Alaya, año III con los ERE: rechaza ‘trocear’ el caso y cita a más imputados

Año III de instrucción: ni se cansa, ni trocea y sigue citando a más imputados. El huracán Alaya no cesa. Cuando en septiembre de 2013 preimputó a Manuel Chaves y José Antonio Griñán (ratificada en diciembre) parecía que al fin elevaría el caso ERE al Tribunal Supremo. Pero las últimas actuaciones de la magistrada Mercedes Alaya demuestran todo lo contrario. No sólo seguirá instruyendo el proceso judicial, con más de 130 imputados y una investigación de 200.000 folios, sino que se niega a dividirlo en partes. Para Alaya, se trata de un caso único, como ha explicado en su último auto.

“La causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas”, aclara Alaya, que va más allá en su escrito: “Hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma”, argumenta en su auto de apenas cuatro folios.

Alaya daba respuesta a una petición de la imputada Encarnación Poto Monge, presidenta de Aceitunas y Conservas (ACYCO), que ganó más de 800.000 euros en 8 años gracias a un ERE fraudulento, presentó un recurso para echar balones de fuera de su inculpación al tratarse de una “trama política”. “La señora Poto Monge, lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como ‘trama política’, se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos”.

La juez insiste en que los cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía eran los promotores de “un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años, y en segundo lugar a los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés”.

Llamado a declarar tres años después

Una de las grandes novedades del caso ha sido la llamada a declarar para el 25 de febrero de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo de la Junta, que fue imputado el 20 de enero de 2011 al igual que Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno andaluz. Rivas fue el primer ex alto cargo de la Junta condenado (en octubre de 2012) en la etapa de José Antonio Griñán al frente del Ejecutivo sureño por exigir una comisión ilícita de 300.000 euros en el caso Mercasevilla.

El caso de Rivas era un clamor dentro de la causa. ¿Cómo era posible que Alaya demorara tanto la declaración de un imputado? Fuentes jurídicas próximas al caso resaltan a El Confidencial la “indefensión” del exdelegado. El 2 de abril de 2013, el abogado de Rivas elevó un escrito al Juzgado quejándose de que, tras ser imputado, su cliente llevaba -en esa fecha- 804 días imputado sin que se le hubiera tomado declaración. El 25 de febrero también declararán los peritos encargados del informe de la Intervención General del Estado.

El viernes también fue día de declaración de varios imputados en el caso. Lo hicieron Javier y Pablo Ruiz-Mateos, investigados por su implicación como gestores de Nueva Rumasa en dos ERE en el hotel Cervantes de Torremolinos, donde actuó como conseguidor Juan Lanzas. La Guardia Civil acusó a Lanzas de cobrar 600.000 euros por cada uno de los ERE del grupo Rumasa en Andalucía, en dinero B y billetes de 500 euros.

Un caso “inabordable”

Los claroscuros en su instrucción continúan vigentes. “¿Por qué la juez no ha acotado cada una de las piezas y las ha empaquetado? Lo que ha hecho ha sido justo al revés: esto no parece tener fin; se ha convertido ya en un caso inabordable”, subrayaban fuentes próximas al caso a El Confidencial ya el pasado mes de julio. Aparte está cómo el calendario de los autos de Alaya beneficiaba al PP en medio de las cinco mentiras cotidianas de la trama, como publicó Javier Caraballo.

Una instrucción que se amplia sobre todo si se recuerda que el periodo de investigación de la ayudas sociolaborales estaba limitado a diez años (2000-2010) y ahora también se analiza 2009. También porque Alaya ha decidido radiografiar las cuentas de otras consejerías y no sólo Economía y Hacienda más Empleo. “Hasta ahora tan sólo se ha instruido un 20% de las ayudas concedidas”, acotó Luis García Navarro, abogado del PP-A, en declaraciones a El Mundo de Andalucía.

Olvidada ya su enfermedad que le retiró medio año del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la magistrada sigue incapaz de abreviar la instrucción. También continúa sin imputar a José Antonio Viera, exconsejero de Trabajo, y uno de los cerebros de la trama de los ERE. Sin duda una patata caliente desde que se reincorporó a su trabajo en marzo de 2013, aunque menor que la de Chaves y Griñán, preimputados y pendientes de la instrucción de la juez de porcelana, como la tildó el novelista Antonio Soler.