todo aquel que haya tenido alguna vinculación, directa o indirecta, activa o pasiva, con los fondos destinados a los ERE, los que se exponen en la primera pirámide, la instrucción puede extenderse hasta convertirla en inabarcable, imposible de gestionar.

De ahí, de esa imposibilidad técnica, práctica, nacen las dudas que envuelven en este momento la instrucción de los ERE, después de más de tres años de trabajo. Y es de ahí, de esa dificultad de encajarlo todo en el derecho penal, de donde surgen autos como el de esta semana de Magdalena Álvarez, convertida repentinamente en el 'cerebro' de la trama con una fianza civil de vértigo cuando, hasta ahora, sólo había aparecido como un actor político más y, encima, tiene recurrida su imputación. El dilema de Alaya se resume, pues, en ella misma como juez, porque ha sido capaz de descubrir la mayor trama de corrupción institucional conocida y, a la vez, incapaz hasta el momento de concretarla y resolverla.

La pirámide primera, de la que parte todo, sitúa en la cúpula a los dirigentes políticos que idearon y aprobaron un sistema de ayudas públicas que pudiera eludir todos los controles de fiscalización, publicidad y transparencia y desciende hasta la base en la que se encuentran los intrusos de los ERE, que fue por donde comenzó el escándalo. En el centro de la pirámide, están los intermediarios, los sindicatos, los comisionistas, las empresas aseguradoras y los empresarios que se beneficiaron de esos fondos, muchos de ellos de forma grosera, impúdica, escandalosa.

Haber desmantelado esa estructura corrupta es el valor indiscutible, incuestionable, de Mercedes Alaya como jueza, algo, además, que ha logrado haciéndose impermeable a las presiones constantes a las que ha sido sometida, desde el acoso político hasta el personal. Investigar al PSOE en Andalucía, después de 30 años de gobierno, nunca ha sido fácil; no en esta región donde a los policías judiciales que investigaban el 'caso Juan Guerra' llegaron a pincharles los teléfonos desde el Ministerio del Interior para controlarlos. En esa misma audiencia, ante esa misma hegemonía política, Mercedes Alaya ha destapado la podredumbre acumulada durante diez años en torno a los fondos públicos.

De hecho, nadie duda que la pirámide descrita por Alaya ha funcionado tal cual y que todos ellos son actores de la trama de los ERE, cada cual en su grado de implicación; nadie lo niega, pero una cosa es haber tenido alguna vinculación y otra muy distinta es intentar atribuirles a cada uno de ellos una responsabilidad penal. Es en ese punto donde comienza a patinar la instrucción judicial de Mercedes Alaya, a juicio de cada vez más personas en el propio ámbito judicial. Quiere decirse que nadie niega que los desmanes cometidos con los fondos de los ERE no hubieran sido posibles si no existiera un sistema de distribución de fondos opaco, pero, ¿fueron el pillaje y la apropiación indebida el objetivo para el que se creó ese sistema de distribución de fondos opaco? No, claro.

Buscar la orden de la Junta

En este sentido, el principal inconveniente con el que se ha tropezado en su instrucción la juez Alaya ha sido el fracaso en sus pesquisas a la hora de encontrar una orden o un acuerdo concreto del Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar el también llamado 'fondo de reptiles'. La juez ha indagado, con las trabas conocidas por parte del Gobierno andaluz, en innumerables resoluciones del Consejo de Gobierno andaluz durante diez años y no ha encontrado ninguna documentación que le sirva para sustentar una acusación sólida de un fondo creado con premeditación para eludir todos los controles. Ese documento no existe. La Junta de Andalucía, como han defendido en sus declaraciones todos los dirigentes políticos que han pasado ante la jueza, utilizaban un sistema de transferencias de dinero público a través del presupuesto que, por sí mismo, puede ser irregular, pero no presupone los delitos que luego se han conocido. En el Gobierno andaluz defienden, además, que ese mismo sistema de transferencias se utiliza en otras muchas administraciones.

¿En qué consistía? La Intervención general del Estado, en un extenso informe, analizó lo ocurrido y ratificó que durante diez años la Junta de Andalucía utilizó en los presupuestos generales una partida presupuestaria, la 31L, desde la que se transferían anualmente grandes cantidades de dinero a una empresa pública, el Instituto de Fomento de Andalucía o la Agencia Idea, como si fueran partidas destinadas a equilibrar la cuenta de explotación y, sin embargo, se utilizaban para conceder subvenciones. Toda subvención o ayuda que se conceda con fondos públicos tiene que estar sujeta a las normas básicas del procedimiento administrativo para garantizar la transparencia y evitar la arbitrariedad. La Junta, eso está claro por parte de todos los que han analizado el sistema utilizado, ha vulnerado esas reglas, pero eso no quiere decir que los casi mil millones de euros que se han utilizado con ese procedimiento hayan sido robados, que es otra de las mentiras más habituales que se utilizan en el debate político de la trama de los ERE.

La inmensa mayoría de ese dinero se destinó a prejubilaciones de trabajadores de empresas en crisis que sí habían trabajado y cotizado en esas compañías. ¿El sistema era irregular? Si. ¿La selección de empresas fue arbitraria? Si. ¿Todos los que recibieron ese dinero participaron de un robo de las arcas públicas? No. ¿Robaron los dirigentes políticos que aprobaron el fondo de reptiles? No, de hecho por el momento no existe ningún dirigente político acusado de apropiación, más allá de los comisionistas y los intermediarios que cobraban por la gestión de ese fondo. De forma tangencial, aparecía el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, que él mismo se incluyó en un ERE en una bodega para la que había trabajado, pero acabó renunciando a la indemnización. Y sobre otro consejero, José Antonio Viera, también pesan sospechas de haber beneficiado a familiares, pero en este caso por estar aforado en el Supremo, la juez ni siquiera lo ha llamado a declarar.

Tres años de instrucción y la preimputación de Maleni

En la búsqueda de un documento que pudiera conectar todas las preguntas anteriores se han pasado los tres años de instrucción que lleva el caso y, por esa razón, la juez Alaya sólo ha podido referirse en un auto a la "probabilidad cierta" de que en el futuro sea condenada Magdalena Álvarez, consejera de Economía en el Gobierno andaluz al principio de la trama de los ERE.

Si la labor de un juez de instrucción es la de investigar los hechos, reunir las pruebas y documentos encontrados y presentarlos ante un tribunal para que juzgue y sentencie, es normal que la expresión utilizada por Mercedes Alaya, como instructora, haya causado alarma en muchos sectores judiciales y políticos. Porque, según dicen, es como anticipar una condena, forzar una imputación, cuando sólo se tiene la convicción de que la consejera que elaboraba los presupuestos tenía que conocer lo que sucedía. Y aún en el caso de que se pudiera demostrar fehacientemente que la consejera de Economía diseñó y puso en práctica a conciencia un sistema opaco para eludir los controles de fiscalización, lo que parece imposible es poder hacerla responsable del uso torticero de esos fondos; de los desmanes posteriores del director general aficionado a la coca y a las fiestas con prostitutas o del comisionista del que se vanagloriaba su madre de tener dinero "para asar una vaca". Desde la opacidad administrativa al robo de fondos públicos en el caso de los ERE hay una secuencia evidente, pero los dos extremos no se conectan necesariamente en un procedimiento penal.

Primer aviso de la Audiencia

Hace unos meses, en octubre del año pasado, la Audiencia de Sevilla revocó parcialmente la imputación de Magdalena Álvarez al entender que Mercedes Alaya no justificaba suficientemente los delitos que le imputaba a la ex consejera, algo que podría volver a ocurrir. Pero eso ya se verá. Lo interesante de aquel auto, lo que sigue teniendo vigencia, es que la Audiencia le reprochaba amablemente a la jueza Alaya estar dando palos de ciego en la instrucción para buscar responsables políticos. "Con todos los respetos y el reconocimiento que nos merece la esforzada labor", sostenía la Audiencia de Sevilla, su auto de imputación "está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio parlamento andaluz". Es decir, si la juez imputa a la consejera por haber elaborado los presupuestos, ¿por que no imputar a todo el Parlamento por haberlos aprobado? Y añadía a continuación: "La supuesta confabulación o maquinación colectiva [para delinquir con el fondo de reptiles] alcanzaría incluso a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria, en la que están representados más de un partido político, entre ellos aquel al que pertenecen dos acusadores particulares". Hace unos días, Alaya decidido ampliar la investigación al Parlamento andaluz, en esa dinámica antes descrita de imputaciones permanente, exponencial. Pero todo el mundo podrá entender que es, sencillamente, descabellado pensar que la trama de los ERE acabe imputando a los 109 diputados andaluces.

En una trama de corrupción como la que ha destapado Mercedes Alaya con los ERE confluyen responsabilidades penales, civiles y meramente políticas. La pirámide que le falta construir a Mercedes Alaya es, acaso, la que establezca esa diferenciación. Cuando eso ocurra, podrá dar por finalizada la instrucción. A principios de este año, la impresión que se transmitió desde el juzgado de Mercedes Alaya a alguna de las partes, esencialmente la Fiscalía Anticorrupción, era que en marzo, en este mes de marzo, Alaya iba a finalizar la instrucción y remitir la causa al Tribunal Supremo. No ha sido así ni parece que vaya a suceder. Y la única explicación es que la juez Alaya no ha encontrado aún la salida práctica al macroproceso que, con evidente mérito y la ayuda implacable y silenciosa de la Guardia Civil, ha construido en su juzgado.